En las últimas 24 horas tres decisiones de la justicia penal han despertado fuertes reacciones entre los ciudadanos: la decisión de una juez de no imponerle medida de aseguramiento a un joven que -borracho- causó la muerte de dos personas; la nulidad de una parte del proceso contra la senadora Dilian Francisca Toro, lo que la va a dejar en libertad; y la sentencia de segunda instancia que absolvió a la ex representante Yidis Medina por un supuesto secuestro y le dio de nuevo la libertad. La mayoría de las reacciones tienen como denominador común la desconfianza de los ciudadanos hacia la justicia, especialmente la penal.
Aunque la idea de que “la justicia es para los de ruana”, las demoras en los procesos y los altos índices de impunidad no son nuevos, varios cambios en los últimos años han hecho que la desconfianza al sistema judicial nunca haya bajado del 65 por ciento y que esté entre las instituciones con peor imagen, al mismo nivel del Congreso.
Esto es lo que ha cambiado en los últimos años y que puede explicar el desprestigio de la justicia:
La justicia en vivo y en directo
Con el pleno funcionamiento del sistema penal acusatorio y de la oralidad en todo el país y especialmente en la justicia penal (en otros ámbitos entró después), cambió la relación de los ciudadanos con las decisiones de los jueces. Antes las audiencias eran excepcionales, los procesos eran todos por escrito y las decisiones se tomaban a puerta cerrada. La oralidad fue una apuesta no solo por tomar decisiones rápidas sino por legitimar el aparato judicial dándole mayor transparencia.
Paradójicamente, esa publicidad se le ha devuelto a la justicia. Los medios hemos cubierto en directo las audiencias de los casos más sonados, desde las de los Nule hasta las del caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares, y con eso aunque la justicia se ha acercado más a los ciudadanos, también la ha vuelto más vulnerable a las críticas puesto que ahora cualquier error se produce a los ojos de todo el mundo.
Los privilegios de los magistrados
Las altas cortes han ido cayendo cada vez más en el desprestigio. Como ha contado La Silla, existe una rosca de magistrados que siente que su alta dignidad debe significar privilegios como los pensionales, y escándalos como el carrusel de las pensiones en el Consejo Superior de la Judicatura o el de los viajes de la presidente de la Corte Suprema, Ruth Marina Díaz, tienen a las altas cortes en un bajonazo histórico.
Otros dos hechos han golpeado esa imagen. Primero, el escándalo de la Reforma a la Justicia mostró que las altas cortes estaban más interesadas en aumentar sus privilegios que en resolver las necesidades de justicia de los ciudadanos. Incluso la Corte Constitucional, que había estado más blindada de escándalos y que tiene la legitimidad de ser un control a la arbitrariedad cotidiana y jurídica a través de las tutelas, se ha visto golpeada por la posesión de un magistrado tan cuestionado como Alberto Rojas y porque sus sentencias se tardan muchos meses en salir incluso después de haber decidido los fallos.
El garantismo vs. la sed de justicia
En parte debido a que ahora la justicia se hace ‘en vivo’, se ha agudizado el choque entre los derechos a un debido proceso de los acusados y la presión popular por ver decisiones de la justicia.
Eso se ve especialmente cuando hay audiencias previas a la de juicio y se discuten medidas preventivas, como la de ayer de Fabrio Andrés Salamanca (el conductor ebrio cuya detención negó ayer la juez) o la de Andrés Felipe Arias. En esos casos buena parte del debate público se centra en si ellos son o no culpables (que es la pregunta que en últimas quieren ver resulta los ciudadanos) y no en si tenerlos detenidos ayuda es una garantía para que el proceso esté blindado (que es el sentido de esa medida).
Los 'falsos positivos' judiciales
Casos como los de Yidis Medina y de Sigifredo López también golpean la imagen de la justicia porque ponen de presente los errores judiciales en casos de personajes reconocidos. En los dos casos los ex congresistas estuvieron en la cárcel por errores de la justicia: López duró un mes detenido preventivamente en la cárcel y otros dos en su casa supuestamente por haber estado detrás del secuestro de sus compañeros diputados del Valle, y Medina estuvo casi un año en la cárcel condenada por secuestro, pero en segunda instancia esa decisión se cayó.
Aunque esos falsos positivos no son nuevos (como recuerda el famoso caso de Alberto Jubiz Hazbun, quien estuvo cuatro años en la cárcel por el asesinato de Luis Carlos Galán, pero finalmente fue absuelto) y en alguna medida ocurren en cualquier sistema judicial, cuando desde el principio hay grandes dudas públicas sobre los casos, su efectos es mucho mayor. Y eso ocurrió en esos dos casos: desde hace casi un año Daniel Coronell mostró lo dudoso del caso de Yidis, y el de Sigifredo fue recibido con dudas desde cuando fue capturado. Eso movió tanto la opinión que López luego creó una fundación para esos casos, llamada Defensa de los Inocentes.
Las decisiones desiguales
Otro de los motivos de la desconfianza son las decisiones desiguales para casos similares. Ese ha sido uno de los argumentos más fuertes para criticar la decisión de la juez que dejó libre a Fabio Andrés Salamanca, el conductor borracho que mató a dos personas: apenas un día antes otro juez decidió que Jonathan Cabrera, quien mató a una persona e hirió a otras dos por conducir borracho, sí debería ir preventivamente a la cárcel.
Eso se debe a que la ley le da un margen amplio a los jueces para tomar ese tipo de decisiones y a que no hay una obligación clara de que deban tomar la misma decisión que sus colegas ante hechos iguales. Por eso el entonces Ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra incluyó como uno de los ejes de su propuesta inicial de Reforma a la Justicia la obligación de que los jueces tomaran decisiones manteniendo la línea de decisiones previas de otros jueces (llamado el precedente jurisprudencial), pero ese fue precisamente uno de los puntos que eliminaron los conciliadores de esa Reforma y que desataron el escándalo.
La estrategia de la Fiscalía
La Fiscalía tiene cada vez más margen para negociar colaboración con la justicia a cambio de una menor sanción a los colaboradores, especialmente a través del principio de oportunidad. Lo que hace la Fiscalía es procesar a las personas contra quienes tiene pruebas y negociar con ellas, para luego usar los testimonios de éstos para procesar a los mayores responsables. Como la entidad tiene muy poca capacidad de producir pruebas técnicas y negociar es una forma de conseguir testimonios que ayudan a suplir esa debilidad.
Pero eso quiere decir que los primeros resultados de muchas investigaciones son acuerdos con personas que se declaran culpables pero terminan con penas muy bajas o sin sanciones, como es el caso del ex concejal de Bogotá Hipólito Moreno. Aunque a mediano plazo eso puede servir para lograr condenas de los mayores responsables de los delitos, mientras tanto hay una sensación de impunidad.
Además, la estrategia tiene dos riesgos: que los acuerdos se caigan cuando los jueces los revisan, como ha pasado en el caso del ‘cartel de la contratación ‘ con los Nule y con Federico Gaviria, y que la demora no haya sido útil, o que los testimonios no sean suficientes para condenar al pez grande.
La ex alta funcionaria de Uribe, Paola Holguín, cree que a Uribe le podrá más su "deber de patria".
