El editorial de hoy de El Tiempo critica una sentencia del Consejo de Estado sobre un tema de salud y retoma los argumentos del artículo que abrió la primera página de ese diario el jueves pasado. Esa posición del principal diario del país ha causado sorpresa entre los consejeros de Estado, pues la sentencia beneficia a los pacientes y El Tiempo, que tiene un cubrimiento muy juicioso en asuntos de salud, suele ponerse del lado de éstos.

El editorial no está firmado, como es la práctica de El Tiempo. En cambio el artículo sí lo está: fue escrito por Carlos Francisco Fernández, uno de los súper poderosos de la salud, y por Andrea Linares, quienes también abrieron la edición de hoy con una nota sobre el dengue.

Fernández, como contó La Silla, es el presidente de la junta directiva del gremio sombrilla de los médicos especialistas, es asesor médico y columnista de El Tiempo (en parte a través de su alter ego Esther Balac, que es una mujer que escribe de sexualidad) y aparece en el programa matutino de City TV, Arriba Bogotá. También ha sonado varias veces para ser ministro de Salud y es cercano al presidente del gremio de las clínicas y hospitales, Juan Carlos Giraldo.

Precisamente las clínicas y hospitales son los principales damnificados por la decisión del Consejo de Estado, que es de hace más de dos meses. La Alta Corte definió que cuando una persona resulta infectada en un hospital y esa infección le causa un daño, el hospital debe indemnizarlo por ello, sin importar si hizo todo lo que podía para evitarla o no. 

Aunque la decisión ha sido bienvenida por los pacientes, como cuenta El Tiempo, es natural que no haya sido recibida positivamente por clínicas y hospitales, quienes tendrán que incurrir en costos para luchar contra esas enfermedades.

Pero la nota confunde en algunos puntos. Por ejemplo, El Tiempo tituló “Fallo ordena eliminar riesgo de infecciones en hospitales”, aunque lo cierto es que la sentencia no ordena eliminarlos.

También dice que “el alto tribunal modifica una de las bases del derecho (nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario)”, pero no menciona que esa es una regla general que tiene muchas excepciones en el llamado régimen de responsabilidad objetiva, que incluye desde accidentes de trabajo hasta la de los dueños de los animales peligrosos, pasando por la contaminación al medio ambiente.

El editorial de hoy también incluye una critica equivocada, cuando dice que “dictamina que todas las infecciones que se producen dentro de estas instituciones son prevenibles y controlables”. La sentencia afirma lo contrario: “Las infecciones intrahospitalarias (...) pueden llegar a ser irresistibles”, pero sí afirma que se pueden prever y manejar.

En cualquier caso, en medio del gran debate sobre la reforma a la salud, en el Consejo de Estado les parece llamativo que El Tiempo se haya centrado en criticar una sentencia cuyo efecto es incentivar una mejora en la prevención en la salud.

Así anunciaban los afiches el primer congreso nacional de la UP, en 1985. Hoy se instalará el quinto.

Todos los 11 de octubre desde 1987 alguien en el país, en una marcha o de manera solitaria, revive el viejo cántico setentero español adaptado a la protesta argentina, primero, y colombiana después: “Yo te daré, te daré patria hermosa, te daré una rosa, esa rosa se llama UP”. Ese día, domingo por la tarde, mientras conducía por carretera en compañía de su familia, fue asesinado Jaime Pardo Leal, candidato presidencial y máxima figura de la Unión Patriótica. Por eso desde entonces, y de manera ininterrumpida, sus seguidores (cada vez menos) se han manifestado cada año para recordarlo a él y a los más de tres mil militantes de ese partido que fueron exterminados en uno de los capítulos más negros de la historia política reciente de Colombia.

Las manifestaciones de este año tuvieron un sabor distinto. La rosa, que se marchitó en 2002 cuando el Consejo Nacional Electoral le retiró la personería jurídica por no alcanzar los 50 mil votos que exigían las normas, resucitó en julio gracias a un fallo del Consejo de Estado que reconoció que si la UP no obtuvo esos apoyos fue porque físicamente no tenía candidatos que los buscaran. Casi todos estaban muertos o desaparecidos. Por eso el pasado 11 de octubre hubo los reclamos al Estado y la serenata a los ausentes de siempre, pero también sus dirigentes reivindicaron su intención de seguir haciendo política y llegar al poder.

El primer paso hacia ello lo darán este fin de semana con un congreso nacional que será instalado esta tarde en la Universidad Pedagógica de Bogotá, luego de una movilización por la carrera Séptima.

La paradoja de la colectividad que es hija de los acuerdos fallidos de paz de La Uribe entre el Gobierno y las Farc, es que el triunfo jurídico que le devolvió la vida la dejó frente a un reto casi imposible de cumplir como están las cosas: sacar en las elecciones de marzo al menos unos 450 mil votos (que serían el 3 por ciento de los votos válidos, norma que aplica a partir de estos comicios) para poder mantener su personería.

“A la UP le devolvieron la personería y le dijeron, al tiempo, consiga casi medio millón de votos para mantenerla cuando en el pasado ni siquiera tuvimos cómo alcanzar 50 mil”, le dijo uno de los dirigentes de ese partido a La Silla.

Hoy editoriales y notas de prensa celebran el regreso de la UP “como el ave Fénix”. Si nada cambia -sobre todo teniendo en cuenta que desde La Habana las Farc hablan ya de un nuevo movimiento político que saldrá de los diálogos de paz y que, en cualquier caso, parecería que esos acuerdos no estarán listos de aquí a marzo-, la resurrección de esta rosa no será más que flor de un día.

El punto central del congreso nacional de la UP que se instalará esta tarde, como es apenas lógico, será el apoyo al proceso de paz de La Habana. Sus líderes esperan reunir en estos dos días a unas mil personas para que aplaudan la salida negociada al conflicto colombiano y demuestren que el partido sigue teniendo una militancia.

Bernardo Jaramillo, el segundo candidato presidencial de la UP. Asesinado.

Jaime Pardo Leal y al frente Belisario Betancur.

Clara López, quien fue candidata de la UP a la Alcaldía de Bogotá, en un acto público con Bernardo Jaramillo. 

Mil personas invitadas de organizaciones campesinas, sindicales, juveniles y comunitarias provenientes del Magdalena Medio, Caquetá, Cauca, Valle, el Urabá, el Catatumbo, y otras zonas que en el pasado fueron fortines políticos del partido que nació en el 85 y en el 86 tuvo su mejor momento electoral: sacó 14 congresistas, 27 alcaldes, 361 concejales y las más alta votación hasta el momento para un candidato presidencial de izquierda: 328 mil apoyos para Jaime Pardo Leal.

Si llegan, estos militantes estarán acompañados de artistas e intelectuales que también fueron invitados y de nueve delegaciones internacionales que ya arribaron al país, incluyendo las de tres partidos de gobierno: el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Partido Comunista Cubano. Y serán saludados por el Polo Democrático, por Piedad Córdoba, por Iván Cepeda.

Esas serán las formalidades. Pasadas éstas, los líderes de la UP tomarán el micrófono para plantear al Gobierno la paradoja que los tiene en aprietos y pedirán respeto a la personería jurídica que les acaban de devolver. Advertirán que, al igual que en 2002, están en condiciones de desigualdad frente al resto de partidos y que por eso no es aceptable que les exijan ya no 50 mil votos sino el 3 por ciento del umbral. Un asunto que ya le plantearon en privado el pasado jueves al ministro del Interior, Aurelio Iragorri.

Se lo contó a La Silla Aída Avella, la icónica exconcejal de la UP que llevaba 17 años en el exilio y regresó a Colombia para asistir a este congreso nacional: “Tuvimos una reunión privada con el Ministro y le dijimos que ese nuevo umbral es un regreso al Frente Nacional, que va a acabar con los partidos pequeños, y que por eso no basta con que nos hayan devuelto la personería jurídica”.

En esa reunión, prosigue Avella, se habló de la posibilidad de que la exigencia en estas elecciones para la UP sean los 50 mil votos de la norma vieja o incluso que no haya ningún requerimiento por ahora en número de votos. Iragorri, aseguró la exconcejal, se comprometió a hacer unas consultas al respecto.

En su evento la UP hablará también de sus condiciones de seguridad (por ahora la mayoría de sus líderes cuenta con esquemas de protección), de los recursos para funcionar que debe darle el Consejo Nacional Electoral, de la necesidad de acceder a los medios de comunicación, de una necesidad más grande: una campaña para no seguir siendo estigmatizados como el brazo político de la guerrilla y de una exigencia que no es nueva: que el Estado le devuelva a la colectividad las curules que conquistó y que no pudo disfrutar porque sus dueños fueron asesinados.

Convocarán a una gran alianza de la izquierda. Llamarán al Polo, a los progresistas, a la minga indígena, al Congreso de los Pueblos, a la Marcha Patriótica y hasta a los verdes, los liberales y los conservadores descontentos para que se sienten a conversar sobre candidaturas al Congreso y a la Presidencia. Candidaturas para las que ellos aún no tienen figuras claras. Solo hay rumores. Por ejemplo, se rumora que el exministro Álvaro Leyva podría ser candidato a la Presidencia por la UP.

La Silla lo sabe porque conversó con seis de los máximos dirigentes de la UP. Ellos no lo dicen así, pero con todos esos planteamientos demostrarán que, aunque apoyen 100 por ciento el proceso de paz, no quieren que su proyecto político dependa de lo que pase en La Habana. Máxime teniendo en cuenta que las Farc no están pensando en la sombrilla de su personería jurídica para hacer política, sino que ya han hablado de un nuevo movimiento político.

Así hizo política sin armas Jaime Pardo Leal. 

La UP tuvo su mejor momento electoral en 1986.

La UP medirá cómo está su militancia este fin de semana.

“Las Farc son las Farc y la UP es la UP”, dijo al respecto el presidente del partido Ómer Calderón.

“Las Farc fueron las primeras que tomaron la decisión de irse de la UP en el 87, cuando Iván Márquez era congresista, porque consideraron que no habían condiciones para estar en la política”, agregó por aparte Felipe Santos, el secretario de la colectividad.

Pero la otra paradoja, y esto lo reconocen algunos de los dirigentes con los que hablamos, es que a pesar de lo positiva que pueda ser la resurrección (así sea momentánea) de un partido que nació fruto de un acercamiento de paz, y al que sistemáticamente le asesinaron la mayoría de sus miembros, es poco probable que una eventual gran alianza de la izquierda y del centro los incluya a ellos porque pocos partidos los querrían a su lado en una foto. No sólo porque aparentemente no tengan votos sino porque los que están planteando convergencias ni siquiera los han mencionado públicamente entre sus opciones. Antes, la personería de la UP le hubiera servido por ejemplo a los progresistas, pero estos ya se unieron con los verdes y no necesitan ese escampadero. Eso además de que en varias colectividades siguen viendo a la UP bajo la sombra de las Farc.

El presidente de la UP nos contó que con ellos, con los progresistas, ha habido “acercamientos”. En concreto, Calderón dice que se ha reunido con el exsecretario de Gobierno de Bogotá Guillermo Asprilla para hablar de una posible alianza. Pero ahí mismo reconoce que el inconveniente sería el exalcalde verde Enrique Peñalosa, con quien ya los progresistas se unieron para formar la Alianza Verde. “Peñalosa ahí es un alto riesgo porque, todos saben, él ha expresado una afinidad alta con el uribismo. Es una situación complicada”, afirmó Calderón.

Rodolfo Ríos, Víctor Manuel Matiz y Nixon Padilla, del comité ejecutivo de la UP. Foto: Juan Pablo Pino

El 16 del mes que viene, la demanda que puso la UP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) buscando justicia, reparación, verdad y el reconocimiento de su exterminio como un genocidio, cumplirá 20 años. Veinte años del expediente que documenta los casos de más de tres mil muertos y 100 masacres, ocurridas por mano de paramilitares con la ayuda de algunos políticos (como el recién condenado por la masacre de Segovia, César Pérez) y algunos miembros de las Fuerzas Militares, que los consideraban el brazo político de las Farc.

Felipe Santos es el secretario general del partido. Foto: Juan Pablo Pino

Hablar con varios dirigentes de la UP -todos mayores en edad, pero también todos con un brío más propio de la juventud- basta para concluir que, más allá del tema de la personería, en el futuro de ese proceso tienen todas sus esperanzas de desagravio puestas.

De hecho, a hacerle fuerza a esa demanda ante la CIDH fue a lo que se dedicaron varios de esos dirigentes (como Nixon Padilla, Víctor Manuel Matiz y Felipe Santos, del comité ejecutivo del partido) desde 2002, año en el que desaparecieron del panorama político.

Con el Partido Comunista y la ONG Reiniciar apoyándolos, organizaron a las familias de las víctimas y se dedicaron a esperar. Y un poco a vivir de la nostalgia.  

Ahora, con lo de la personería y el fallo de la masacre de Segovia como motivos, hacen labor de reconstrucción organizando este 5° congreso nacional de la UP cuyo antecedente más inmediato se realizó en 1999, hace 14 años.

En la memoria, todavía el 1° congreso. El de noviembre de 1985. Cuando ya empezaban a contar muertos y desaparecidos: entre ellos Marco Raúl Castro, quien había abandonado las armas en las Farc para hacer política, y Pablo Caicedo, un profesor caleño, cuyos cuerpos no han sido encontrados.

Ese fue el pasado, aunque no haya que olvidarlo. Habrá que ver si la UP, con todo y sus paradojas, logra escribir una nueva historia para su futuro y el del país. El evento que comienza hoy dará algunos indicios.

La campaña presidencial parece haberse polarizado desde la entrada entre los partidarios de avanzar en el proceso de paz con las Farc y quienes preferirían acabarlo. No hay otra opción: ese es el tema que más divide a los colombianos, aún si –como parece- no necesariamente es el que más les importa.

Las encuestas muestran que los ciudadanos están más atentos a otros temas, especialmente relacionados con los ingresos económicos y con la educación. De hecho el estudio de Euromonitor divulgado por el periódico El Tiempo muestra que, a diferencia de otros países, en Colombia, la educación es la principal preocupación de la clase media.

La “ola verde” hace cuatro años basó su propuesta, además de en la cultura de la legalidad, en la educación. El slogan de : “con la educación todo se puede” fue un dinamizador importantísimo de ese fenómeno de entonces. El Gobernador de Antioquia Sergio Fajardo, que goza de una amplia popularidad nacional, centra su discurso en “Antioquia la más educada”.

Óscar Iván Zuluaga, el candidato del uribismo, hizo énfasis en este tema y, sin embargo, lo que retumbó fue la afirmación de que terminaría el proceso de La Habana apenas pueda, incluso amenazando con que debería hacerse desde ya y sin esperar siquiera a ser elegido Presidente. Las propuestas de educación de Zuluaga son repetitivas y se concentran en un segmento que no es el que más preocupa: la educación básica.

No, las preocupaciones están en la educación superior y ahí el presidente Juan Manuel Santos y los partidos de la Unidad Nacional, o la Fundación Buen Gobierno, cuando termine de elaborar las listas de Cambio Radical, podrán hacer propuestas diferenciadoras.

A pesar de todo, ahí no estará la controversia. Todas las propuestas serán buenas, algunas mejores que otras, pero parecidas. La diferencia está entre si persistimos en terminar el conflicto armado negociando o lo hacemos a bala.

Antonio Navarro y otros líderes políticos de la izquierda habían venido promoviendo una “tercería”, cuyo principal motor era la expectativa de que el candidato de Uribe fuese Francisco Santos, primo hermano del Presidente, con lo que una campaña para meterse por el medio resultaba obvia. El expresidente bajó a “Pacho” de la candidatura y apagó la idea de la tercería.

En las últimas semanas ha habido señales de que esos sectores políticos pueden terminar en la práctica apoyando a Santos. Ya Claudia López pidió que se concentraran en recuperar el Congreso y varios de los destinatarios de su comunicación contestaron positivamente.

El ex alcalde Antanas Mockus dijo estar dispuesto a ir al Senado y a promover una lista, escogida a dedo por él, de entre aquellos que él considere buenos, con lo que la idea nació muerta porque los directivos de la Alianza Verde no se someterán al rasero de su ex candidato presidencial. Pero eso no es lo importante, habrá una lista de ese sector y seguramente será una buena lista.

Lo verdaderamente importante es que la propuesta de López deja a Santos –para efectos de la campaña presidencial- como único abanderado de la paz, que es un título difícil de disputarle dada su decisión de haber iniciado el Proceso y de haber persistido en él a pesar de la oposición y del costo político que le ha significado. Como la propia Claudia lo reconoce, a pesar de sus conocidas diferencias con el gobierno, nadie mejor que Santos para terminar el proceso de La Habana y avanzar en su implementación.

El senador Luis Carlos Avellaneda, vocero de la Alianza Verde, también dijo que eventualmente habría que considerar el escenario de apoyar a Santos para asegurar el proceso de paz. Otras voces ha habido en el mismo sentido, incluso la del propio Mockus, quien –además- le pidió al precandidato presidencial de su sector, John Sudarsky, retirar su precandidatura presidencial y volver al Senado.

Y, ¿el Polo? Pues ahí persiste sin muchas expectativas la candidatura de Clara López, que no registra bien en las encuestas y no parece tener la fuerza suficiente para disputar de verdad la elección presidencial. Es probable que llegue a la primera vuelta y, en función de los avances del proceso de Paz, termine –en un hecho sin antecedentes- sumándose en una segunda vuelta, a la candidatura por la reelección del Presidente Juan Manuel Santos.

En esa perspectiva la pelea que el Gobierno le caza al senador Jorge Robledo es un grave error estratégico en el mediano plazo. Santos y sus ministros dirán que es Robledo el que los agrede, tratando de cuestionar sus condiciones morales y éticas y que ellos solamente reaccionan.

Eso puede ser cierto, pero en la práctica lo que significa es que Santos cae en la trampa que tiende cualquier senador en oposición que es desconcentrar y hacer caer en equivocaciones al contradictor.

Pero más allá de las peleas coyunturales, el Presidente debería tener claro que tanto en la elección presidencial, como en un eventual segundo gobierno lo que se va a imponer es una especie de Alianza Pro-paz que se enfrente al uribismo, cuya popularidad no se puede negar, ni ocultar.

Si, como todo indica, Álvaro Uribe obtiene más de 20 escaños en el Senado, la tentación de sectores de la derecha del Partido Conservador y de la U de sumarse a él será grande y Santos debería tener allanado el camino para acercarse con la izquierda, que según las encuestas va a representar aproximadamente un 15 por ciento del electorado. Los senadores del Polo pueden resultar definitivos para sellar o no una coalición mayoritaria en el próximo Congreso.

El Presidente debería tener claro que la competencia es con Uribe, no con Robledo, quien tendrá que llegar a esa nueva Unidad Nacional que tendrá que integrar si se reelige.

Cuando hace unos días publicamos una historia contando los resultados de un sondeo realizado por Cifras&Conceptos a dos mil líderes de opinión en los que La Silla aparecía como tercer medio más consultado de Internet en Bogotá y de cuarto en el país, a unos puntos de El Espectador.com y al mismo nivel de Semana.com, nuestro usuario FF dijo que qué “oso la autopropaganda”. Y en cierta forma tenía razón.

Cuando salieron los resultados del Panel de Opinión debatimos con el equipo de La Silla cómo manejar esa información. El equipo estaba dividido: algunos pensaban que deberíamos contarlo en una nota pequeña de 'Querido Diario' pues era importante que los usuarios, los anunciantes y las ONG internacionales que financian nuestros proyectos se enteraran.

Los otros pensaban que era mejor rescatar todo el fenómeno de los nuevos medios digitales para que no fuera una autonoticia. Éramos conscientes de que el autobombo de los medios es desagradable. Optamos por esa vía pero igual –como lo anotó FF- se notaron las ganas de contar que nos había ido muy bien. Sobre todo estábamos muy orgullosos de que fuera de Bogotá ya estuviéramos también entre los medios más consultados. El año pasado nos habíamos propuesto como meta llegar a las regiones y este resultado confirmaba que el esfuerzo había valido la pena.

Esta semana tuvimos otra buena noticia, que también queremos compartir con nuestros usuarios. La Silla fue el medio latinoamericano con más trabajos escogidos en la Selección Oficial del Premio Gabriel García Márquez de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (Fnpi). Todos los periodistas de La Silla (salvo yo) fueron escogidos entre los diez mejores trabajos en sus categorías.

La serie sobre el cambio del esquema de las basuras en Bogotá, escrita por Laura Ardila, está entre los diez mejores trabajos en cobertura noticiosa. El artículo de Juan Esteban Lewin “Las fichas para la reelección del Procurador” y el Proyecto Rosa, a cargo de Olga Lucía Lozano con Andrés Bermúdez Liévano, están entre los diez mejores en innovación. Todos estos proyectos, sobre todo el del Procurador y el Proyecto Rosa, son el resultado, además, de un esfuerzo de mucha gente, incluidos la diseñadora, el programador y los practicantes que han pasado por La Silla y que han ayudado a levantar datos. También son el resultado, estos dos últimos, del aporte de los Súper Amigos, ya que parte del dinero que aportaron el año pasado se fue a financiar la elaboración de bases de datos como la del Procurador y parte del proyecto Rosa.

Este miércoles se conocerán los ganadores pero para La Silla, tener tres nominados ya es un honor.

Y hace dos semanas, un usuario de La Silla, Eduardo Briceño, se ganó la Beca del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar al periodismo joven en la categoría de internet por su historia "Los Hijos de Orión". El equipo de La Silla se abstuvo de participar en este premio porque yo era jurado pero el usuario mandó su historia y el jurado (en contra mío) escogió su trabajo como un claro ejemplo del periodismo que comienza a producir la audiencia.

Cuando creamos La Silla, la gran duda que teníamos era si habría un público para el tipo de historias en profundidad que queríamos hacer. Ha sido una feliz sorpresa encontrarnos con todos ustedes.

Por eso, estas buenas noticias también son de nuestros usuarios.

P.S. Por fin está al aire la aplicación de La Silla para móviles y Ipad, financiada con los aportes de los Súper Amigos el año pasado. Esta semana estaremos haciendo todas las pruebas para ajustar errores. Por eso, agradecemos si bajan la aplicación del App Store de Apple y nos reportan cualquier cosa que no funcione a editor@lasillavacia.com. Después de esta semana de pruebas al aire, lanzaremos la aplicación oficialmente.

Este viernes el Ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde reveló una grabación de una conversación del senador Jorge Robledo con sindicalistas de Cerromatoso y lo acusó de tener “una moral relativa y peligrosa que puede llevar a espacios de violencia”. El episodio muestra que la pelea entre ambos viene en un crescendo que está generando titulares, justo en momentos en que el Gobierno se prepara para presentar un proyecto de ley clave sobre los baldíos, un asunto que está en el centro de la agenda de oposición de Robledo.

La estrategia de Lizarralde contrasta con la que ha elegido un compañero suyo en el gabinete. El Ministro de Salud Alejandro Gaviria, que ha estado en la mira de Robledo durante todo el año por cuenta de la reforma a la salud, ha optado por hacerle el quite a la pelea personal y más bien llevarla a las ideas. El resultado es que las peleas de los dos nunca han llegado a la primera página de ningún periódico, así también hayan cruzado acusaciones de grueso calibre.

Así se han diferenciado las dos peleas y las estrategias, tanto de Robledo como de los ministros.

La dignidad de las mujeres es pisoteada todos los días por los hombres. Ellas son agredidas, torturadas violadas o asesinadas por los hombres, incluso aquellos que les prometieron amor eterno. La semana pasada fue particularmente reveladora de este hecho. La masacre de una familia en Bosa y la presunta violación de una joven de diecinueve años, junto con las posteriores declaraciones sexistas del dueño del establecimiento donde ocurrieron los hechos, nos recordaron uno de nuestros mayores fracasos como sociedad: la violencia contra la mujer.

El machete

Familiares llegan a lugar de la tragedia. Foto Juan Diego Quiroga, El Tiempo

El domingo 10 de noviembre pasado, Jenny Losada Rodríguez regresó a las 12:30 de la noche a su casa del barrio San Diego de Bosa. Su esposo la esperaba iracundo y entonces comenzó la tragedia. A las 4:09 de la mañana, una vecina llamó al 123 para reportar el caso. A las 5:37 am, llegó el primer policía quien no pudo entrar. A las 6:06 am, llegó un segundo policía quien pidió ayuda a los bomberos. Sólo hasta las 6:56 de la mañana, las autoridades entraron a la casa y encontraron el saldo de la masacre. Según el Secretario de Integración Social, la primera llamada al 123 reportó que ʻʼ“¡había un hombre con un machete golpeando a unos niños!” En la segunda llamada, alguien comunica a la Policía sobre una riña familiar. A esto la Policía responde: “no podemos entrar porque no tenemos una orden de allanamiento”. Pasaron cinco horas fatídicas y la Policía no entró a la casa, pese a que sabía que la señora había sido maltratada en otras ocasionesʻʼ. (ver entrevista completa)

Hernando Hernández Patiño mató a su esposa, a sus hijos Duván Mateo y Brayan de nueve y siete años respectivamente, a la sobrina de su esposa de veintidós años y dejó gravemente herido a su hijo Sebastián. La Policía no detuvó la masacre a pesar de que podía ingresar a la casa sin orden judicial debido a que era un caso de flagrancia. Los clamores de los niños no fueron escuchados. La Comisaría de Familia nunca atendió las súplicas de Jenny. Sin duda el Estado también es responsable de esta masacre.

La tragedia fue anunciada. Jenny había denunciado diez veces a su esposo y quería separarse definitivamente de él. Vivían en el mismo techo, seguramente por razones económicas. Algunos familiares e información de prensa dicen que Hernando mató a casi toda su familia porque tenía celos.

El instrumento del crimen revela la estructura de poder: un machete, diminutivo de macho,  proveniente del latín masculus (varón). Un hombre con un machete quien mató a su mujer y sus hijos es la expresión suprema del sexismo hecho acto.

La minifalda

Manifestante en plantón contra Andrés Carnes de Res. Foto El Tiempo.

Una semana antes, una joven de diecinueve años fue dejada por su padre en Andrés Carne de Res junto con una amigas. Esa madrugada fue encontrada inconsciente en el parqueadero del lugar. Aseguró que fue violada por un hombre con el que estaba departiendo. Posteriormente, interpuso la denuncia con el apoyo de su familia. Las versiones de las autoridades son confusas, aún hoy.

El martes en la mañana, el dueño del lugar donde ocurrieron los hechos habló por los medios de comunicación para defender su negocio. Para ello recurrió a dos estrategias: minimizar el hecho y desacreditar a la víctima. Sus declaraciones fueron inhumanas, propias de un mercader de diversión que poco le interesa la condición humana. El éxtasis de su sexismo llegó en el momento que dijo: “una niña que llega (al establecimiento) con un sobretodo y debajo una minifalda, ¿a qué está jugando?, y después para exculpar pecados diga que la violaron” (escuchar grabación completa).

No sólo dijo esto. Con sus declaraciones reveló elementos de una investigación criminal, opinó sobre asuntos propios de la intimidad de la víctima y presentó una versión sobre los hechos tratando de mostrar el acto como sexo consentido, lo cual afecta la dignidad de la víctima y de su familia.

Ante las reacciones de la sociedad civil y las redes sociales, Andrés Jaramillo se disculpó y pagó un aviso en la primera página de El Tiempo para decir que “no tengo sino admiración y gratitud por la mini y sus portadoras”. Para el señor Jaramillo lo importante del debate fue que no debió ofender la minifalda. Además, llamó a las mujeres “portadoras” de minifalda, lo cual deja claro que para él las mujeres son maniquíes que portan una prenda de vestir para que el macho cabrío las disfrute.

Como por si fuera poco, la disculpa lo tiene como el centro del universo, señor de su pequeño imperio de restaurantes para entretener a la arribista élite bogotana. En el comunicado de prensa, nunca habló de la víctima, nunca se disculpó con ella ni con su familia. Tampoco aclaró cómo la seguridad del establecimiento no intervino en el hecho, aún cuando tanto las cámaras como los vigilantes se percataron del hecho.

El señor Andrés Jaramillo no tiene respeto por las mujeres y sus declaraciones son la versión más desarrollada y clara del sexismo sibarita: las mujeres son objetos de placer y no sujetos de derechos. Ellas están hechas para satisfacer los deseos de los hombres poderosos. Por ello, la protesta de hoy es una reacción democrática y más que afortunada que dejó claro al señor Andrés Jaramillo que no es un macho todopoderoso. Se siente un gran orgullo ver a la ciudadanía exigiendo respeto y poniendo en su lugar a un sexista (ver fotos y videos de la protesta en el evento de Facebook: Plantón en minifalda y/o sobretodo, más fotos aquí).

Para hacer todo aún más paradójico, estos dos hechos se discutieron después del fin de semana donde conmemoramos la heroica independencia de Cartagena con un evento dónde las mujeres son tratadas como carne de res.

* * *

A las mujeres se les difama, humilla y desprecia usando el conocimiento, el machete o la palabra. En todas las clases sociales las mujeres están subordinadas, aunque a las mujeres pobres siempre les va mucho peor. 

El próximo 25 de noviembre es el Día de la No Violencia contra las Mujeres y seguramente será una buena oportunidad para reflexionar sobre nuestras tareas para combatirla. Por ahora se me ocurren dos cosas inmediatas: la primera, tomar medidas urgentes para que las comisarías de familia y la Policía sean más eficientes frente a las denuncias y llamados de auxilio. La segunda, no ir a Andrés Carne de Res porque su arrogante dueño justifica la violación por la radio y eso no tiene perdón ni agencia de publicidad que lo borre.

Punto aparte: no me extraña que Felipe Zuleta, el mismo que matoneaba a una compañera de trabajo (ver sexismo en Blu Radio), hubiera escrito un publirreportaje para apoyar a Andrés Carne de Res (ver columna “¿Lección aprendida?” de F. Zuleta).  

Nota de edición: En la versión inicial de este blog indiqué que la presunta víctima de violación había denunciado "al día siguiente", lo cambié por "posteriormente" porque no tengo información oficial sobre la fecha exacta de la denuncia. 

El sábado pasado empezó a regir la primera parte de la Ley de Garantías. Pero antes de que eso pasara el Ministro del Interior, Aurelio Iragorri Valencia, alcanzó a firmar convenios con casi 230 alcaldías para financiar la construcción de centros de integración ciudadana, unos escenarios multipropósito que se van a construir justo durante el período electoral. Era una "mermelada" muy apetecida, pero a los liberales les tocó poca.

Eso ocurre menos de dos meses después de que los liberales perdieran la cartera de Interior, que tenían con Fernando Carrillo. Hoy La U tiene el ministerio y el viceministerio de relaciones políticas (que siempre fue de ese partido en cabeza del mismo Iragorri, de Juan Camilo Restrepo y ahora de Carlos Eduardo Géchem) y los conservadores perdieron el otro viceministerio que tenían con Aníbal Fernández de Soto y que ahora ocupa Natalia Gutiérrez.

Entre los municipios que firmaron convenios con Fonsecon, según la información oficial encontrada en www.contratos.gov.co y en la página web del Ministerio, a Cambio Radical le va muy bien, a La U y los conservadores no les va mal, y en cambio los liberales se quedaron con pocos convenios.

En efecto, casi el 26 por ciento de los alcaldes de Cambio va a recibir plata, al igual que casi el 24 de La U y el 21 de los azules. En cambio, sólo un poco más del 15 por ciento de los liberales ejecutarán estas obras durante la campaña.

Les va tan mal a los rojos que ese porcentaje es más alto en partidos que no son de la Unidad Nacional como Aico (19 por ciento de sus alcaldes recibieron convenios) o la ASI (16 por ciento).

Los departamentos

En la distribución regional de los convenios también hay grandes diferencias. Más de la mitad de los alcaldes de Putumayo tendrán obras para ejecutar, frente a ninguno en departamentos como el Meta o Quindío.

Aunque no pudimos hacer el cálculo por montos recibidos porque la información en la página de contratos no está completa, como los proyectos se entregaron por municipio sí se puede ver los alcaldes de qué departamentos lograron más convenios.

Así les va a los departamentos:

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La entrega de estos convenios se hizo en la semana previa a que entrara en vigor la Ley de Garantías, que le prohíbe a alcaldes, gobernadores, secretarios y directores de entidades regionales y locales (no nacionales) contratar nuevo personal y hacer convenios interadministrativos.

El viernes 8, el último día en que se podían firmar, llegaron al Ministerio unos 300 alcaldes a tratar de que sus proyectos quedaran aprobados. Como la convocatoria fue muy corta, de menos de un mes, se generaron muchas expectativas y por eso decenas de alcaldes se quedaron viendo un chispero después de una fuerte pelea en el Ministerio. 

Al final el Ministro de Interior, Aurelio Iragorri, le ofreció una disculpa a los alcaldes que se quedaron con el proyecto listo y sin convenio, además de que anunció que en enero el Ministerio va a licitar directamente (sin darle plata a los alcaldes) la construcción de los que faltaron.

En todo caso, el trancón y la pelea muestran que los convenios para construir los centros de integración ciudadana no son cualquier cosa.

Como cualquier obra cofinanciada entre la Nación y los municipios, estos escenarios con tarima, tribunas y baños pensados para conciertos, festivales y reinados sirven para que los alcaldes muestren resultados (como el de Chaparral, Tolima) y para que lo haga también el gobierno nacional. Pero en este caso hay otros elementos que llaman la atención y explican el afán para firmar estos convenios.

Uno es que el vehículo para los convenios es el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, un fondo que maneja el Ministerio del Interior y que se alimenta de una contribución que pagan las obras públicas y las concesiones. El Ministerio crea convocatorias para proyectos de los municipios en asuntos determinados y decide a quién se financia y a quién no, una discrecionalidad que le da mucho poder frente a los alcaldes.

Ese poder ya ha sido utilizado. En 2009, La Silla mostró que el entonces ministro Fabio Valencia Cossio lo usó para favorecer a algunos congresistas que habían impulsado el referendo reeleccionista mediante convenios para construir palacios municipales. Aunque eso no quiere decir que todos los proyectos que aprueba Fonsecon tengan el objetivo de "alinear" alcaldes dandoles plata para hacer obras, sí demuestra que su estructura lo hace fácilmente utilizable para ese tipo de manipulación política.

Iragorri dijo a La Silla que desembolsarle el dinero a los alcaldes para que ellos contraten y ejecuten es una apuesta por la descentralización. "En cualquier caso, si llega a haber problemas, definimos que no se desembolsa todo el dinero de entrada sino en cuatro momentos, y así mantenemos control," explicó.

El segundo punto que llama la atención es la premura. El programa de los centros de integración y convivencia se creó hace poco. El 2 de octubre los funcionarios del Ministerio que conforman el Comité Evaluador del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana decidieron eliminar el requisito de que los municipios pusieran plata para hacer obras. De hecho, todo el programa se montó en poco más de un mes, con lo que el Ministerio le facilitó a los alcaldes el acceso a estos proyectos justo a tiempo para alcanzar a firmar los convenios antes de la Ley de Garantías.

El Ministro de Interior, Aurelio Iragorri, es la cabeza del proyecto de acelerar la construcción de escenarios en los municipios. "Es una apuesta por la descentralización", dijo.

El presidente Santos está a días de anunciar su decisión de ir por la reelección. Foto: Juan Pablo Pino

El Ministro Iragorri le explicó a La Silla que esa velocidad se debió, sencillamente, a que el proyecto lo ideó él cuando llegó al Ministerio, a medidados de septiembre, y encontró que el gasto en seguridad se iba casi todo a comprar patrullas y motos para la Policía, y nada para programas de convivencia. 

De ahí se ideó el proyecto para crear infraestructuras para la convivencia (su idea es que los centros sirven para que haya lugares de encuentro y esparcimiento), pero también de ahí el poco tiempo y el afán.

En cualquier caso, hay un tercer elemento que hace atractivos los convenios desde el punto de vista de la reelección: su ejecución se hará justo en temporada electoral. Algunos municipios recibirán 683 y otros 1.027 millones de pesos en varios desembolsos, y su compromiso es arrancar a hacer el proceso de contratación y luego a vigilar que se ejecute la obra, que debe estar lista a más tardar el 30 de junio.

Eso quiere decir que los escenarios estarán en plena construcción durante la época electoral, cuando más pueden beneficiar a los congresistas amigos de los alcaldes, pues aún sin pensar en eventuales actos de corrupción, tendrán obras para mostrar.

Al respecto, Iragorri explicó que como habrá Ley de Garantías, los alcaldes tendrán que entregar las obras en licitaciones públicas y que los proyectos están estructurados de tal manera que los municipios solo podían elegir entre dos tipos de centros ya definidos por Fonsecon, lo que reduce las opciones para inflar los presupuestos. Agrega que si se cuelgan en las obras dejarán de recibir plata de Fonsecon y tendrán que pagar una multa.

Todo esto sirve para que no sea tan fácil que la plata se pierda, pero seguirán las obras en 200 municipios en plena campaña. Y aunque Iragorri señala que la mayoría son en municipios pequeños, que no suman muchos votos, no solo hay otros más grandes (desde capitales como Riohacha, Montería y Sincelejo hasta municipios poblados como Apartadó, Sahagún o Piedecuesta) sino que la suma de varios pueblos puede ser clave para una aspiración a la Cámara. Cinco de ellos (Manizales, Socorro, Neiva, Cajicá y Bello) fueron los únicos municipios que se ganaron más de un convenio.

El cuarto punto que hace muy atractivos a los proyectos es su monto. Si bien 683 millones puede parecer poco dinero, no lo es para los municipios pequeños. Por ejemplo, Heliconia (Antioquia), tiene para el 2014 un presupuesto de 5.500 millones de los cuales le va a invertir 100 millones al mantenimiento de vías y puentes, y solo tenía previsto que la Nación le cofinanciara los pagos del régimen subsidiado de salud.

Para ver en detalle los datos de los municipios, los partidos de sus alcaldes y los convenios, haga click acá.

Respetados señores de la Alianza Verde: no más cartas abiertas. No más correspondencia cruzada, no más invitaciones públicas a trabajar por el país, no más críticas escritas como elogios, no más grandilocuencia. Por favor, cierren ya el epistolario. Todavía huele a agua salada y plancton en las calles, aún están frescas las cicatrices de la Ola Verde. 

De Alonso Salazar para la dirección del partido; de Sergio Fajardo para sus discípulos; de Claudia López, Álvaro Jiménez, Armando Novoa y los abajo firmantes para el congreso verde; de López para John Sudarsky, Antonio Navarro, Antanas Mockus y Enrique Peñalosa; de Sudarsky para López; de Mockus para Sudarsky, López y Robledo; de Navarro para López. Siete cartas abiertas que parecen el expediente de otro fracaso.

Las víctimas del Partido Verde somos muchas –no tantas para ganar en primera vuelta, claro– y no estamos interesadas en asistir a este ‘happening’. El 30 de mayo de 2010 nos graduaron a correazos en praxis política. Si van a vender algo, que sea carpintería y no arte. Si van a escribir, que sea un manual de instrucciones y no otro discurso.

Hagamos un resumen de toda esa prosa y sigamos adelante. Vivimos un momento extraordinario, cómo no, Reconozcámoslo y demos un paso adelante como ciudadanos o como candidatos, claro que sí, Hagamos la política que Colombia necesita, ya mismo, La solución está en manos del colectivo, ¿dónde firmó?, Una transformación política profunda en favor de las mayorías ciudadanas, Yes, we can!

Listo. Ahora hagamos un inventario: Fajardo no está. No vino porque no quiso. Peñalosa construye una pared maciza de concreto para estrellarse de nuevo. Mockus piensa en voz alta y hará a la postre lo que quiera. Sudarsky no hace nada. Navarro mira el reloj y le hace fuerza al Deportivo Pasto. ‘Lucho’ piensa en su próximo chiste. López tiene el balón pero no sabemos de qué juega. Salazar fue sacrificado por el Procurador en honor a los dioses. Y Petro, el progresista, está gobernando Twitter desde Ciudad Caótica. 

Las condiciones de cada uno son un bucle, un dibujo de Escher. Uno dice que renuncia si todos renuncian; otros, que sólo se lanzan si todos se lanzan; uno de los mejores, que irá si van los mejores. Todos parecen dispuestos a parquear el ego si se suben al mismo bus, pero no hay manera de subirlos al tiempo. 

Digamos que finalmente logran firmar el acta perfecta de militancia política. Da igual. No hay garantías de éxito a largo plazo y sí miles de riesgos de fracaso. Como ya vimos, esa misma foto puede romperse el año siguiente. Tampoco hay a estas alturas tiempo, estructura u organización para tomarse las elecciones del próximo año. La noche cayó hace rato, entre la resaca de 2010, la vacilación y la chequera de Mr. Santos.

No es el momento de intentar el milagro colectivo de hace cuatro años, no sólo porque nadie lo espera, sino porque ya sabemos cómo termina. Las camisetas verdes son hoy piyamas; la flor menos popular es el girasol. Si queda una última carta por escribir, que sea de cualquiera y tenga una sola frase: «Estimados: éste es el mapa. Hoy cogí carretera». 

* * *

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El próximo lunes vence el plazo que tiene el presidente Juan Manuel Santos para anunciar si buscará la reelección y a partir de ese momento tendrá prohibido inaugurar obras. Mientras, tiene a todos sus ministros y vices recorriendo el país inaugurando obras y mostrando resultados, una ‘maratón del gabinete’ que muestra que ya está ambientando el anuncio y posicionando a sus colaboradores para que sigan inaugurando. Sobre todo porque no los está poniendo a entregar sólo obras de su ramo, sino también viviendas, acueductos y otros proyectos de sus colegas.

El 7 de noviembre se llevó a cabo en todo el país la ¨maratón de la vivienda" presidida por Santos y por el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, en la que estuvieron todos sus compañeros de gabinete, como muestra esta tabla que elaboró el Ministerio de Vivienda.

Muchos de ellos estuvieron entregando casas en sus lugares natales o muy cerca de ellos. La Ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa, estuvo en Barranquilla entregando 2.800 casas, mientras que MinInterior Aurelio Iragorri entregó 1.100 casas en Popayán. La titular de Cultura Mariana Garcésentregó en El Espinal (Tolima) la Ciudadela Cafasur y en Chaparral acompañó al Ministro de Justicia -y tolimense- Alfonso Gómez Méndez a una entrega de viviendas. Además, el de TIC Diego Molanoentregó 600 casas en Cúcuta y el de Salud Alejandro Gaviria sorteó viviendas en Corozal (Sucre).

Pero no solo los ministros aportaron su granito de arena, sino todos los altos funcionarios. En Tadó (Chocó) la vice de TIC María Carolina Hoyos estuvo entregando viviendas, mientras que David Luna -el Alto Consejero para las Regiones- lo hizo en Soacha. Tatyana Orozco, la cabeza de Planeación Nacional, y Jorge Enrique Vélez, el Supernotariado, ambos estuvieron entregando en Montería. Y la primera dama María Clemencia de Santos hizo un tour entero entregando y sorteando casas en Cali, Yumbo y Jamundí, en compañía del número dos de Vivienda Guillermo Herrera.

Justo antes de la “maratón de la vivienda” estuvo la “maratón del agua” el 24 de octubre, que fue el primer tour masivo que Santos le organizó a su gabinete para mostrar la entrega de obras. En esa ocasión se pudo ver al Ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde inspeccionando obras de acueducto del barrio Las Colinas en Cartagena y al vice de defensa, el general José Javier Pérez, visitando las obras de una planta de tratamiento de aguas residuales en Sogamoso.

Como quien dice, como hay tantas obras por inaugurar, Santos puso a sus ministros a ayudarle desde antes de que, por la Ley de Garantías, le tocara hacerlo.

Las Maratones de Santos by lasillavacia

Esta mañana el presidente Juan Manuel Santos dejó a su Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, muy mal parado: dijo que el anuncio de Pinzón  de que había un plan de las Farc para atentar contra el ex presidente Álvaro Uribe era viejo. “Estos atentados de la ‘Teófilo’ vienen desde que yo era Ministro de Defensa”, dijo. Con eso dejó sin piso todo el escándalo que había armado Pinzón, pero además dejó la duda de quién miente, si él o su ministro y la revista Semana, que en su última carátula dijo explícitamente que había visto las pruebas y que “la evidencia muestra de manera contundente que sí existía un plan de la columna móvil Teófilo Forero de las Farc para asesinar al expresidente Uribe”.

La Silla habló con Semana, uno de los baluartes del santismo en los medios, y los periodistas de la revista dijeron que conocieron de primera mano datos de inteligencia de la Policía (que fueron aportadas con el visto bueno de Pinzón) que indicaban que el plan del atentado estaba en marcha, como explicó la revista en la nota central de la edición de esta semana, titulada "En la mira". También recibieron, de forma independiente, información de la Fiscalía en el mismo sentido. Esa información sería de hace tres o máximo cuatro semanas.

Además, La Silla supo que -después del ruido que produjo la noticia sobre el eventual atentado- Santos llamó personalmente la semana pasada a los directores de varios de los principales medios de comunicación -incluida Semana- a pedirles que le bajaran el volumen al tema y a decirles que la información era vieja, seguramente porque -como explicó La Silla- éste le cayó como anillo al dedo a Álvaro Uribe y porque terminó arruinando la fiesta después de la concreción del acuerdo sobre el segundo punto con las Farc en La Habana.

Pese a esa llamada, la revista abrió con esa nota.

Por eso, salvo que hubiera un complot para mentir entre el Ministro de Defensa, el Fiscal Eduardo Montealegre, la Policía y Semana todo indica que las palabras de Santos de hoy buscan bajarle la temperatura al tema y, como lo ha hecho tantas otras veces en el pasado, reversar a última hora una decisión que se le reventó en la cara.

A días de anunciar la reelección, Santos prefirió dejar a Pinzón como un mentiroso o un idiota útil antes que darle munición al uribismo para oponerse a la negociación.

Desde que arrancó el proceso de paz, Pinzón ha jugado a ser el “policía malo” y el puente más directo con la derecha, a quienes Santos ha tratado infructuosamente de no perder.  

Juan Manuel Santos dijo que los plantes de atentar contra Álvaro Uribe son viejos, y así trató de bajarle la temperatura al asunto. Foto: Presidencia

Juan Carlos Pinzón fue quien anunció que la columna Teófilo Forero de las Farc había puesto en marcha el plan de atentados. Foto: Juan Pablo Pino

Por ejemplo, criticó duramente el marco jurídico para la paz después de que el mismo gobierno, y especialmente el Consejero de Paz Sergio Jaramillo, lo impulsó en el Congreso.

También presentó una polémica reforma al código penal que convertiría en delito la obstrucción de vías públicas mientras en La Habana el gobierno acordaba con las Farc garantías para la movilización y la protesta social.

Y recientemente ha dicho que las Farc se han convertido en “asalta caminos” y que sus negociadores viven como reyes en Cuba al mismo tiempo de que el Gobierno necesita que los colombianos aprueben los acuerdos en un par de meses (si tenemos suerte).

Pinzón ha hecho su carrera al lado del Presidente y es una de las personas en las que él más confía, hasta el punto que desde el Ministerio es uno de los súper poderosos de la Casa de Nariño. Y todo el mundo sabe que él no mueve un dedo sin la autorización o instrucciones del Presidente. Menos algo tan grave como la noticia sobre los planes del atentado a Uribe. Solo que esta vez, el “policía bueno” lo dejó como un cuero.

La pregunta es cuál de los dos policías dice la verdad.

Después de dos meses, el presidente Juan Manuel Santos y su Ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde terminaron su larga búsqueda de un gerente para el Incoder, el encargado de ordenar las tierras en Colombia y una de las piezas angulares de la transformación del campo acordada en La Habana. Y escogieron finalmente al ingeniero agrícola Rey Ariel Borbón Ardila, muy cercano al senador conservador Hernán Andrade.

Con la llegada de Borbón al Incoder y la de dos apadrinados de los senadores azules Roberto Gerlein y Efraín Cepeda al Banco Agrario y el ICA -otras dos instituciones claves del campo- Santos le apostó a evitar una ruptura con sus aliados políticos más descontentos en vísperas de la temporada electoral. Y justo en momentos en que los conservadores decidirán si convocan una convención que podría romper el frágil balance de poderes que los santistas mantienen al interior del partido y marcar su salida de la Unidad Nacional, para posiblemente acercarse al uribismo.

El gran interrogante es si Lizarralde podrá, con los caciques azules contentos pero con tantas caras nuevas en el Ministerio y siendo él también un ministro nuevo, poner en marcha la transformación del campo que venía planeando el ex ministro Juan Camilo Restrepo, que se negoció en La Habana y que se busca comenzar a aterrizar con el nuevo viceministerio de desarrollo rural.

Una de las primeras decisiones que tomó Lizarralde al llegar al ministerio fue -como contó La Silla- sacar del Incoder a Miriam Villegas, una experta en temas rurales y quien se la jugó a favor de recuperar las tierras para los campesinos. Con ella salieron su número dos Jhenifer Mojica, quien era la subgerenta de tierras y estaba al frente de muchas de las investigaciones claves en tierras, y el secretario general.

El senador conservador Hernán Andrade logró que Santos escogiera a su recomendado para el Incoder. 

El Ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde intentó, sin éxito, impulsar un candidato de perfil técnico para liderar el Incoder. 

Miriam Villegas salió del Incoder porque las investigaciones que lideró sobre tierras se volvieron incómodas para el Gobierno. 

Sin Villegas ni Mojica, más la etapa de transición que vive el propio Ministerio, el Incoder quedó en interinidad. Tres expertos en tierras le confirmaron a La Silla que muchos procesos están paralizados porque nadie quería tomar decisiones hasta que no llegara un nuevo jefe. Y también porque hasta que Lizarralde no presente el proyecto de ley de baldíos tampoco habrá claridad sobre si se mantendrán muchos aspectos de la política de tierras que trazó el ex ministro Juan Camilo Restrepo.

Eso podría cambiar cuando el Gobierno posesione a Borbón, un ingeniero agrícola de la Universidad Surcolombiana que ha hecho casi toda su carrera en la corporación autónoma del Huila. Llegó a la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM) en 1996 como contratista y luego fue su director zonal en el norte del Huila, tras un paso como subdirector de Cormagdalena, la CAR del Magdalena Medio. En 2002 se convirtió en el director general de la CAM y ya va por su tercer período ahí. Aunque Borbón no tiene mayor experiencia en temas de tierras, tres personas le señalaron a La Silla que su gestión al frente de la CAM ha sido bien reconocida en el sector ambiental.

Sin embargo, cinco personas le confirmaron a La Silla que llega al Incoder por recomendación de su coterráneo Hernán Andrade, a quien el Gobierno ya le había garantizado que le respetaría el derecho a designar al nuevo gerente. Al fin y al cabo, Santos ya le había cumplido promesas similares a Roberto Gerlein, echando para atrás el nombramiento de Alonso Castellanos en el Banco Agrario y llevando a Álvaro Navas Patrón, y a Efraín Cepeda, cuyo recomendado Luis Humberto Martínez lidera el ICA.

Borbón es de extracción conservadora y, como contó La Silla, fue reelegido en la CAM en 2012 con el apoyo de Andrade. El senador huilense fue uno de sus primeros padrinos políticos y la relación se mantuvo a pesar de que en 2011 Borbón lanzó su precandidatura a la gobernación por los azules, enfrentado a la hermana del congresista. Además ha mantenido buenas relaciones con otros grupos políticos, como el de los ex gobernadores Luis Jorge Pajarito Sánchez y Cielo González, ambos destituidos por irregularidades en contratos.

Con Borbón, Santos logra dos carambolas. Por un lado, premia a uno de los congresistas que más ha defendido al Gobierno, que se mantiene alineado con la reelección y, sobre todo, que jugó un papel crucial como ponente del “referendo para la paz” que pasó en el Congreso.

Pero también va amarrando los votos de la reelección en el Huila y evitando una fuga hacia el uribismo. De hecho, al senador Carlos Ramiro Chávarro -el rival azul opita de Andrade y heredero del grupo político del ex senador José Antonio Gómez Hermida- lo alineó nombrándolo uno de los cinco coordinadores regionales de la Fundación Buen Gobierno, con juego en todo el suroccidente. Como dice una persona del sector, “el computador de Palacio pesa mucho”.

Llegar al nombre de Rey Borbón no fue nada fácil. A lo largo de estos dos meses han desfilado por el Ministerio de Agricultura -y por el Congreso, ya que el aval azul se convirtió en un requisito- al menos siete candidatos serios.

Algunos de ellos con experiencia en el campo y un perfil más bien técnico, otros con una mezcla de trayectoria política y rural, otros más con poco dominio del campo. Pero uno tras otro se fueron cayendo, vetados por los conservadores, descartados por Presidencia o desanimados por la politización del sector.

Rey Ariel Borbón, el elegido para dirigir el Incoder, ha hecho casi toda su carrera en el sector ambiental, como director de la CAR huilense. 

El huilense Hernando Ruiz, el ex SuperSociedades de Uribe y cercano a Andrade, era el más firme candidato hasta que su manejo de las pirámides lo tumbó.

El senador azul Roberto Gerlein ya había logrado que su recomendado llegara al Banco Agrario, al igual que Efraín Cepeda con el ICA.

César Pardo Villalba, el ex congresista que dirigió el Banco Agrario y Finagro, era uno de los candidatos mejor vistos por el sector pero fue vetado por ser liberal.

“Es un puesto muy difícil de llenar porque el que lo quiera hacer bien, tiene que pisar demasiados callos. Se necesita una persona que sepa de tierras y que tenga al mismo tiempo la visión de los campesinos, de los territorios y de los empresarios, aunque al menos eso lo tienen ahora ya con el ministro”, le dijo a La Silla una persona del sector agropecuario. “Además, ¿quién lo va a querer recibir con Ley de Garantías encima y teniendo que rendirle cuentas a la bancada conservadora?”.

Uno de los primeros en sonar fue Hernando Londoño, el actual subgerente de adecuación de tierras del Incoder que aseguró el apoyo de algunos congresistas azules, pero su nombre no cuajó. Luego sonó con fuerza César Pardo Villalba, un ingeniero agrónomo cuyo nombre era muy bien visto en el sector porque fue presidente tanto de Finagro como del Banco Agrario y hoy es la cabeza del gremio algodonero. Sin embargo, es liberal galanista, fue representante rojo por Cundinamarca y embajador de César Gaviria en Rumania, por lo que terminó vetado.

Después estuvo a punto de llegar Aníbal Fernández de Soto, el ex viceministro de Interior que jugó un papel clave en desactivar el paro agrario y que es conservador. Finalmente Lizarralde le ofreció ser el nuevo vice de desarrollo rural y terminó, temporalmente, como gerente encargado del Incoder.

Entonces sonó el economista nariñense Hernán Román, cuyo nombre fue bien recibido en el sector porque lideró el comité de cafeteros en Nariño, estuvo en el sonajero para ser gerente de la Federación de Cafeteros cuando quedó Luis Genaro Muñoz en 2009 y fue consultor de temas agrarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A pesar de su origen azul, ya que fue precandidato a la Gobernación de Nariño en 2011 y presidente de Telecom de Andrés Pastrana, terminó vetado también y acabó reemplazando a Andrés Felipe García como vice agropecuario.

En ese momento, Andrade logró -como contó La Silla- que le aprobaran a Hernando Ruiz López, un economista huilense que fue Superintendente de Sociedades durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe y que no tiene mayor experiencia en temas del campo. Cuando su hoja de vida ya había aparecido publicada y parecía un hecho su nombramiento, en Presidencia lo vetaron por dudas sobre su manejo del escándalo de las pirámides en la Supersociedades.

Una nueva búsqueda arrancó y, aunque Rey Borbón terminó elegido, La Silla supo que varios nombres de un perfil más técnico fueron considerados. Uno de ellos fue el de Diego Bautista, otro candidato bien visto en el sector que trabajó en Planeación Nacional durante diez años, coordinó el informe “Visión Colombia 2019” y lleva cinco años trabajando temas de víctimas y tierras en Usaid, desde su contratista Aecom.

El hecho de que Román, Pardo Villalba y Bautista hayan sonado muestra que hubo un pulso por el reemplazo de Miriam Villegas. Según tres personas del sector, la directiva parecía ser que Lizarralde podía escoger a sus vices pero no los directores de las entidades del sector, que debían contar con el aval azul y de Presidencia. La Silla supo que el nuevo Ministro intentó impulsar a alguien de un perfil más técnico, pero terminó perdiendo con Andrade.

La llegada de Borbón será el fin de una larga interinidad para una entidad que, como dice un antiguo alto funcionario del sector, es “demasiado importante para La Habana y tiene misiones tan delicadas como sacar adelante el Fondo de tierras para la paz, como para dejarse al vaivén político”.

Sin embargo, por ahora los ojos de Santos parecen estar más puestos sobre la reelección, que anunciará este viernes. Al darle juego a los barones azules, seguramente está minimizando el riesgo de una fuga hacia las toldas del uribismo. Queda el interrogante de si realmente eso le ayudará a concretar lo acordado en La Habana, cumplir las promesas del Pacto Nacional Agrario y cambiarle la cara al campo.

Por Marcela Eslava

El Consejo Privado de Competitividad (CPC) acaba de publicar su informe anual, el Informe Nacional de Competitividad 2013-2014. Consejo e Informe, ambos juegan un papel fundamental en las políticas de competitividad de este país.

El reporte de este año, como siempre, revisa juiciosamente el estado de avance de los compromisos de la actual Agenda Nacional de Competitividad. Pero además plantea las propuestas del CPC para profundizar esa agenda. Sin hacerle justicia a la totalidad del Informe, en este post discuto cuatro de esas propuestas para el futuro: dos que son aciertos, una que a mi juicio es una embarrada, y una última que eché de menos en el Informe.

El primer acierto de la parte propositiva del Informe tiene que ver con un llamado de atención sobre los principios rectores de la agenda de competitividad. Con buen tino, el CPC ha defendido por años la idea de que la agenda debe centrarse en eliminar cuellos de botella que impiden al sector privado ser competitivo, pero que están fuera de su control. Con ese muy sano principio rector en mente, el énfasis de la agenda de competitividad ha estado en solucionar barreras que no están en las manos de los productores, como la baja calidad de la educación, la pobre infraestructura, y deficiencias del marco regulatorio, entre otros (por oposición a subsidios o protección frente a la competencia para sectores que no están logrando competir).

La innovación en este informe es el acento en que, a pesar de que éstas son grandes áreas que benefician a la economía como un todo, las intervenciones para impulsarlas tienen con frecuencia un carácter muy puntual: la regulaciones fitosanitarias suelen ser específicas a ciertos productos, las obras de infraestructura se ubican en un cierto punto de la geografía nacional, etc. Priorizar se convierte entonces en palabra clave.

La innovación no es meramente retórica. Una priorización más decidida de las acciones  fundamentales en la agenda de competitividad puede permitirle al país pasar de una agenda llena de acciones menores a una más concentrada en aspectos de más profundo calado. Pero como el diablo está en los detalles, la pregunta es con qué criterios se da prioridad a unas acciones sobre otras. El Informe da dos grandes respuestas a esta pregunta. Una es un acierto y la otra, en mi concepto, un error.

El gran (y el segundo) acierto del Informe es poner la lupa en lo local. Se reconoce el carácter local de muchos de los cuellos de botella que la política de competitividad debería solucionar y el consiguiente papel central de las regiones en su identificación; la desconexión entre las políticas de competitividad del nivel central y las locales; la frecuente debilidad institucional local para ejercer el liderazgo que la reciente reforma a las regalías les dio en la política de innovación; y la heterogeneidad entre regiones. Y se identifican dos primeros elementos concretos para avanzar en el fortalecimiento local: la falta de herramientas adecuadas de diagnóstico al nivel regional, y la debilidad de las instituciones a cargo de los temas de competitividad en este nivel.

Quizás el mayor aporte concreto del CPC (en este caso asociado con la Universidad del Rosario) está en la creación de un instrumento de medición de competitividad en lo regional: un índice departamental de competitividad, que cubre educación, salud, infraestructura, medio ambiente, innovación y eficiencia de las instituciones y los mercados. El índice, que se seguirá calculando anualmente, se convertirá en una importante herramienta de identificación de barreras puntuales al crecimiento, que difieren de manera importante a través de regiones.

En el tema institucional, el Informe recomienda concretamente fortalecer las Comisiones Regionales de Competitividad dándoles funciones como la coordinación de esfuerzos de interacción con el sector privado para la identificación de cuellos de botella para la actividad económica. Estos énfasis concretos están en consonancia con el gran principio rector de que el eje de la política de competitividad debe ser la identificación y solución de barreras al desarrollo productivo que se salgan de las manos del sector privado. Dan o proponen instrumentos para avanzar en esa primera etapa de la identificación, que en muchos aspectos es local.

Pero mientras en lo regional el énfasis del Informe está a tono con el mencionado principio rector, sus recomendaciones en la dimensión sectorial van en una dirección completamente diferente. A mi modo de ver, una dirección equivocada. Dice el CPC que, ante la necesidad de priorizar, la Agenda de Competitividad debe escoger unas apuestas productivas: sectores cuyo desarrollo se impulsará con especial ahínco, con el objetivo de diversificar y sofisticar la base productiva.

Hay dos grandes problemas con esta propuesta. Primero, sufre de crisis de identidad: en la priorización de acciones que afectan a sectores específicos, se puede dar prioridad bien a las que atacan los principales cuellos de botella, o bien a las que favorecen las apuestas productivas escogidas en la Agenda de Competitividad. Pero ambos frentes no se pueden cubrir con un solo instrumento.

El segundo problema es que, entre estos dos frentes, el CPC está escogiendo el equivocado. No en vano hay tanto acuerdo en torno al papel central que juega la política pública en la solución de cuellos de botella que superan al sector privado (las llamadas fallas de mercado, de coordinación, y de gobierno), y tanto desacuerdo en torno a su capacidad de escoger (y lograr) la dirección óptima de la estructura productiva de la economía.

Contra los muchos casos de éxito de tal intervención estatal que esgrimen sus defensores, los contradictores exhiben otros tantos de alto bienestar, crecimiento e incluso “clusterización” en que estos desarrollos han sido espontáneos. Y muchos más en que el direccionamiento por parte del Estado ha terminado en captura por parte de los sectores ya poderosos, con frecuencia además poco competitivos.

Finalmente, hay un aspecto fundamental de las políticas pro-competitividad que no se enfatiza en el Informe: su continuidad. El hoy llamado Sistema Nacional de Competitividad es la apuesta del país por avanzar en los aspectos que más amenazan su capacidad de crecimiento económico. Pero, lejos de una política de Estado, la “política de competitividad” (desde las instituciones hasta la agenda de acciones concretas) ha sido históricamente un barco a la deriva, cambiando de dirección no sólo con cada gobierno, sino casi que con cada rotación en las carteras económicas de los distintos gobiernos. Lo que es muy grave en un frente que requiere de persistencia y planeación de largo plazo.

Un gran paso en la solución de este problema se dio con la inclusión de instancias de colaboración público privada como piedra angular de la institucionalidad pro-competitividad (hacia 2006). El CPC ha sido, precisamente, el principal representante del sector privado en esta institucionalidad.

Desde su puesto en el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Competitividad, ha sido un motor fundamental tanto de impulso como de continuidad para la agenda de competitividad del país. Tal vez su contribución más importante fue rescatar parte de la agenda de competitividad que, con tanto trabajo, había ayudado a diseñar bajo el gobierno Uribe, para que trascendiera el paso al gobierno Santos. Por primera vez desde que se empezó a pensar en política de competitividad, hubo algo de continuidad en estas agendas.

Pero el peligro no está superado: el Sistema de Competitividad sigue mutando día tras día, sigue sin haber cabeza visible que centralice esos cambios, el año entrante hay de nuevo elecciones. El Informe del CPC reconoce parte de estos riesgos pero los mezcla con el problema de falta de liderazgo dentro del gobierno, que propone solucionar con una “coordinación supraministerial”. Pero tal coordinación seguiría sujeta a los vaivenes de la política.

Solamente la presencia de actores que trasciendan gobiernos, y se apropien las políticas de principio a fin, puede garantizar su continuidad. Y en el caso del Sistema de Competitividad esos actores son los privados en la ecuación de la “colaboración público-privada”. Con el CPC a la cabeza. Es fundamental que el Consejo se apropie de ese papel como su más importante tarea, y se dedique a fortalecer su vocería dentro del Sistema.

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El derrumbe de Universidad Nacional será tema a partir de ahora de un debate de control político en el Congreso. Derrumbe, no en sentido figurado, sino literal.

De los 152 edificios de la universidad, 26 están en estado de vulnerabilidad. Uno de cada cinco edificios está por caerse, según la información en la cual basarán su debate de control político a la ministra de Educación María Fernanda Campo los representantes Ángela María Robledo y Carlos Eduardo Amaya, que harán esta mañana.

El ala sur del edificio de Cine está cerrado; el techo de la facultad de Derecho está desbaratado; el edificio de la facultad de Arquitectura está convertido en un depósito; el edificio de Enfermería está cerrado.

La Silla Vacía està cubriendo en vivo este debate por la importancia que tiene esta universidad para el país. Lo pueden seguir acá o en Twitter en nuestra cuenta @lasillaenvivo.

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La semana pasada Juan Manuel Santos presentó a los cinco grandes coordinadores regionales de la Fundación Buen Gobierno y le dio uno a cada uno de los cinco partidos de la Unidad Nacional, incluyendo a Alfonso Prada en Bogotá y en nombre de los verdes. Pero una carta firmada por los dos copresidentes de la nueva Alianza Verde, el senador Luis Carlos Avellaneda y el concejal de Bogotá Antonio Sanguino, le recuerda a Santos que el partido ya no está en la Unidad Nacional:

Carta verde Presidente Santos.pdf by lasillavacia

Lo que es menos claro es cuál es la consecuencia práctica de que los verdes se salieran de la Unidad Nacional durante su congreso hace dos meses. En el gobierno sigue ‘Lucho’ Garzón, como Alto Consejero para el Diálogo Social. Luis Eladio Pérez está de embajador en Venezuela -después de haber estado en Perú- y los congresistas verdes siguen en las orillas de antes: algunos como Ángela María Robledo son muy críticos del Gobierno mientras que otros como Alfonso Prada son cercanos a Santos.

La pregunta es qué va a pasar con el papel que tenía Prada en la mesa de Unidad Nacional y en Buen Gobierno.

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La semana pasada la fundación Anima Naturalis recusó a Mauricio González, magistrado de la Corte Constitucional, para que se aparte de la discusión de una tutela que podría volver a traer las corridas de toros a Bogotá. La recusación nació muerta y por ello, Gustavo Petro está cerca de perder una de sus victorias simbólicas.

Una de las decisiones más sonadas de Petro fue terminar el contrato que tenía el Distrito con la Corporación Taurina de Bogotá que le permitía usar la plaza de la Santa María para hacer corridas de toros. Aunque desató una fuerte polémica, el alcalde de Bogotá le cumplió su palabra de campaña a los grupos animalistas y, con un costo relativamente bajo, ganó una pelea que desde el principio marcó una identidad propia para su administración.

A pesar de que muchos calificaron su medida como arbitraria o como una alcaldada -como la llamaron Jaime Castro y Antonio Caballero - ;la decisión lleva casi un año y medio ejecutándose. Pero desde el mismo día que la tomó, empezó una pelea jurídica entablada por la Corporación para revocar la decisión.

La decisión llegó vía tutela a la Corte Constitucional y está a punto de caerse

Mauricio González es el ponente de una tutela que presentó la Corporación Taurina contra la decisión de Petro, que ya pasó por dos juzgados, y que llegó a la Corte en enero.

Oficialmente el proyecto de fallo de González está listo desde mayo, pero hasta ahora no se ha discutido. Aunque en estos meses el proceso había perdido relevancia, se volvió a calentar hace algunas semanas cuando Anima Naturalis pidió que la tutela pasara a la Sala Plena.

Esa solicitud no se discutió, pero la fundación hizo otra movida: presentó una recusación contra González porque, a su juicio, el magistrado ya había manifestado su posición a favor de las corridas de toros en una entrevista de radio en 2010.

La entrevista la dio González a la emisora ibaguereña Ecos del Combeima y se puede oir acá. En ese entonces, la Corte estaba debatiendo una acción de inconstitucionalidad contra le ley que reglamenta las corridas de toros. González no participó de la discusión porque estaba de de comisión de estudios, y por eso pudo hablar del tema con la emisora sin tener que declararse impedido. Su posición es que las corridas de toros eran constitucionales.

El reglamento de la Corte Constitucional es muy claro que las recusaciones no son válidas en las tutelas. Eso quiere decir que, sin importar el peso de sus argumentos, Anima Naturalis no va a lograr que González sea recusado, pero sí le pone presión para que eventualmente se declare impedido.

La Silla supo que el magistrado González ya le mandó el audio de las declaraciones a sus colegas por iniciativa propia y que el martes discutirán este impedimento. El magistrado dijo que también le va a responderle directamente a Anima Naturalis. Aunque González dice que está abierto al debate, su posición inicial es que como el debate de la constitucionalidad se zanjó con con la sentencia C-666 de 2010, no estaría impedido para fallar la tutela que le llegó ahora puesto que el problema jurídico tiene que ver con la constitucionalidad del acto administrativo de la Alcaldía para terminarle unilateralmente el contrato a la Coporación Taurina y no con la constitucionalidad de las corridas de toros, tema sobre el que ya se pronunció la Corte hace dos años.

Todo eso indica que la recusación no va a prosperar, y que la Corte tomará pronto una decisión.

La Silla Vacía no pudo conocer la ponencia. Pero la tutela de la Corporación alega que la Alcaldía les violó dos derechos fundamentales: el debido proceso y el derecho a la libertad de expresión. Sobre ambos temas ya hay jurisprudencia de la Corte y González ha tenido una posición consistente en ambos aspectos.

Frente al debido proceso, González siempre ha argumentado que los temas contractuales e indemnizatorios no son tutelables porque para ello existe la vía del Consejo de Estado. Entonces, es improbable que la Corporación vaya a conseguir que la Alcaldía los indemnice por la terminación unilateral del contrato.  Sin embargo, según supo La Silla, la ponencia del magistrado sí considera que hay una violación a la libertad de expresión.

La lógica de ese argumento es la siguiente. La sentencia C-666 reconoce las corridas y las peleas de gallos como manifestaciones de una tradición cultural en algunas regiones, pero exige que no se promuevan en las zonas donde no tienen arraigo cultural y ordena que a futuro se reduzca o se elimine el sufrimiento de los animales.

Esa última orden es aquella con la que Petro ha defendido su decisión. Pero aparentemente la ponencia no la avala, pues señala que esa instrucción está dirigida al legislador y no a una autoridad ejecutiva como el Alcalde. Es decir, que la orden de la Corte es que las futuras leyes deben asegurar que se reduzca el sufrimiento de los animales.

El otro argumento central de la ponencia parte de la jurisprudencia de la Corte que dice que las expresiones artísticas y culturales, como las corridas, son una manifestación de la libertad de expresión, y una libertad que solo puede restringir el legislador. Como las corridas están reglamentadas por ley, el legislador ya se expresó, e incluyó la muerte del toro en su definición de corrida.

Está la pregunta de si prohibir el uso de la plaza de toros equivaldría a atentar contra la libertad de expresión. Según supo La Silla, el sentido de la ponencia es que sí la violaría así como violaría la libertad de expresión de los periodistas prohibir la importación de papel con el que se hacen los periódicos.

Esa posición de González probablemente sea sostenida por sus compañeros de sala de tutela, los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza y Luis Guillermo Guerrero, ambos de línea conservadora.

Mendoza participó de la decisión de la sentencia C-666, en la que salvó parcialmente el voto. A su juicio, la Constitución no protege a los animales de tratos inhumanos o degradantes, y por eso la Corte ha debido declararse inhibida. Aunque el debate en la tutela es otro, esa posición del magistrado lo lleva a no incluir en la discusión la eventual violación de otros derechos (como los de los animales), que podrían cambiar el sentido del fallo.

Guerrero no era magistrado titular en ese momento, y por lo tanto no participó en sala plena. Pero era el principal magistrado auxiliar de Mendoza y muy probablemente participó en la elaboración de ese argumento.

Además el apoderado de la Corporación Taurina en la tutela es el ex magistrado Rodrigo Escobar Gil, una figura clave en la llegada de Guerrero a la Corte. Los dos son conservadores y javerianos, y Escobar fue quien lideró la campaña de Guerrero para la Corte Constitucional y fue clave en el lobby a favor del hoy magistrado en el Congreso, como contó La Silla.

La Silla supo que lo más probable es que la decisión se tome en las siguientes dos semanas. Con el sentido de la ponencia y el perfil de los otros dos magistrados, lo más probable es a Petro se le venga un golpe de opinión antes de terminar el año puesto que, aunque su decisión constituye una interpretación plausible de la sentencia de la Corte,muchos medios -donde la influencia taurina es grande- probablemente usarán el fallo para señalar que acabar con las corridas fue una arbitrariedad del alcalde. Además, se quedaría sin piso una de las pocas decisiones que, aunque polémica, ha tenido un impacto evidente en la ciudad, en contraste con los proyectos de más largo plazo (como la revitalización del centro, los metros pesado y ligero o la construcción de jardines infantiles) cuyos resultados están en veremos.

Para los animalistas (y los toros) será también una estocada.

A menos de tres semanas de que concluya el plazo para inscribir las listas al Congreso, el panorama de las listas para la Cámara en Bogotá sigue muy enredado. Casi todos los partidos mantienen luchas internas por definir las listas pues estas curules son las más cotizadas por su visibilidad pero por ahora no descolla ninguna figura de opinión.

Si aparece un personaje con reconocimiento nacional como sucedió en el pasado con Petro, con Ingrid Betancourt o con María Isabel Rueda, la pelea por Bogotá puede cambiar. Pero por ahora, así va el panorama para las 18 curules que tiene Bogotá en la Cámara:

La U, buscando no perder a los cristianos En las elecciones pasadas, el partido que entonces era el de Uribe y el de Santos tuvo excelentes resultados: pusó más de 400 mil votos (casi una tercera parte del total) y se quedó con siete curules. Con los cambios políticos de estos casi cuatro años, La U está muy lejos de repetir la misma votación. Se calcula que mantendrán unas cuatro o cinco curules. De entrada, las maquinarias del partido son menos sólidas, como muestra que en las elecciones locales de 2011 en las que hubo muchos más votantes (2,2 millones contra menos de 1,4 en 2010), bajaron a 300 mil votos. Segundo, los 76 mil votos que fueron al partido, arrastrados en gran medida por la imagen de Uribe, corren el riesgo de desaparecer casi completamente. El partido ha perdido, también en favor del uribismo, buena parte del voto cristiano. Hace cuatro años el pastor y ex congresista Luis Enrique Salas puso casi 19 mil votos, y Luis Felipe Barrios otros 24 mil. Esos más de 40 mil votos son tan importantes que para evitar perderlos al parecer La U está tratando de convencer al ex senador cristiano Jimmy Chamorro (quien en 2006 se quemó con su partido C4 pero alcanzó a poner casi 85 mil votos en todo el páis y 11 mil en Bogotá) de ocupar la cabeza de la lista al Senado. De los siete representantes actuales cinco aspiran a ser reelegidos. Efraín Torres, que tuvo 22 mil votos en 2010, va en llave con Armando Benedetti; Josée Gonzalo Gutiérrez, líder transportador que perdió el crucial apoyo de su familia en Kennedy y Usme, va con el norsantandereano Manuel Guillermo Mora; Wilson Gómez, heredero de Hipólito Moreno, va con el senador cundinamarqués Milton Rodríguez; y Francisco Pareja, quien se quemó pero llegó tras varios cambios en la lista con más de 18 mil votos, también quiere repetir. La primera excepción es Miguel Gómez Martínez, uno de los uribistas de La U y quien probablemente no repita, que en 2010 obtuvo otros 44 mil votos. Si se queda en la lista podría robarle muchos votos al Centro Democrático, pero de lo contrario sería otro golpe para La U. La otra excepción es Ángel Custodio Cabrera, quien salta al Senado con su fuerza reconocida entre las madres comunitarias, en fórmula con el representante Correa (hijo del concejal Severo Correa) y con el apoyo de su concejal Nelly Patricia Mosquera. Entre Cabrera y Correa sacaron más de 60 mil votos en 2010, y aunque es difícil que esa votación se repita, siguen teniendo buenos apoyos en Bogotá, por lo que probablemente Correa sea la carta electoralmente más fuerte.

Cambio Radical entre la opinión y la maquinaria Cambio es uno de los partidos que están más enredados. Aunque hace unas semanas su presidente, Carlos Fernando Galán, anunció que iban con lista cerrada encabezada por Rodrigo Lara, esa decisión está tambaleando. El lunes hubo una reunión de Germán Vargas Lleras y su escudero Germán Varón (el único representante de Cambio por Bogotá, quien obtuvo casi 30 mil de los 100 mil votos del partido en 2010) con seis concejales y 19 ediles de Cambio. Éstos se opusieron a apoyar una lista cerrada, porque tienen sus naturales ambiciones políticas y no quieren limitarse a ponerle los votos a Lara. Por ejemplo, según supo La Silla, el concejal Fernando López ha pensado lanzarse a la Cámara, pero no le sirve renunciar al Concejo para hacerlo en lista cerrada, ya que es improbable que Cambio tenga votos para más de una curul. El caso más complicado es el del concejal Julio César Acosta quien, junto con su aliado el senador Carlos Fernando Motoa, estaba impulsando a Henry García,ex gerente de la Lotería de Bogotá de Samuel Moreno. Como Lara perdió su curul al Senado frente Motoa y lo ha señalado de haber hecho trampa para robársela, no se pueden ver ni en pintura. Lara ya anunció que si la lista es abierta él no aspira, y los concejales amenazaron con no mover sus estructuras para apoyar la lista si el partido no la abre e incluye a sus candidatos. Eso, sumado a que la esposa de uno de los concejales, Darío Fernando Cepeda, va por el Partido Liberal (y posiblemente con el apoyo de otros concejales de Cambio), tiene a Galán y a Vargas Lleras en un dilema: o se la juegan por la opinión con Lara o aseguran sus maquinarias.

Los conservadores, sin esperanza En 2010, con 91 mil votos azules solo salió elegido Telésforo Pedraza, quien puso más de 17 mil votos. La tendencia del partido es hacia abajo, aunque probablemente Pedraza mantenga su curul. Los azules están inmersos en el debate sobre cuál va a ser su estrategia para las elecciones, si irse con Santos, aliarse con el uribismo o buscar un camino propio, y esa pelea ha enredado la construcción de las listas y le ha quitado impulso al partido en esta etapa clave de calentamiento para las elecciones. Además, el golpe del uribismo que se va a dar en todas las regiones les puede quitar otros votos, por lo que seguramente vean reducido su caudal a unos 80 mil votos.

En el Polo, Germán Navas Talero es la figura La lista a la Cámara es un reflejo de la lista al Senado, con un par de políticos de carrera pero mucha gente de sectores sociales, incluyendo sindicalistas y líderes estudiantiles. La va a liderar Germán Navas, el único de los tres representantes que se quiere reelegir y que sacó 40 de los 400 mil votos de 2010, pues Iván Cepeda y Alba Luz Pinilla saltan al Senado. Esa fuerza del Polo se ha reducido mucho desde el 2010. En 2011 su lista al Concejo se redujo a 136 mil votos, apoyos como los de Iván Cepeda no son fácilmente endosables y por eso seguramente mantendrá dos de sus tres curules Como contó la Silla, luego vienen Alirio Uribe, el líder del Colectivo de Abogados; la vicepresidenta nacional de mujeres del Polo Lilia Avella, edilesa de Engativá desde 2004 (elegida en 2011 con más de 4 mil votos) y viene de la Anapo; Nelson Emilio Linares del movimiento viviendista y quien trabajó con Clara López en la Secretaría de Gobierno de Botoá; el es alcalde de Usme John Fredy Vargas, quien va en llave con Alexander López al senado; el dirigente de la Mane y del Moir Sergio Fernández de la Mane; y William Reyes, presidente nacional del el sindicato nacional de trabajadores estatales, Fenaltrase.

El liberalismo busca opinión El partido Liberal es el que pinta mejor organizado. incluso parecía tener todo bastante armado hasta ayer, cuando Ángela Garzón, hija del vicepresidente Angelino Garzón y casi segura cabeza de lista, anunció que no iba a postular su nombre. Ante esa decisión, el partido está ahora pendiente de anunciar otra figura de opinión que arrastre votos y a la que se le pueda volcar la fuerza, en estructura y en imagen, que tiene Simón Gaviria. Por ahora éste, como presidente del partido, ha fichado dos figuras sin experiencia política pero con imagen: la actriz Martha Liliana Ruiz y el ex futbolista de Millonarios Bonner Mosquera. Esa figura se necesita porque Gaviria, quien no se va a reelegir, puso 73 mil de los 174 mil votos con los que en 2010 el partido eligió tres representantes. Otro de ellos, Orlando Velandia, le cederá su cupo a otro miembro de la Iglesia Pentecostal Unida. El tercero, Pablo Enrique Salamanca, va a buscar su reelección tras haber llegado con más de 17 mil votos en 2010. Hay tres candidatos más que suenan, como contó La Silla. Luz Marina Gordillo, quien se quemó en 2010 con Cambio con casi 18 mil votos y es la esposa del concejal de Cambio Radical Darío Fernando Cepeda; Juan Carlos Losada, quien se lanzó con el apoyo de su tía la concejal María Victoria Vargas y va en llave con Guillermo Rivera; y Andrés Felipe Villamizar, que es la llave de Horacio Serpa en Bogotá y en 2010 se quemó con más de 6 mil votos. Jalonados por Santos (en 2010 estaban en la oposición y con un candidato presidencial menos fuerte) y con mejores resultados en las elecciones locales de 2011 cuando su lista al Concejo sacó 220 mil votos, a los liberales solo les falta la figura que arrastre. Pero esa figura es clave.  Se calcula que podrían quedarse con tres o cuatro curules.

Carlos Guevara, a jalar votos para el Mira En Bogotá -uno de los fortines tradicionales del Mira- aspiran a sacar 140 mil votos, o la tercera parte de los que necesitan para mantener la personería jurídica, aunque en 2010 sacaron 82 mil y su lista al concejo obtuvo 75 mil en 2011. Por eso es más probable que terminen con unos 100 mil votos y una curul. Como Gloria Stella Díaz intentará saltar al Senado y terminó siendo la cabeza de la lista (tras el sorpresivo retiro de Alexandra Moreno Piraquive), la carta con más opciones es Carlos Guevara, que sacó 59 mil votos en las últimas elecciones para Alcalde en Bogotá y fue concejal por dos períodos.

El uribismo, uribedependiente La lista del uribismo no tiene ni figuras muy reconocidas en la opinión ni padrinos políticos importantes  y por eso sus resultados dependen sobre todo del arrastre de la candidatura de Álvaro Uribe al Senado. Esta lista cerrada seguramente obtendrá entre una y dos curules. La cabeza de la lista cerrada, María Fernanda Cabal, la presidente de la Fundación Colombia Ganadera, no tiene una trayectoria política pero sí ha hecho presencia en medios en los últimos meses. Es reconocida por sus posiciones de derecha y es esposa del presidente de Fedegán y precandidato conservador José Félix Lafaurie. El segundo renglón le quedó a Esperanza de Jiménez , una pastora de la Misión Carismática Internacional del grupo político de Claudia Rodríguez de Castellanos, que se fue de La U para el Centro Democrático (aunque aún tiene una concejal en Bogotá, Clara Lucía Sandoval). Su candidato a la Cámara en 2010, el pastor Luis Felipe Barrios, puso casi 24 mil votos y Sandoval tuvo 13 mil, un caudal que se va al Centro Democrático.

La Alianza Verde, con mucho por definir La nueva alianza entre los verdes y los progresistas no puede contar ni con los 158 mil votos que obtuvo la lista cerrada de la ola verde en 2010 ni con los 300 mil votos de la lista de Progresistas al Concejo en 2011. Probablemente se quede con una o dos curules. La curul casi fija es la de la representante verde Ángela María Robledo, quien decidió ir por la reelección, lo que le asegura una fuerza en la opinión. La otra opción de tener fuerza en la opinión es la concejal progresista Angélica Lozano, de quien se ha rumorado que podría lanzarse a la Cámara pero parece que ya no va. Lozano sacó más de 10 mil votos en 2011, ha demostrado independencia, aparece mucho en los medios y es muy fuerte en la población Lgbti. Por eso su presencia en la lista podría jalonarla aún más. Aunque suenan más candidatos, hay tres que aparecen particularmente fuertes. Uno es Inti Raúl Asprilla, hijo del ex Secretario de Gobierno de Petro Guillermo Asprilla, y quien a pesar de no tener trayectoria política hereda la fuerza que tiene su padre en el progresismo. Sin embargo, ésta ha ido menguando a medida que pasa el tiempo tras la salida de Asprilla del gobierno e Inti lleva varios años viviendo por fuera del país y no había militado en el progresismo. Ómar Rodríguez Preciado, un transportador que no ha incursionado antes en la política (aparte de una fallida candidatura como edil de Los Mártires en 1994), es la carta del hoy secretario de Gobierno Guillermo Alfonso Jaramillo en fórmula con el senador Jorge Guevara. Por último está Eduardo Andrés Garzón, el hijo de ‘Lucho’ quien empezó a escalar peldaños en el partido verde de la mano de su padre pero recientemente se se ha distanciado de él. Tiene el apoyo del concejal de Bogotá Antonio Sanguino, quien también viene del luchismo y llegó al Concejo con 18 mil votos.

La semana pasada contamos que la Corte Suprema de Justicia se niega a compartir las hojas de vida de sus magistrados, en contraste con la polìtica oficial de la Presidencia de la República de publicarlas en su página web. Entre tanto, nos enteramos de que la Procuraduría tampoco comparte las hojas de vida de los funcionarios públicos, como lo muestra esta respuesta a un derecho de petición:

Derecho de Peticion.pdf by lasillavacia

Tanto la Procuraduría como la Corte Suprema sustentan sus negativas en jurisprudencia de la Corte Constitucional. Pero esa corte no tiene problemas con enviar las hojas de vida de sus magistrados:

El Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, es el invitado de honor del día en la Casa de Nariño. Foto cortesía de César Carrión - SIG.

Aunque no sea su propósito, el encuentro entre el Fiscal General de Estados Unidos Eric Holder y el presidente Santos esta tarde servirá de antesala para la dura discusión que arranca en una semana en la Habana sobre narcotráfico. Un debate que es relativamente fácil en lo práctico pero que será muy difícil en lo simbólico.

Que la visita de Holder coincida con el comienzo del próximo ciclo de negociación es pura coincidencia pues en realidad el Fiscal de Estados Unidos vino fue a la reunión de Ministros de Seguridad Pública (Mispa) de la OEA, que se realizará en Medellín a finales de esta semana. Pero queda la incógnita de si Holder aprovechará esta reunión con Santos para traer algún mensaje sobre el siguiente punto de la agenda de negociación con las Farc.

Específicamente, sobre los tres temas en la agenda que tienen que ver directamente con Estados Unidos y que podrían avanzar más rápido si cuentan con su guiño: la extradición por narcotráfico, la aspersión de cultivos ilicítos y la sustitución de cultivos ilícitos.

Sobre el tercer punto, la distancia entre las Farc y Estados Unidos es cada vez más corta desde que Barack Obama anunció que estaba dispuesto a abrir el debate sobre la guerra contra las drogas.

“Holder ha liderado un proceso de transformación al interior del sistema de Justicia en Estados Unidos, que se propone concentrar su atención sobre los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico, evitando las sanciones penales contra los consumidores y los pequeños traficantes", dijo a La Silla Juan Carlos Garzón, experto en drogas del Wilson Center e investigador para el “Reporte sobre el problema de Drogas en la Américas” de la OEA.

La posición de las Farc, como quedó claro en el último comunicado de Timochenko, es que el narcotráfico debe ser entendido como “un grave problema social”, que no puede combatirse militarmente sino con programas de sustitución de cultivos, planes de desarrollo local de la mano de las comunidades y recuperación ambiental de las zonas afectadas.

Estos programas de sustitución son parte del paquete de desarrollo rural integral acordado en el primer punto de la negociación en La Habana y hay un consenso en que los guerrilleros de las Farc –una vez dejen las armas- serán claves para acompañar el proceso de sustitución de cultivos de coca en las zonas bajo su influencia, que son la mayoría de los sitios productores.

El segundo aspecto, el de la fumigación de cultivos, es un poco más complicado pues en Colombia hay coca en sitios remotos como el Guainía y no será tan fácil para el gobierno colombiano comprometerse a nunca fumigar más. Pero, dado que tantos estudios serios –como contó La Silla- demuestran que los costos de la aspersión son tanto mayores que sus beneficios, al final sobre este punto también se podría lograr una buena negociación.

El tema realmente espinoso tiene que ver con la extradición. Y no tanto porque exista la posibilidad inmediata de que los jefes guerrilleros terminen como los paramilitares en una cárcel gringa sino porque para quedar realmente blindados las Farc tendrían que reconocer el verdadero peso que ha tenido el narcotráfico en su lucha armada y es muy improbable que ellos lo hagan.

Las Farc llegan al próximo ciclo de negociación viendose a sí mismos como voceros y representantes de los cocaleros que han constituído desde hace más de una década su base social. Por eso, pedirán planes de sustitución de cultivos, garantías para los campesinos cultivadores y como mucho, se comprometerán a liderar la transformación de las zonas cocaleras.

Esta concepción está muy lejos de la percepción generalizada en el gobierno de Estados Unidos, en un sector mayoritario de el Establecimiento y en muchos colombianos que los ven a ellos como narcotraficantes (con asoleada en yate y moto Harley incluida). Conciliar ambas “identidades” será el gran reto del próximo ciclo.

La posición de las Farc frente al narcotráfico quedó explicada en el último comunicado del jefe de las Farc.

Timochenko ve la lucha contra las drogas como un invento de Estados Unidos para garantizar que las inversiones producto de la venta de estupefacientes se queden en los bancos gringos; como un instrumento político para justificar la muerte de cuatro millones de vietnamitas; como una poderosa herramienta de control social dentro de sus fronteras (para encarcelar a los negros e inmigrantes); y como una excusa para intervenir en los países del tercer mundo y controlar sus fuerzas militares.

“Colombia es un ejemplo destacadísimo del desarrollo de esa estrategia de dominación”, dice Timochenko.

Bajo esta lógica, el jefe guerrillero no reconoce ninguna responsabilidad de las Farc en el narcotráfico, que según fuentes de inteligencia, equivale a un 35 por ciento de sus ingresos (unos 100 millones de dólares al año).

“Las guerrillas, enfrentadas desde varias décadas atrás al régimen, asentadas fundamentalmente en las áreas campesinas, no teníamos el derecho ni la vocación de volvernos contra la población con miras a prohibirle la única actividad de la que derivaba su pírrica subsistencia”, dice el guerrillero en su carta escrita desde “las montañas de Colombia”.  “Las llamadas operaciones sicológicas, tan difundidas y practicadas en su momento por la CIA, hoy verdaderos instrumentos de propaganda negra en manos de fuerzas militares y policiales dirigidas directamente por el Pentágono, se encargan de sembrar en la mente de la población nacional y mundial las representaciones más sucias en torno a las organizaciones revolucionarias. Dentro de las cuales se destaca nuestra vinculación con el narcotráfico.”

Timochenko dice explícitamente que la guerrilla no está dispuesta a “aceptar las bajas sindicaciones y condenas que trama el Establecimiento” al tratarlas de narcotraficantes.

Si la discusión fuera meramente acerca del lenguaje esto no sería un escollo. Pero política y jurídicamente, la posición de Timochenko es problemática.

Las acusaciones que tienen varios de los jefes guerrilleros por narcotráfico no tienen solución jurídica dentro del Marco para la Paz si no están relacionadas estrechamente con la lucha armada.

Es decir, los guerrilleros tendrán que reconocer que su intermediación en el negocio de las drogas –y no solo el cobro del gramaje a los campesinos- fue un vehículo esencial para pelear su guerra contra el Establecimiento. Solo esto permitirá que este delito sea tratado por la justicia transicional y los blindará de terminar siendo extraditados en unos años como lo fueron los jefes paramilitares.

Varios analistas han dicho que en esta etapa las Farc no pueden llegar a exigir concesiones del gobierno como en los dos puntos anteriores sino más bien tendrán que ofrecer cosas que ayuden a desmantelar el negocio del narcotráfico, como información sobre rutas y sobre los carteles que les compran la droga. Es difícil que ellos revelen esta información.

Pero políticamente sería muy complicado para el gobierno aceptar el discurso de que ellos lo que han hecho es proteger la única economía viable de los campesinos de las zonas de expansión agrícola.

Es una versión difícil de sostener para el Gobierno ante alguien como Holder, que con una sola solicitud de extradición podría poner a temblar el proceso.

Ayer, en el Hospital Santa Teresita de Bogotá, falleció Milagros, una bebé que la semana pasada, aunque 10 horas antes había sido declarada muerta, fue encontrada viva en la morgue del Hospital Francisco de Asís de Quibdó.

Milagros nació por cesárea después de apenas 26 o 27 semanas de gestación, dependiendo de dónde lean la noticia (aunque en cualquier caso usualmente se necesitan 38 para tener un parto sin complicaciones), y con problemas de respiración debidos a que sus pulmones no se habían desarrollado lo suficiente. Según la Revista Semana, 35 minutos después de su nacimiento, “un pediatra” del hospital chocoano, tras revisarla, declaró su fallecimiento.

También según Semana, después de permanecer tres horas en la sala de partos, Milagros fue trasladada a la morgue donde pasó siete horas en una caja. Pero cuando su padre fue a recogerla, el encargado de la morgue se dio cuenta de que la bebé se movía y, mientras la revisaba, Milagros comenzó a llorar.

Entonces, ¿qué pasó ahí? Según Radio Santafé, fue “un milagroso acontecimiento”, lo que ocurrió fue “un milagro de vida” según el corresponsal en Quibdó de Caracol Noticias, fue un “milagro en Colombia” según reportó el Huffington Post en español, citando a una fuente tan científicamente objetiva como ACIprensa (el “ACI” viene de “Agencia Católica de Informaciones). O quizás más bien fue “un milagro”, así, a secas, según RCN Radio reporta que dijo Farid Alonso Vieira, el doctor encargado del caso.

Pero, ¿no se les ocurrió que sea “posible que haya habido un mal diagnóstico de muerte”, como le dijo el pediatra Javier Zagarra a Semana? No es que sea la primera vez que alguien “declarado muerto” “vuelve” a la vida. A veces los signos vitales pueden engañar. Sí, incluso a personal médico entrenado. No tenemos que ir describiendo cualquier cosa difícil de explicar como “un milagro”.

Pero, caray, queda mucho más bonita la historia así, ¿no? Sin tener que preguntar tanto y sin que la audiencia tenga que preguntarse tanto. Mija, que hubo un milagro en un hospital en el Chocó, apúrese con esas empanadas.

Porque, igual, ¿para qué preguntarse cosas? Si igual preguntarse cosas es como cansón y toma tiempo y todavía nos quedan unas 20 galerías de gatos haciendo cosas por ver hoy en internet.

Quizás por eso nos tomó tanto tiempo preguntarnos cosas sobre Raúl Cuero, el científico bonaverense del que Rodrigo Bernal (que es científico y no periodista y por eso quizás está más en la onda de preguntarse cosas) nos reveló que sus “invenciones”, más que en patentes, están centradas en arreglitos a su hoja de vida (como explica muy precisamente Javier Moreno en esta entrada y en los links que hay en ella).

O quizás por eso varios medios (entre ellos RCN Noticias, Blu Radio y en cierta medida El Espectador) decidieron mostrar como un estudio este mapa sobre “lo fáciles que son las mujeres en los diferentes países del mundo”.

El mapa, como explica aquí Gawker, fue ideado por uno de los seguidores de “Roosh V”, un autoproclamado “pick-up artist” (es decir, alguien que dedica su vida a “desarrollar técnicas” para conquistar mujeres) internacional que ha sido acusado de promover la violación en casi todo país que ha pisado. Muy científico el estudio.

Colegas, yo sé que es complicado, la vida es complicada en cualquier caso y, sin importar en qué ande uno, siempre hay algo que parecerá más interesante. Pero les aseguro que preguntar sí es divertido. Uno aprende cosas. Y, si no preguntamos, vamos a seguir creando ídolos de barro como Cuero que se aprovechan de la pasividad de los medios, seguiremos en el diagnóstico que da Marta Ruiz aquí:

“La disciplina de la verificación está en decadencia. Bernal demuestra que, no pocas veces, los periodistas repetimos sin beneficio de inventario lo que dicen fuentes interesadas, jefes de prensa o propagandistas de oficio. Por candidez o pereza, se convierten en verdades de a puño lo que son verdades a medias (...) la agenda informativa del país está excesivamente judicializada. Tristemente, desde que somos esclavos del clic del internet, el lector es el editor, y por eso abunda lo que el público quiere ver: violencia y entretenimiento; y salta a la vista la escasez de lo que el público debería saber: análisis e investigación”.

¿Preguntas?

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Hace poco publiqué mi segundo libro, "Mincho". Aquí pueden ver más información sobre de qué se trata y cómo pueden conseguirlo. (Aquí pueden ver cómo conseguir el primero).

Radio Pachone, junto a la Fundación ReMA, el Idartes y la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte de Bogotá están invitando a todos los músicos interesados a participar en Plantario 2013, un laboratorio de formación en emprendimiento musical. La inscripción es gratuita y está abierta hasta el 22 de noviembre en este link.

Todavía (si leen esto antes del 30 de noviembre) tienen tiempo de seguir siendo o ser por primera vez Súperamigos de La Silla.