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Yhonny Ramírez, el futbolista investigado por poner una tutela

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La pelea por la posibilidad de que un jugador de fútbol se cambie de equipo libremente cuando le incumplen un contrato está cada vez más dura. Ahora dos exmagistrados de la Corte Suprema le abrieron una investigación disciplinaria al jugador en cuestión, Yhonny Ramírez, por el simple hecho de haber interpuesto una tutela.

El caso, como contó Semana, es el siguiente: el pase de Ramírez era del Chicó pero, ante las demoras de ese equipo en hacerle pagos laborales, decidió dar por terminado su contrato con ese equipo e irse para Millonarios. Chicó demandó al jugador ante la Comisión del Estatuto del Jugador de la Dimayor, luego pasó en apelación ante la Comisión del Jugador de la Federación y, cuando ésta iba a decidir, Ramírez interpuso una tutela. Su argumento es que la decisión la debía tomar la justicia laboral, y no órganos internos de la organización del fútbol.

Esta tutela la ganó Ramírez en primera instancia y la perdió en segunda. Esa decisión será definitiva si la Corte Constitucional no la seleccionana y la revisa.

Hasta ahí, parecería que el problema se limita a saber quién debería decidir el problema cuando un jugador no recibe algunas prestaciones laborales, si las autoridades de la Dimayor, como argumentan éstas, o los jueces laborales, como dicen Ramírez  y la Asociación de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro.

Pero ahora la Comisión del Estatuto del Jugador le puso aún más presión a los futbolistas: aunque ganó la tutela en segunda instancia decidió investigar disciplinariamente a Ramírez por el hecho de haber presentado la tutela. Eso quiere decir que el jugador podría terminar sancionado por haber tratado de que su caso quedara en otras manos. Mejor dicho, podría terminar sancionado por ejercer el derecho al pataleo.

Esa decisión la tomaron los ex magistrados de la Corte Suprema José Roberto Herrera Vergara (quien es un experto laboralista) y Manuel Isidro Ardila (quien salió recientemente de la sala civil), además del ex director de Fenalco Bogotá Francisco Ochoa Palacio. Su argumento es que según los estatutos de la Fifa y de la Dimayor, está prohibido que los jugadores y los equipos llevan a los jueces las disputas que necen en el fútbol.


Así va el cumplinómetro de Santos al terminar su tercer año

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Mañana Santos cumple tres años de Gobierno y más allá de la evaluación oficial que hizo el Presidente desde el domingo en los principales medios tradicionales, La Silla revisó sus promesas del Plan de Desarrollo presentado en 2010 para hacer una nueva edición de su cumplinómetro. Curiosamente, en lo que mejor le va es en los temas sociales y en lo que va más colgado es en lo que más cacarea el gobierno: infraestructura y restitución de tierras:

La cara naranja representa el resultado de acuerdo con La Silla. La verde refleja los votos que nuestros usuarios van haciendo, sobre si están o no satisfechos con el grado de cumplimiento de cada meta.

Petro: 29 puntos más lejos de su revocatoria

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Esta semana se conoció una encuesta de la firma Cifras y Conceptos elaborada para Caracol Radio y lo que más llamó la atención (a juzgar por los titulares en varios medios) fue que un candidato uribista podría ganarle al Presidente Santos en las próximas presidenciales. Lo que no se ha dicho es que otro módulo de esta encuesta-que no compró Caracol- arroja un resultado ampliamente favorable para el alcalde Gustavo Petro frente al tema de su eventual revocatoria.

Frente a la pregunta de si apoyaría o no el llamado a las urnas para revocar a Petro, el 43 por ciento de los encuestados dijo que sí, el 55 por ciento dijo que no y el 2 por ciento no respondió o no supo hacerlo.

Este resultado es muy diferente al que arrojó la misma pregunta en mayo pasado, cuando el 72 por ciento dijo que sí apoyaría la revocatoria de Petro, el 24 por ciento dijo que no y el 4 por ciento no respondió o no supo hacerlo. Lo que significa una diferencia de 29 puntos entre las personas que dijeron que sí apoyarían la revocatoría del alcalde de Bogotá en mayo y las que dijeron que lo harían a principios de este mes de agosto.

En la pregunta -más concreta- de si ¿usted estaría dispuesto a salir a votar en la revocatoria del Alcalde de Bogotá? esta vez el 40 por ciento dijo que sí, el 54 por ciento que no y el 5 por ciento no supo responder o no lo hizo.

El margen de error de esta encuesta es del 3,3 por ciento y el tamaño de la muestra de 1.831 en cinco ciudades del país (aunque las preguntas sobre Petro sólo se hicieron a los encuestados de Bogotá). 

Así se ve el gobierno de Santos cuando arranca su cuarto año

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Hoy Juan Manuel Santos empieza su cuarto año como Presidente, el último si no es reelegido. La Silla consultó a seis personas (tres analistas independientes, una de las cabezas de la oposición de izquierda, un miembro del equipo de la reelección y una líder de un movimiento independiente) para que evaluaran su gestión hasta el momento. Éstas son sus respuestas:

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Gabriel Silva, miembro de la junta directiva de la Fundación Buen Gobierno

Fuera del proceso de paz ¿qué es lo más importante que ha hecho Juan Manuel Santos? Santos rompió la obsesión monotemática del uribismo con la seguridad y le dió al país una agenda de políticas públicas integral, y ante todo progresista. Esa agenda integral algunos críticos la han interpretado como dispersión cuando en realidad es atender una serie de frentes críticos como la generación de empleo, la lucha contra la desigualdad, la reactivación de las obras públicas, la distribución equitativa de las regalías. Santos universalizó la educación gratuita y la vivienda. Para no mencionar que ha mantenido la economía en rumbo de crecimiento en medio de la crisis mundial y ha roto el aislamiento de Colombia en la región y en el mundo.

 

¿Cuál es la mayor decepción de Juan Manuel santos? Hay un consenso nacional de que es necesario hacer profundas reformas institucionales a la rama judicial. En esta no se pudo.

 

¿Cómo ve las negociaciones de La Habana? Una audacia necesaria que el país respalda porque se hizo sin renunciar a la seguridad y a la autoridad. Corriendo grandes riesgos políticos, en particular la ofensiva perversa de la ultraderecha, Santos entendió que era su obligación histórica. Y la cosa le está saliendo. Se está avanzando en la mesa y ganando en el campo de batalla.

 

¿Santos ha hecho algo histórico? Santos le devolvió la legitimidad a las ideas progresistas, a las reformas sociales y a la lucha contra la pobreza, temas que estaban vedados durante Uribe, guardados en el cuarto de San Alejo. Todo lo que no fuera la seguridad, la llegada de los cruceros a Cartagena y las prebendas a las grandes mineras y a la inversión extranjera, no tenía importancia. Santos hizo de la lucha contra la desigualdad y de la importancia de la intervención del Estado un asunto fundamental.

 

¿Cuál es el principal desafío de santos en su cuarto año? El mayor desafío es no dejarse descarrilar por los embates feroces de la oposición y llevar a buen puerto los programas en curso. Además, impedir que la contienda política y el oportunismo electoral incendien el país como lo han pretendido el uribismo y el Polo.

 

¿Cree que en este momento es viable la reelección de Santos? No tengo duda que si el Presidente decide ir por la reelección tendrá el respaldo de los colombianos. Eso se ve también en las encuestas. Además, las encuestas no reflejan las realidades políticas y el inmenso afecto popular hacia Santos por su moderación, su capacidad de concertación y diálogo, y su sensibilidad social, que no es la populista de Uribe sino la del que lleva soluciones de verdad y de fondo. Escuchen al pueblo y verán que las cosas se ven distinto.

 

¿Y cree que es deseable? Para reelegir las políticas y proyectarlas hacia el futuro, hay que reelegir al hombre. Santos "reloaded" es lo que el país necesita.

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Claudia López Investigadora, Corporación Nuevo Arco Iris

Fuera del proceso de paz ¿qué es lo más importante que ha hecho Juan Manuel Santos? Sacar adelante la Ley de Víctimas y la de Restitución de Tierras. Esas dos iniciativas junto con la de los diálogos de paz en La Habana conforman el conjunto de proyectos que van a permitir cumplir una tarea aplazada en Colombia: la inclusión entre el país rural y el país urbano.

 

¿Cuál es la mayor decepción de Juan Manuel santos? Yo tenía una gran ilusión en que Santos entendiera lo que acabo de decir en la anterior respuesta: que esos tres proyectos funcionan como un paquete para la inclusión de la Colombia rural con la Colombia urbana, pero eso no es así. Y no es así porque Santos no es un reformador, no tiene ni idea de que eso es un paquete. Santos sólo quiere sacar adelante los diálogos en La Habana porque cree que esa es su manera de pasar a la historia y ve las otras dos decisiones inconexas. Esa es una gran decepción.

 

¿Cómo ve las negociaciones de La Habana? Hasta ahora lo único que se puede evaluar de ese proceso de paz es la decisión política de hacerlo y la metodología que se ha usado, y en ambas cosas creo que Santos ha acertado. Es decir, hacer los diálogos -y hacerlos como se están haciendo: con equipos de lado y lado, en otro país...- era lo correcto. Y eso cualquiera con dos dedos de frente lo entiende, luego de 10 años de esfuerzo militar. Bueno, cualquiera menos Uribe.

 

¿Santos ha hecho algo histórico? Nada. Lo único que ha hecho Santos es usar la palabra “histórico” para calificar cualquier babosada que se le ocurre.

 

¿Cuál es el principal desafío de santos en su cuarto año? A Santos le queda por demostrar que es capaz de concretar los acuerdos a los que se llegue en La Habana. También veremos si es capaz de hacerse reelegir con votos propios y no prestados.

 

¿Cree que en este momento es viable la reelección de Santos? Lamentablemente hasta ahora, a pesar de que estamos hablando del que es quizás uno de los peores presidentes en la historia de Colombia, creo que sí es viable porque no tiene rival.

 

¿Y cree que es deseable? Para mí no es deseable la reelección de Santos. Creo que la única razón por la que sería deseable es que se comprometiera con la integración de la Colombia rural y la urbana. Pero resulta que Santos quiere terminar la guerra como quien se quita de encima un mosquito, diciendo algo así como “entreguen las armas y ya”, desconociendo las reformas que están represadas y que son necesarias. Si Santos estuviera dispuesto a hacer una democratización y una labor de integración en el país, yo votaría por él mil veces. Pero ¿cuáles son las grandes reformas que propone Santos para después de firmar la paz con las Farc? ¡Ninguna! Y la tarea no se acaba cuando les quitemos las armas. No se merece la reelección.

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Clara López Presidenta del Polo Democrático

 

Fuera del proceso de paz ¿qué es lo más importante que ha hecho Juan Manuel Santos? Además del proceso de paz -que es la decisión política de buscar una solución negociada al conflicto armado que nosotros apoyamos- yo resaltaría que al inicio de su gobierno Santos hizo grandes esfuerzos por reconducir y reconstruir las relaciones con el continente americano, sobre todo con Venezuela y Ecuador, y acercarse a Unasur.

 

¿Cuál es la mayor decepción de Juan Manuel santos? En vez de continuar por la línea inicial, Santos parece haber dado un viraje y se ha ido desfigurando en los últimos meses. Me decepciona que le ha comenzado a dar la espalda a América Latina -con propuestas como la de la Otan- y que sus cinco locomotoras de desarrollo resultaron siendo solo una, la minera.

 

¿Cómo ve las negociaciones de La Habana? Con mucha esperanza de que pueda darse no sólo el fin al conflicto armado, sino también las bases que permitan una paz sostenible en el tiempo. Pero me preocupa que no hay un diálogo abierto sobre las reformas estructurales que necesita el país para la paz y que deben darse aquí. Mientras avanza La Habana, acá no avanzamos en temas como el estatuto de la oposición, el modelo de desarrollo o el diálogo social.

 

¿Santos ha hecho algo histórico? Ha tenido la intención, pero la palabra escrita no reemplaza a la gestión ni a los resultados. Se ha quedado en las reformas legales, sin que se vean las políticas públicas que permiten llevarlas a la realidad concreta. Y este, la confianza ciega en la palabra escrita, es el verdadero problema “histórico” de Colombia.

 

¿Cuál es el principal desafío de santos en su cuarto año? Sin lugar a dudas, concretar la firma de los acuerdos de La Habana. Y luego, deslindar el futuro de los acuerdos de su aspiración personal por la reelección.

 

¿Cree que en este momento es viable la reelección de Santos? Lo que muestran los sondeos es que Santos es derrotable, pero eso no quiere decir que estén derrotados ni él ni sus políticas. Y es el momento de mostrarnos quienes tenemos ideas políticas diferentes.

 

¿Y cree que es deseable? No, Santos cumplirá su misión dejando firmados los acuerdos de paz. Pero para darles proyección a futuro, Colombia necesita darle un viraje a sus políticas. Necesitamos una paz con cambios.

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Francisco Gutiérrez Sanín (IEPRI)

 

Fuera del proceso de paz ¿qué es lo más importante que ha hecho Juan Manuel Santos? Juan Manuel Santos ha hecho cosas interesantes. Desmontó la pugnacidad con la oposición y la justicia. Ha habido progreso en eso. Ha desmontado parcialmente la ‘paranarcocorrupción’ enquistada en entidades tales como el DAS o la Dirección Nacional de Estupefacientes. También ha avanzado en el tema de la restitución de tierras e hizo retornar a Colombia a la comunidad latinoamericana.

 

¿Cuál es la mayor decepción de Juan Manuel santos? La Unidad Nacional ha funcionado a veces al estilo de los apoyos territoriales a cambio de votos, se ha podido observar como mucha repartidera. En términos de seguridad el Gobierno ha sido muy cercano a los militares, eso se comprobó con el fuero militar y se ha podido percibir por aquello de la estigmatización de los movimientos sociales que claramente es dictada por los militares. Finalmente el tema de la restitución de tierras ha avanzado muy lentamente mientras que Néstor Humberto Martínez ya está preparando una ley para el caso Urrutia.

 

¿Cómo ve las negociaciones de La Habana? El proceso de paz ha sido bien planteado. Especialmente la agenda y el método. Por su parte, los medios han sido torpes en el cubrimiento, palo porque bogas, palo porque no bogas. Hay que entender que el proceso no es fácil, a veces algún actor derrapa, eso sucede. Alcanzar la paz requiere tiempo y no es realista pensar que el proceso llegará a buen puerto en cuestión de meses.

 

¿Santos ha hecho algo histórico? Es una pregunta difícil de contestar ya que eso sólo lo podremos responder dentro de 30 o 40 años. A mi juicio si logra concretar la paz con las Farc, algo que nos sacaría de un mundo y nos metería en otro, estaríamos hablando de un éxito histórico. Aunque no esté tan bien encarrilada como el proceso de paz, la restitución de tierras también puede contribuir a ello.

 

¿Cuál es el principal desafío de santos en su cuarto año? Tiene muchos desafíos. Comunicar mejor, mostrar que está detrás de la restitución de tierras y dar mensajes claros sobre esa política, cambiar la estructura de la coalición política incorporando nueva gente ya que aún se percibe la base uribista, y mostrar hacia dónde va el siguiente período de 4 años. También es importante que muestre que puede asimilar las demandas sociales sin que eso cueste litros de sangre entre los líderes sociales.

 

¿Cree que en este momento es viable la reelección de Santos? No veo por qué no. Lo de Santos es decente. Tiene encuestas con un nivel de aprobación superior al 50 por ciento.

 

¿Y cree que es deseable? Depende. Por ahora las alternativas son la extrema derecha y una franja de izquierda con los verdes, no muy bien definida. Ante eso lo mejor es Juan Manuel Santos. Si surgen otras opciones lo analizaremos.

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Martha Ruiz, Asesora Editorial de Revista Semana

 

Fuera del proceso de paz ¿qué es lo más importante que ha hecho Juan Manuel Santos? Lo más importante, aparte del proceso, ha sido el proceso de restitución de tierras y el reconocimiento de las víctimas. Veníamos de un punto muy bajo de negación de las víctimas y el país necesitaba darles la importancia que se merecen. En esa medida, es estratégico.

 

¿Cuál es la mayor decepción de Juan Manuel santos? Santos le pone una carga de profundidad a todo lo bueno que hace. Por ejemplo, es retrógrado en la relación con los militares, como lo mostró el fuero penal; es neoliberal en lo económico y aunque ha avanzado en restitución de tierras, ese avance es limitado.

 

¿Cómo ve las negociaciones de La Habana? La metodología está bien encaminada pero le falta movilizar más al país para apoyarlo. Lo que me parece preocupante es que el proceso quede sujeto a las intenciones electorales de Santos para su reelección. Tengo la impresión de que él se embarcó en el proceso pensado que era fácil, porque era con una guerrilla derrotada. Así que si se le enreda, le puede dar una patada a todo el proceso.

 

¿Santos ha hecho algo histórico? Sí, el reconocimiento a las víctimas, aunque sea a medias, es un cambio histórico.

 

¿Cuál es el principal desafío de santos en su cuarto año? El mayor reto de Santos es cumplir con sus promesas, especialmente en dos campos. Primero, avanzar en el desarrollo económico y la infraestructura, que son un desastre. Segundo, debe resolver el dilema entre la reelección y el proceso de paz.

 

¿Cree que en este momento es viable la reelección de Santos? Sí, es difícil pero no imposible. Si firma un acuerdo de paz con las Farc, digamos en enero, es totalmente posible.

 

¿Y cree que es deseable? No sé. No sería ni ideal ni catastrófico. Para mí es mejor que, por ejemplo, ‘Pacho’ Santos, pero me quedaría con Antonio Navarro.

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Alexandra Moreno Piraquive, Senadora Movimiento Mira

Fuera del proceso de paz ¿qué es lo más importante que ha hecho Juan Manuel Santos? Lo más importante que ha logrado Santos ha sido superar la crisis con los países vecinos. Estuvimos al borde de un conflicto y en el Congreso estuvimos cerca de discutir la posible incursión de tropas.

 

¿Cuál es la mayor decepción de Juan Manuel santos? La desastrosa política agrícola, un común denominador en todos los últimos gobiernos. En cualquier país es el campesino el que levanta el campo, acá hemos visto que el campo es para los ricos.

 

¿Cómo ve las negociaciones de La Habana? Muy difícil y muy complicada. Sería un milagro llegar a un acuerdo concreto y en medio de tanta bala y tiroteo vamos perdiendo la esperanza.

 

¿Santos ha hecho algo histórico? Ha logrado posicionar a Colombia en la región, haciéndose respetar en el dentro de un ambiente bastante diferente políticamente pero sin acudir a la confrontación. Y el país es más pujante económicamente y atractivo para la inversión.

 

¿Cuál es el principal desafío de santos en su cuarto año? Su reelección, sobre todo porque no ha podido sortear la crisis social que tiene en los paros y en el descontento del sector agrícola.

 

¿Cree que en este momento es viable la reelección de Santos? Está difícil. Debería sacar adelante el proceso de paz, pero tal vez es algo que se le sale de las manos.

 

¿Y cree que es deseable? Creo que un presidente de cualquier corte declararía la guerra. Santos, en cambio, parece seguir apostándole a la paz.

 

 

 

Frenesí Punitivo

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Se requieren menos muertos en las vías; no más presos en las cárceles

La justificada alarma social generada por recientes tragedias causadas por conductores ebrios, ha dado lugar, como suele suceder, (recordemos el caso célebre de cadena perpetua para violadores de niños) a una suerte de "frenesí punitivo". Es necesario- se nos dice- aumentar drásticamente las sanciones por los homicidios derivados de accidentes de tránsito. Se trata de una causa popular que, justamente por serlo, toma vuelo en las instancias políticas. ¿Será ese el camino? 

De entrada, anotemos que las penas no son bajas. El Código Penal contempla como causal de agravación punitiva en el homicidio culposo que el delito se cometa bajo los efectos del alcohol. En tal caso, la pena máxima puede llegar a 15 años de prisión. Francamente la sanción parece bastante severa. No obstante, vale la pena preguntarse si doblarla, como probablemente se propondrá en el Congreso, tendría algún sentido.

Numerosos estudios y el sentido común enseñan que el carácter disuasivo de la pena -su capacidad para moldear la conducta social y evitar que las conductas prohibidas ocurran- es función de dos factores. El primero es la magnitud nominal de la pena; parecería obvio que mientras más onerosa sea ésta, tanto mayor será la tendencia a evitar la conducta prohibida. Sin embargo, esa correlación positiva tiende a perderse cuando se supera cierto umbral. En la práctica, da lo mismo que la pena sea no de 30 años, sino de prisión perpetua.

El otro factor crucial, que suele pasar desapercibido, es el grado de probabilidad de que el autor del delito sea procesado y condenado. La calidad de las cifras relativas a la criminalidad es precaria. Las entidades que producen estadísticas difieren sustancialmente entre sí, lo cual impide llegar a conclusiones ciertas. Sin embargo, son claros los indicios que validan la generalizada percepción ciudadana de impunidad. Veamos: Según la Policía Nacional, en el 2011 hubo 4.293 homicidios en accidentes de tránsito. De otro lado, de acuerdo con información de la Fiscalía, en el 2010 hubo 360 sentencias por homicidio culposo. Suponiendo -lo que nos es verdad- que todos esos delitos son imputables a ebriedad de conductores de vehículos, y que el número de sentencias condenatorias en el 2011 se hubiere duplicado -lo que parece excesivamente optimista- la tasa de impunidad sería cercana al 83%.

Este sumario análisis parece suficiente para concluir que aumentar las penas no tendría efectos positivos. Esto es lo mismo que, con abundancia de información y buen criterio, ha dicho el Fiscal General, Eduardo Montealegre, en un reciente reportaje.  http://www.eltiempo.com/justicia/el-fiscal-eduardo-montealegre-habla-sob...

Abordemos ahora el problema desde otro ángulo: El de las sanciones a quienes conduzcan en estado de embriaguez. ¿Habría espacio para que la comisión creada por el Presidente del Senado proponga una nueva legislación al respecto? Temo que no. A través de la Ley 1548 del año pasado, ya se jugó la carta usual de endurecimiento punitivo. Allí se dispuso que la presencia de 0.2 mg/ 100 ml de sangre, lo cual equivale a una sola copa de alcohol, un patrón más riguroso que el utilizado en casi todo el mundo, da lugar a las siguientes sanciones: una multa cercana a $900.000, inmovilización del vehículo y suspensión de la licencia hasta por 10 años. 

Esto es bastante oneroso, por supuesto, si las autoridades de tránsito detienen a los conductores borrachos antes de que causen un accidente. Por desgracia no es así. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional no puede ejercer sus funciones en las vías urbanas sino previo acuerdo con los alcaldes municipales, en quienes recae la competencia al respecto. Según información proveniente del Fondo de Prevención Vial, en solo 56 municipios, de los más de 1.123 que tiene el país, puede actuar la Policía Vial. En el resto del territorio, la función de prevenir la conducción de automotores bajo los efectos del alcohol corresponde a las autoridades locales. En general, esta tarea no es prioritaria.

Un ejemplo típico de la orfandad en que estamos frente a este flagelo puede ser Palmira, una ciudad con una población cercana a los 300.000 habitantes que tiene 30 policías de tránsito repartidos en tres turnos. Moraleja: si vas a conducir y a tomar licor, hazlo en Palmira...o, en realidad, en cualquier otra ciudad grande o pequeña de Colombia (No te vayas a Miami, el riesgo es mayor).

Descartadas las soluciones fáciles, es imperioso fortalecer la capacidad preventiva y sancionatoria de las autoridades de tránsito. Entre otras cosas se requiere: Capacitar a policías y guardas en la toma de pruebas de alcohol; dotarlos de sensores de consumo de licor suficientes; contar con equipo de grúas para trasladar vehículos inmovilizados y recintos para custodiarlos hasta cuando se paguen las multas correspondientes. Todo esto requiere presupuesto, no leyes (que son gratis).

Lleguemos, finalmente, a la prevención de accidentes, que es el "eslabón perdido" en los recientes debates en los medios de comunicación. Para estos fines se cuenta, desde años atrás, con una institución valiosa que debe fortalecerse: el Fondo de Prevención Vial, el cual, entre otras tareas notables, ha auspiciado las campañas de "inteligencia vial" que se han transmitido por televisión en época reciente. Cursa al respecto en el Congreso un proyecto de ley que habría que revisar con cuidado para estar seguros de que ha sido bien concebido.

Pero más allá de lo que el Estado pueda hacer, es preciso que usted, que me lee, y todos aquellos en los que pueda influir, tomemos cabal conciencia de que licor y automóviles es una mezcla explosiva que puede destruir vidas, como, por desgracia, sucede con frecuencia.

   

La resurrección de Samper

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Hace cerca de 20 años la revista Semana ofreció su portada con el título: La resurrección de Samper. En un par de semanas, éste, que iba muy por debajo en las encuestas, lograba superar a Pastrana, su contrincante a la presidencia de la República. Y ganó.

Para los que no lo saben aún, o no lo recuerdan, o no quieren recordarlo,  a Ernesto Samper, presidente liberal durante el período  1994-1998, se le acusó de haber recibido recursos del narcotráfico para financiar su campaña.  Fueron cerca de 16 millones de dólares que entraron a Samper Presidente,  excediendo y de qué manera los límites permitidos. (US$6 millones de Santo Domingo, US$6 millones del cartel de Cali, US$1,9 millones de Luis Carlos Sarmiento, US$1 millón de Ardila Lülle, US$0,8 millones del grupo Stanfor). Con razón se decía que tenían Presidente propio.

[1]

Después vendrían todos los escándalos: que la compra de la absolución en la comisión de acusaciones de la cámara, el caso del representante Heyne Mogollón (la Yidis de Samper), el robo de la indagatoria al tesorero Medina, la defensa de Serpa, la condena del jefe de campaña Fernando Botero, para entonces Ministro de Defensa, …  y más.

Pero nada logró sacar de la arena política a este señor. Hoy, los que hacen malabares con la opinión pública, como ayer, lo han puesto de nuevo en el ruedo: lo entrevista Amad, Arizmendi lo llama temprano al teléfono, El Tiempo, de Luis Carlos Sarmiento, le publica entrevistas de página entera.  Y el Presidente Santos autoriza su viaje al Catatumbo como mediador, para conversar con los campesinos y levantar el paro. ¿Cómo hará Samper?

Y es que su resurrección no viene sola: su hijo ya es Vice Ministro de Justicia de Santos.  Su para entonces Ministro del Interior, Horacio Serpa, que tampoco vio ni oyó nunca nada de la financiación,  va ahora a encabezar las listas del partido liberal al Senado, según lo afirma el senador Gaviria, director del partido, cuyo padre, siendo Presidente, nombró a Samper Ministro de Desarrollo. (Serpa, el hijo, ya es concejal de Bogotá )

La verdad es que Samper continua reinando. Sus hilos han estado siempre muy activos, bien en la administración nacional, ¿no es designado por Santos para presidir la comisión Palacio Rudas? bien en lo distrital  ¿no era acaso el secretario de Samuel Moreno de su cuerda?

Y para colmo de males, la prensa y pensadores que se dicen independientes, a manera de oráculo también lo consultan.

Claro, el de Samper no es un caso aislado.

¿Hasta cuándo vamos a aguantar esa caterva  política sin hacer algo?

   


[1]

Ver: Reyes, Gerardo. Don Julio Mario. Biografía no autorizada. Ed. B. Colombia S.A. 2003. Pgs. 266-267

 

Lo viable y lo innegociable de las propuestas de participación política de las Farc

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Ayer en la celebración de la Batalla de Boyacá, el presidente Santos llamó a una “Segunda Independencia”, que permita a los colombianos romper para siempre con el yugo de la violencia construyendo una paz definitiva. Esa paz pasa por los diálogos en La Habana y por acuerdos sobre el segundo punto de la Agenda, que es la participación política de los guerrilleros. La Silla revisó las diez “propuestas mínimas de participación política” que presentaron las Farc y el segundo comunicado en el que las aterrizan y se vuelve más evidente que son para que se les apliquen a ellos y no a la oposición en general. Con base en estas propuestas, La Silla analiza qué sería negociable y que parece inviable.

Negociable

La explicación de La Silla

No negociable

Asamblea Constituyente

 

Las Farc proponen una Asamblea Constituyente que haga los cambios institucionales permanentes que les permita a todos los guerrilleros, incluidos los que están presos, elegir y ser elegidos y conformar partidos políticos. Entre estos cambios, ellos proponen la “eliminación permanente de cualquier prohibición o impedimento que pueda afectar el pleno ejercicio de cualquiera de esas investiduras” por parte de los guerrilleros.

Una Asamblea Constituyente como tal no parece viable. Primero, porque Santos lo ha vuelto “un punto de honor” y porque eso abriría la compuerta, entre otras cosas, para que los guerrilleros terminen legislando sobre todo –incluido el modelo económico- y para que se introduzcan reformas como la posibilidad de una segunda reelección que permita el regreso de Álvaro Uribe al poder.

Tocaría buscar otras fórmulas jurídicas para hacer una reforma constitucional que les de seguridad jurídica a los acuerdos (y a ellos), incluido el de participar en política a pesar de haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad. Para eso, precisamente es el marco para la paz (que ahora las Farc dicen que no les gusta). Este permitiría que la mayoría de los guerrilleros (incluso los presos) puedan elegir y ser elegidos. Pero algunos de los jefes tendrían que pagar una condena. Qué tipo de condena es lo negociable.

Tampoco es negociable la eliminación permanente de cualquier prohibición o impedimento para ser elegido pues eso significaría que los guerrilleros estarían inmunes hacia el futuro de cualquier pérdida de investidura.

Facilitar su llegada al Congreso

El otorgamiento de curules directas sería un sapo difícil de tragar pero es negociable, dependiendo del número. Más fácil sería permitir una circunscripción de paz durante un tiempo determinado que baje el umbral para los partidos que surjan de la firma del Acuerdo. Esto implicaría, casi que necesariamente, bajar también el umbral para los partidos pequeños que están en riesgo de desaparecer.

Las Farc proponen crear las condiciones para que puedan convertirse en un partido legal, que incluiría la posibilidad de que un partido pueda tener personería jurídica solo con su inscripción e independientemente de un umbral. Piden que se les asigne, en forma directa, un número de curules en el Congreso y en las asambleas y concejos. Y además, proponen crear una “circunscripción especial de paz” para "partidos o movimientos políticos y sociales que surjan como resultado de la firma de un eventual acuerdo de paz,” que operaría durante el tiempo, con el umbral y con las curules que se definan en el Acuerdo Final. Sería algo equivalente a la circunscripción especial para minorías étnicas.

La propuesta de eliminar el umbral va en contravía de las últimas reformas políticas que buscan acabar con los partidos de garaje. Además tendría implicaciones financieras grandes en cuanto a la financiación de partidos que surjan solamente con llenar un formulario, con lo cual sería inviable la propuesta tal cual.

Un estatuto para la oposición

La reformulación explícita de la doctrina militar no parece viable políticamente porque los militares se opondrían y sería el perfecto caballito de batalla para el uribismo, cuyo eje es la seguridad. Sin embargo, en la práctica si desaparecen las Farc la doctrina militar tendrá que cambiar pues habría desaparecido el principal enemigo que la sustenta.

Las Farc proponen un estatuto para la oposición que incluiría reformular la política de seguridad del Estado y la doctrina militar y policial “para desproveerlas de los contenidos propios de la “guerra fría”" y "en la concepción de persecución y combate al “enemigo interno”'; el derecho de réplica cuando el Gobierno atente contra el buen nombre de la oposición; participación en la conformación de mesas directivas y comisiones del Congreso; la última palabra antes de la conclusión en los debates del Congreso; participación en la vigilancia de procesos electorales; consulta previa en asuntos de interés nacional como las relaciones exteriores, la seguridad y defensa o la justicia.

Cuando Germán Vargas era ministro del Interior propuso un Estatuto para la Oposición que, tres años depsués, no se ha concretado con el Polo Democrático, lo que muestra que es un tema difícil. Sin embargo, el que ya haya sido una iniciativa del gobierno muestra que es un tema negociable.

Financiación para su partido

Este tema es espinoso porque de la plata con la que cuente un partido depende en parte su éxito electoral. Con razón, partidos de izquierda como el Polo podrían alegar que darle esa plata adicional a las Farc los pondría a ellos –que han actuado dentro de la legalidad- en desventaja. Máxime si las Farc no entregan la plata que han obtenido ilegalmente y que excede con creces esos 2.500 millones de pesos.

Sin embargo, hay un diez por ciento de estos recursos que hoy no se asignan porque la Corte Constitucional declaró inexequible el criterio por el cual se distribuían. Ese porcentaje podría ser negociable con una reforma legal y quizás si se distribuyera entre todos los movimientos de oposición y no solo las Farc.

Las Farc piden para el partido que ellos creen una financiación estatal complementaria a la que ya tienen los partidos y movimientos de oposición, que equivaldría a un 10 por ciento del total de los recursos públicos asignados para la financiación de los partidos políticos y movimientos sociales. En el 2009, el Estado aportó casi 25 mil millones de pesos para financiar los partidos políticos, según la información del MOE. Esta plata se asigna proporcionalmente al número de votos obtenidos. Lo que quisieran las Farc es que, además de lo que ya les dan a todos los partidos, les sumaran a ellos 2.500 millones más apróximadamente (esta cifra se ajusta cada año)

 

Asientos por derecho propio

Darles un puesto en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que es un cuerpo consultivo del Presidente de la República para asuntos exteriores, sería viable porque fuera de estar integrado por los expresidentes, por el vicepresidente y por 12 congresistas, el Presidente puede nombrar dos miembros adicionales. Estos dos puestos podrían ser para la oposición si así lo decidiera el presidente.  

Las Farc proponen que la oposición tenga un asiento en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y en la Junta Directiva del Banco de la República. También que los candidatos a Presidente y Vicepresidente, Gobernador y Alcalde, que pertenezcan a los partidos o movimientos declarados en oposición y que sigan en votos a quienes sean elegidos en esos cargos, ocuparán una curul en el Senado, Cámara Territorial, Asamblea y Concejo, respectivamente, durante el período para el cual se hizo la correspondiente elección. También proponen tener un representante de las Farc en el Consejo Nacional Electoral, que esperan que sea elegido popularmente.

La propuesta de tener un asiento en diferentes instancias es similar a la que le hizo el Polo a Vargas Lleras cuando discutieron el estatuto de oposición y es lo que en gran parte frenó la discusión.

Especialmente la silla en el Banco de la República no parece negociable porque la idea de la Constitución fue hacerla totalmente independiente del juego político y es difícil de argumentar que tomaron las armas por no participar allí.

En teoría, en el Consejo Nacional Electoral ya la oposición tiene un puesto. Pero en la práctica los partidos grandes hacen la vuelta para que llegue uno de ellos como sucedió con el PIN, que es el que ocupa esa curul hoy, a pesar de que vota siempre con la Unidad Nacional. Sin embargo, negociar que uno de esos 8 puestos en el CNE vaya directamente a las Farc seguramente contaría con el rechazo de los demás partidos pequeños.

Acceso a medios

Financierle a las Farc programas en emisoras regionales en donde tienen presencia o incluso un noticiero nacional, como sucedió cuando se desmovilizó el M-19, o garantizarles un número de minutos al mes en televisión, como lo tienen actualmente todos los partidos, podría ser negociable.

Más allá del acceso a los medios de comunicación que ya tienen todos los partidos políticos, las Farc piden para el movimiento que ellos creen como fruto del Acuerdo de Paz, que el Estado les financie un diario impreso, una revista de análisis político, una emisora y un canal de televisión de cobertura nacional. Eso además de participación en la programación de los medios públicos estatales.

Que el Estado les financie una revista, una emisora y un canal de televisión de cobertura nacional es una propuesa inviable por lo que cuesta cada uno de estos medios (Para dar solo una idea, sostener una operación tan pequeña como La Silla Vacía cuesta más de 600 millones de pesos al año). Además, los guerrilleros no se fueron al monte por falta de tener sus propios medios y muchos desmovilizados cuentan con columnas en los medios tradicionales.

Reparación a la UP

Después del fallo del Consejo de Estado que recientemente les devolvió la personería jurídica, es viable devolverle a la UP cinco puestos en el Senado (menos del cinco por ciento del total de curules) y nueve en la Cámara. Ahí la discusión es sobre quiénes ocuparían esas curules, cuál sería el procedimiento para escogerlos y qué injerencia tendrían las Farc en eso.

Las Farc piden una ley que reconozca expresamente la responsabilidad estatal por el exterminio de este partido surgido de los acuerdos fallidos de paz con las Farc en 1985 y la devolución de sus curules al momento de mayor representación en el poder legislativo en todos sus niveles. En 1986, cuando mejor le fue electoralmente, la UP alcanzó a tener 5 senadores, 9 representantes, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes.

 

Acabar con la mano negra

El desmonte de la “mano negra” es un imperativo del Estado, una necesidad para los colombianos y algo a lo que Santos se comprometió con los colombianos a hacer desde un inicio, se firme o no un proceso de paz.

Ya una Comisión de la Verdad sobre todos los crímenes cometidos en el conflicto es complicado pues hay mucha reticencia en todos los sectores a establecer la verdad de los hechos. De parte de los militares hay resistencia, como se vio con la defensa del Palacio de Justicia que hizo Rafael Nieto en la Cidh; de parte de los sectores empresariales y políticos que financiaron y respaldaron a los paras; y de parte, incluso, de la misma guerrilla, que cometió tantas atrocidades que seguramente no querrá que se desentierren si aspiran algún día a ser elegidos con algún voto.

Sin embargo, una Comisión de la Verdad para todas las atrocidades sí es negociable y suele ser un desenlace frecuente en muchos procesos de paz.

Las Farc proponen el desmonte real de las estructuras paramilitares “y de toda práctica ilegal de contrainsurgencia que impida el libre ejercicio del derecho y las garantías a la oposición política y social”.  Para eso piden una política criminal orientada a desmontar esas prácticas y una Comisión de la verdad histórica para el esclarecimiento de sus crímenes, con la participación de representantes de la oposición política y social y del movimiento de víctimas e integrado por colombianos y extranjeros. Proponen que esta comisión estudie la violencia desde los años 40 y que para ello, revise los archivos de los organismos de inteligencia y las actas de los consejos de ministros desde esa época..

 La Comisión de Verdad sería innegociable si solo es sobre el “terrorismo del Estado” como quieren las Farc.

La #RechiflaNacionalcontraSantos fracasó en Medellín (pero le apunta a Barranquilla)

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Ayer estaba citada una manifestación contra el presidente Juan Manuel Santos, en Medellín. Como continuación de su éxito en los chiflidos en Cali por su ausencia de la inauguración de los juegos mundiales, en Twitter muchos uribistas y algunos miembros del PoloDemocrático impuslaron esa la actividad con el HT #RechiflaNacionalparaSantos que, como contó La Silla, ya venía de atrás. Pero en Medellín no les fue bien.

Primero, porque aunque algunos trinos decían que la manifestación iba a ser multitudinaria

finalmente solo llegaron entre 200 y 300 personas, como se ve en los videos que han subido a internet los manifestantes, como éstos:

Mientras que en Cali el tamaño del público en el estadio y el sonido de los chiflidos dejaron la idea de un rechazo multitudinario, la manifestación de ayer dejó la idea de que el movimiento es de pequeños grupos sin mayor poder de convocatoria.

Segundo, porque Santos hizo que el evento en Medellín, y su tradicional discurso en el Puente de Boyacá estuvieran cerrados al público. Con eso evitó ser interrumpido por chiflidos y que se produjeran imágenes como las de Cali, pero también dejó en el ambiente la sensación de que tenía temor a esas manifestaciones.

Y tercero porque los organizadores no pensaban enfrentarse a medidas de seguridad con soldados, Esmad y tanquetas. Ese dispositivo de seguridad dificultad terminó siendo motivos de críticas de los manifestantes, que incluso hablaron de represión

pero que en todo caso redujo el impacto de la manifestación.

Igual los impulsores siguen en campaña. Propusieron que en el próximo partido de la selección, el 6 de septiembre en Barranquilla, haya una nueva chiflada. Como el estadio seguramente va a estar lleno y el partido va a tener la atención de buena parte del país, cualquier chiflada va a tener mucho más eco. Ahí se verá realmente cómo está la temperatura.


La novela detrás de la elección de Galán en la Comisión Primera

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Este martes el liberal Juan Manuel Galán salió elegido presidente de la Comisión Primera del Senado, en un apretado 'voto-finish' en el que le ganó a Manuel Enríquez Rosero (de la U) por apenas dos votos, 9-7. Lo que no se ha sabido es que detrás de la elección hubo un pulso fuerte que a último minuto logró inclinar la balanza a favor de Galán, con el apoyo del Gobierno.

Según los acuerdos del 2010, la presidencia de la Comisión le correspondía a Cambio Radical, pero la condena de Javier Cáceres por parapolítica dejó a ese partido sin representación en la Comisión. La U respaldó la aspiración de Enríquez Rosero, pero su cercanía con el uribismo generó preocupación en el Gobierno, sobre todo porque en esta legislatura la comisión tratará temas claves como una reforma que permita salvar a los partidos pequeños de perder la personería jurídica si no superan el umbral. Y, sobre todo, la reglamentación del Marco Jurídico para la Paz.

El problema del gobierno para convencer a los de la U -el partido originario de Santos- de apoyar a Galán, es que en ese partido sentían que los liberales ya estaban ocupando demasiados cargos claves en el Congreso justo el año de las elecciones, comenzando con la presidencia del Senado ahora en manos de Juan Manuel Cristo.

En La U sentían que aunque ellos venían de ocupar esos dos mismos cargos, con Roy Barreras y Karime Mota, no es lo mismo tenerlos en un año no electoral; los liberales señalaban que igual, como La U tiene la presidencia de la Cámara con Hernán Penagos, ese partido consolidaría demasiado poder. En medio de esa puja el senador verde, Jorge Londoño, surgió como una posible tercería. Según supo La Silla, en un punto los apoyos alcanzaron a quedar empatados a seis votos.

Y así comenzó el trabajo detrás de bastidores, en el que el apoyo de Simón Gaviria -director del Partido Liberal y con quien Galán ha tenido roces- resultó clave para alinear los votos necesarios para que el liberal ganara. Para eso el apoyo del Gobierno al parecer fue clave. Aunque iba directamente en contra del partido de Santos, para el Presidente es prioridad no entorpecer el trámite de la reglamentación del Marco para la Paz.

Aunque la votación fue secreta, La Silla pudo establecer que los galanistas lograron el apoyo del PIN - que al final, con Hemel Hurtado, se quedó con la vicepresidencia de la Comisión. Y también de varios de los senadores que, como John Sudarsky y Luis Fernando Velasco, habían prometido respaldar una candidatura del verde Jorge Londoño, quien declinó en el último momento (y, según supo La Silla, votó por Enríquez).

La derrota de Enríquez Rosero estuvo en que al menos dos senadores conservadores o de La U no votaron por él, posiblemente porque algunos como Roberto Gerlein estaban molestos por su voto a favor del matrimonio igualitario. De ser así, paradójicamente habrían terminado por darle la presidencia a otro impulsor del matrimonio igualitario, Galán.

Se desuribiza la revocatoria a Petro

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Hace dos meses, cuando la Registraduría estaba a punto de avalar las firmas necesarias para convocar a una revocatoria en contra del alcalde de Bogotá Gustavo Petro, La Silla anticipó que la revocatoria se abriría paso y varios aprovecharían para montarse en ese bus. Hoy que la Registraduría expidió hace una semana un segundo acto administrativo en el que vuelve a avalar las firmas (acto que sale luego de una tutela fallada a favor de Petro, quien invocó respeto al debido proceso), tres nuevos políticos se suman de frente a la iniciativa.

Dos curiosidades: lo hacen en momentos en los que la revocatoria pierde impulso entre los ciudadanos, según una encuesta de Cifras y Conceptos publicada por La Silla. Y dos, ninguna de las tres figuras es uribista, sino que todas vienen del liberalismo, y no harán campaña al lado de Miguel Gómez (el representante uribista que recogió las firmas), lo que podría desvirtuar la tesis petrista de que la revocatoria es un proyecto politiquero del uribismo y de la derecha.

Se trata de los liberales David Luna (excandidato a la Alcaldía y exviceministro de Trabajo de Santos), Miguel Uribe Turbay (concejal apadrinado por Simón Gaviria, jefe del Partido Liberal), y del cabildante de Cambio Radical -cuyo origen es liberal- Roberto Hinestrosa. Los tres harán campaña activa en los barrios de la ciudad buscando votos para que Petro se vaya del Gobierno. 

Luna y Uribe Turbay ya comenzaron a trabajar y además lo harán juntos. La Silla supo que desde hace unos dos meses, vienen visitando cada una o dos semanas las localidades (ya han visitado seis) explicando por qué según ellos Petro ha incumplido con su Plan de Desarrollo. Son reuniones pequeñas a las que, hasta ahora, asisten entre 100 y 200 personas, según se lo explicó Luna a La Silla. 

Aunque en principio no eran recorridos abiertamente pro revocatoria, las reuniones siempre fueron concebidas como encuentros para hacer fuertes críticas a la Administración, lo que evidencia que Luna (quien en 2011 fue contendor de Petro por la Alcaldía y sacó 93 mil votos) podría estar interesado en lanzarse de candidato si la revocatoria logra su cometido.

Luna, no obstante, le dijo a La Silla hace unos días que está “feliz” en el sector privado y Miguel Uribe tampoco confirmó el asunto, aunque sí dijo que apoyaría a David en caso de que aspirara si hay elecciones atípicas.

El concejal liberal dice que tomaron la decisión de irse de frente contra Petro bajo dos premisas: no harán campaña ni partidista ni ideológica y trabajarán con argumentos: “A partir de que la Registraduría vuelve a avalar las firmas, este tema deja de tener dueños o de pertenecer a un partido en particular y se convierte en un tema de Bogotá”. 

Y con respecto a lo de los argumentos, Miguel Uribe cuenta que entre él y su amigo David Luna están preparando un programa que tendrá 10 ó 20 puntos con “las promesas incumplidas, los desaciertos gerenciales y las afirmaciones inexactas” del Alcalde, para hacer campaña por la revocatoria. 

La Silla pudo precisar que en concreto este programa se referirá -entre otros asuntos- al nuevo esquema de las basuras, a la promesa de construir mil jardines infantiles, a la jornada única escolar y a implementación del SITP y su doble tarjeta. 

“La nuestra será una campaña política, por supuesto, pero no politiquera, en la que trataremos de ser muy respetuosos. En ese sentido no nos interesa, por ejemplo, servirnos del pasado guerrillero de Petro para promover la revocatoria”, agregó Uribe Turbay.

El concejal de Cambio Radical Roberto Hinestrosa, por su parte, le dijo a La Silla que hará campaña en los barrios y en las redes sociales a favor de la revocatoria, pero “como ciudadano y no desde mi partido”, pues Cambio Radical (al igual que el Partido Liberal y el resto de colectividades de la Unidad Nacional) no impulsará la revocatoria a Petro. Al menos, no oficialmente, pues concejales opositores como Orlando Parada, Javier Palacio y Clara Lucía Sandoval, todos de La U, están dispuestos a mover toda su gente si la revocatoria es convocada. 

A diferencia de Luna, Uribe Turbay e Hinestrosa, los cabildantes Parada, Palacio y Sandoval sí son uribistas por lo que su apoyo a la revocatoria confirma la tesis de petristas como Guillermo Asprilla (exsecretario de Gobierno), quien afirma que la pelea alrededor de Petro es entre la izquierda y la derecha. Con la lanzada al agua de David Luna, Miguel Uribe y Roberto Hinestrosa será más difícil justificar esa tesis.

Hinestrosa ha dicho que no se subirá a la tarima a hacer campaña pro revocatoria al lado de Miguel Gómez, básicamente por un tema de partidos, pues uno es de La U y el otro de Cambio Radical. Luna y Uribe Turbay aún no han tomado una decisión al respecto (“No se si vamos a salir a hacer campaña con Miguel Gómez”, dice Miguel Uribe), pero podrían decidir no hacerlo a juzgar por su rechazo a que se personalice la iniciativa.

La encuesta del MIRA

Hay otro asunto que contribuiría a desuribizar la revocatoria a Petro y que fue conocido por La Silla: se trata de una encuesta que el Movimiento MIRA (quien no hace parte de coaliciones de gobierno y trabaja de manera independiente) mandó a hacer a la firma Cifras y Conceptos para conocer el clima por dentro de la colectividad y que consultó a sus militantes sobre la revocatoria de Petro.

Aunque los grafólogos del alcalde Petro invalidaron 271.500 firmas, la Registraduría (que tiene la última palabra) sólo invalidó 1.897 firmas luego de ese informe. Foto: Juan Pablo Pino

Dos fuentes conocedoras del tema le confirmaron a La Silla que el resultado frente a la pregunta sobre el apoyo o no a la revocatoria de Petro es que la mayoría estaría dispuesto a salir a votarla y que más o menos la mitad lo haría por el sí y la otra por el no.

Aunque la posición oficial del MIRA es la de no apoyar la revocatoria, la posición de sus militantes (que no son pocos: el candidato del MIRA a las elecciones pasadas sacó 59 mil votos y la bancada en el Concejo, con lista cerrada, sacó 75 mil votos) podría terminar sumando al umbral que tiene que ser de 1.234.214 personas.

Al respecto, el senador Carlos Baena (presidente del MIRA) reiteró a La Silla que la posición del movimiento es la de no impulsar la revocatoria pues comparten muchas de las políticas sociales de Petro, pero que de todas formas sus militantes están en libertad de salir a votar si quieren.

¿Y el día después de Petro?

Aunque, como lo ha dicho La Silla, la revocatoria necesitaría un milagro para pasar el umbral, una de las preguntas que quedan con anuncios como el de estas tres figuras liberales es si ya tienen pensado un plan para sacar a Bogotá del hueco en el que para ellos está la ciudad, en caso de que lograran su cometido.

El concejal de la ASI Juan Carlos Flórez (crítico de Petro, pero no aliado de la revocatoria) lo plantea así: “De la misma manera en que los ciudadanos descontentos con Petro tenemos derecho a exigirle que deje a un lado los anuncios propagandísticos y gobierne, también tenemos derecho a preguntar a los pro revocatoria ¿qué acciones, qué nombres y qué planes tienen para la ciudad si la revocatoria gana?"

Los principales promotores de la revocatoria -el grupo del representante Miguel Gómez- aún no han pensado en esto. Por lo menos, no se lo han planteado en términos de pensar en un candidato a la Alcaldía o de un plan de gobierno. Así se lo dijo a La Silla un miembro de ese equipo ya que Gómez decidió hace unos meses no hablar con La Silla porque la considera “petrista”. 

Aunque Gómez ha dicho en entrevistas que no descarta ser candidato a la Alcaldía de Bogotá, esa aspiración no podría ser en elecciones atípicas, en caso de que triunfe la revocatoria, pues estaría inhabilitado y su pelea tendría que dar por un periodo completo de cuatro años.

El alcalde Gustavo Petro tendrá que decidir si apela o no el nuevo acto de la Registraduría, pero deberá tener en cuenta que la segunda instancia es el Registrador Nacional. Foto: Juan Pablo Pino
Carlos Fernando Galán podría jugar en las próximas elecciones a la Alcaldía. Foto: Laura Rico
El representante uribista Miguel Gómez. Foto: Juan Pablo Pino

En el caso hipotético de que la revocatoria saliera adelante y tumbaran a Petro antes de diciembre, se tendrían que convocar a nuevas elecciones en la ciudad. Si la revocatoria sale después de ese mes, el nuevo alcalde sería elegido por el Presidente de terna conformada por miembros de progresistas.

En cualquiera de estos escenarios, el nuevo Alcalde estaría obligado a cumplir con el Plan de Desarrollo de Petro pues si lo tumban es por incumplir con esta propuesta. 

Miguel Uribe, David Luna y Roberto Hinestrosa tampoco tienen un candidato a la Alcaldía o un plan “para el día después”, pero los tres coinciden en que hay que rodear a un aspirante que sea un gerente. 

Por su parte, el excandidato a la Alcaldía y exconcejal Carlos Fernando Galán no está apoyando la revocatoria y de hecho ha aclarado que sus críticas al Alcalde no significan que lo quiera ayudar a tumbar, pero sí podría estar pensando en una candidatura: La Silla supo que Galán tiene trabajando un equipo que lo está ayudando a hacer una minuciosa evaluación, sector por sector, de la administración de Petro, aunque no precisamos si es para armar un plan de gobierno. 

Consultado por La Silla, Galán confirmó lo del equipo y dijo: “No descarto aspirar, pero aún no he tomado ninguna decisión. 

La conformación de ese equipo evidencia que podría entrar a jugar si Petro es revocado y convertirse en la carta de algunos de los promotores de la revocatoria que tendrán en cuenta los 285 mil votos que sacó a la Alcaldía. 

En cualquier caso, habrá que esperar la decisión que tome Petro y su equipo de abogados frente al nuevo acto administrativo que avala las firmas (del cual se notificó hoy en la Registraduría Distrital), pues aún tienen la opción de apelarlo e impugnarlo lo que podría tomar unos cuatro meses más. El Alcalde no ha tomado ninguna decisión aún, según confirmó La Silla con Guillermo Asprilla. Entre los petristas hay un debate interno sobre si Petro debe usar las herramientas a las que tiene derecho y que se dilate el llamado a las urnas o si -como lo dijo en un trino hace poco- deja que la Registraduría convoque la votación de la revocatoria de una vez.

Y si el llamado a urnas finalmente se hace, como ya lo dijimos, no la tendrán tan fácil los promotores de la revocatoria. Por mucho que la desuribicen.

Antes de que desaparezca lo íntimo

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Por Vivian Newman

Fue después de ver los 10 cuadernos que le mostraban las autoridades egipcias con la impresión de todos sus emails desde que abrió su cuenta de Gmail que Ilan Grapel supo que tenía que cambiar su estrategia de defensa.  En ese momento, confirmó que dejaba de ser el joven israelí- estadounidense de 27 años que había viajado al Cairo para ayudar a los refugiados de Iraq y Sudán, pues se había convertido en un peligroso espía privado de su libertad.

¿Su pecado? Estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado y con los conocimientos equivocados. Llegó en mayo/11, justo después del estallido de la Primavera Árabe en Egipto. Sus dos nacionalidades y sus conocimientos de árabe sonaban extraños e inmediatamente se levantaron sospechas. ¿De qué? De desestabilizar al país, de lo que fuera.

El email o gchat escrito hacía varios años, más para alardear que otra cosa, en el que le decía a una joven que quizás mandaría su cv a un puesto del servicio secreto que ofrecía un curso intensivo de árabe, era una de las pruebas que lo inculpaban.  Sobre todo porque en el interrogatorio, cuando le preguntaron si alguna vez se había interesado en el servicio secreto, no recordó que hubiera escrito esto.

Las demás pruebas con las que armaron el caso las sacaron de las redes sociales.  Había fotos de cuando Ilan prestó el servicio militar obligatorio en Israel, de cuando resultó herido en Líbano prestando servicio, e incluso una foto suya en una manifestación de la primavera árabe con un cartel que se burlaba de la forma como Obama interpretaba la revuelta. Ninguna de estas imágenes es por si misma incriminadora.  Son fotos provocadoras que la juventud (y también gente no tan joven) cuelga en internet porque sí, pero que sacadas de contexto pueden hacer mucho daño.

El caso de Ilan, con su cara de sirio, y su mirada de yo no fui, me pone a pensar en la forma como llegó a ser víctima de las autoridades del Cairo que parecían buscar un chivo expiatorio, pues sólo lo soltaron a cambio de 25 presos egipcios.  ¿Cómo un estudiante de derecho termina detenido, aislado cinco meses y canjeado por presos? ¿Será culpa de Internet?

Es verdad que el Internet ha vuelto a la gente más exhibicionista y más voyerista. Pero esto no es delito. Sucede que con las tecnologías modernas, las claves ya no protegen lo íntimo ni evitan la vigilancia que muchos gobiernos están ejerciendo sobre la ciudadanía. El lío se arma más bien porque el mundo digital y las tecnologías modernas, como cualquier herramienta, pueden ser utilizados para el bien o para el mal. Como la realidad va más rápido que el derecho y no hemos legislado con contundencia sobre las comunicaciones digitales que cambian todos los días, entonces se abusa de estas tecnologías y no pasa nada. Así, aunque Snowden denuncie que el gobierno norteamericano nos está vigilando masivamente, sólo logra que el vigilante transgresor menosprecie la intimidad y lo persiga.

No creo, como dice un email que circula en la red que, junto con las oficinas de correos, el cheque y el teléfono fijo, la privacidad sea una especie en vías de extinción.  Eso sería muy fácil y muy dañino. Puede más bien que el concepto de privacidad sea más laxo cuando se es más joven. Y que no se midan las consecuencias de todas esas intimidades que se comparten, que quedan en la red, volviéndonos más vulnerables.  Siempre habrá después quién se beneficie y quién se perjudique con nuestros datos personales.

Con todo, la solución no debería estar en acabar con la intimidad. Creo más bien que somos nosotros quienes debemos despertarnos y exigir un manejo adecuado a nuestros datos personales.  Las múltiples cámaras de video instaladas en las calles, en los centros comerciales y en las entidades públicas, la inspección masiva de los gobiernos en la red,  así como los meta-datos recolectados por los proveedores de servicios de internet que arman perfiles basados en nuestro comportamiento en la web (y están obligados a entregarlos al gobierno) ameritan regulación.

Así lo pensó un conjunto de organizaciones internacionales que creó los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones. Acordaron límites a la vigilancia en los nuevos contextos tecnológicos, donde el costo de minería y almacenamiento de grandes cantidades de datos es cada vez menor y el Estado parece tener carta blanca para ejercer vigilancia sobre la ciudadanía y lo que se cuelga o circula en la red. Estos principios deben aplicarse sin importar si el Estado está haciendo investigación criminal o investigación de inteligencia, si busca la seguridad nacional, el orden público o cualquier otro fin constitucional, al igual que si se encuentra frente a colombianos o extranjeros.

Ilan Grapel está ahora en Colombia, haciendo una pasantía en justicia transicional comparada. Dice que no cree que una cosa semejante a lo que pasó en Egipto pueda pasarle en Colombia. En los tiempos que corren, yo no me confiaría ni aquí ni en Cafarnaum!

 

Los cultivos de coca sí cayeron, pero no tanto como dice el Gobierno

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El censo anual de cultivos ilícitos de 2012, que fue lanzado ayer, marca una caída histórica en la coca plantada en el país, pero la medición podría ser menos exacta que de lo que parece a primera vista.

Ayer se lanzó el más reciente censo anual sobre cultivos ilícitos, que trajo una excelente noticia para el país: los cultivos de coca disminuyeron en un 25 por ciento en el último año y se encuentran en 48 mil hectáreas, su punto más bajo desde los años noventa, según el informe que hizo la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

El problema es que si bien los cultivos sí están disminuyendo, detrás de estas cifras hay una realidad más compleja que hace que la medición no necesariamente sea la misma hoy, seis meses después. Es decir, era la foto de un instante preciso y un instante en el que acababan de concentrar todos los esfuerzos de fumigación y erradicación manual. El informe, además, trae varias alertas sobre los retos que tiene el Gobierno para mantener esa tendencia a la baja.

Estas son las tres conclusiones que sacó La Silla al revisar el informe, que está listo desde junio pero que se hizo público hasta ayer.

Sí hay menos coca cultivada, pero no necesariamente tanto como se pensaba

    Es un hecho que los cultivos de coca disminuyeron el año pasado en todo el país, pero esa cifra no refleja la realidad actual de los cultivos.

    La razón es que la Unodc mide el tamaño de los cultivos cocaleros usando imágenes satelitales que se toman el último día del año, aprovechando que esta época de verano es la que tiene cielos más despejados. Dos personas que conocen el programa por dentro, le contaron a La Silla -y el informe lo confirma- que el año pasado el Gobierno concentró buena parte de los trabajos de erradicación manual y sobre todo de aspersión en el último trimestre del año, con lo que las imágenes que dieron pie al censo fueron tomadas muy poco tiempo después.

    Por esta razón, las imágenes satelitales no alcanzan a capturar cuántas de las hectáreas destruidas se resiembran después, un dato clave porque muchos de los cultivos erradicados o asperjados vuelven a ser sembrados en los meses de invierno. La misma Unodc calculó que la tasa de resiembra de 2011 a 2012 había sido del 50 por ciento, por lo que en estos seis meses los expertos y las comunidades locales ven que ya ha cambiado. Sobre todo porque la primera época de resiembra es la temporada lluviosa entre enero y febrero.

    Eso demuestra que los cultivos sí han disminuido, pero que una parte de la caída es más coyuntural que permanente. Es decir, se trata de la foto del mejor instante y no del resto del año.

    La estrategia del Gobierno de cambiar los cronogramas y concentrarlos al final del año se puede deber a que en 2011 los cultivos subieron de 63 a 65 mil hectáreas, un resultado que generó profundas molestias en el Gobierno. E incluso tensiones dentro del mismo gabinete, con el Ministro de Defensa pidiéndole a Naciones Unidas no publicar las cifras y el Ministerio de Justicia avalándolas.

    Con este cambio en los cronogramas, la diferencia en la coca sembrada podría ser hasta de las dos terceras partes. Eso significa que, si la caída real fuese de un 8 por ciento en los cultivos, sería similar a la de los últimos gobiernos. Al fin y al cabo, en la época de Andrés Pastrana cayeron 9 por ciento anual, en la de Álvaro Uribe un 8 y un 5 por ciento anual -en cada uno de sus gobiernos- y un 11 por ciento en el primer año de Santos, antes del repunte de 2011.

    Además, hay dos cambios que contribuyen a que no esté claro en cuánto va la resiembra. Hasta hace un año se hacían dos mediciones intercensales a lo largo del año -una en abril y otra en septiembre- que permitían identificar si había una tendencia a la resiembra en ciertas zonas escogidas al azar. Adicionalmente, hasta hace dos años se hacía un estudio completo de resiembra a mediados de año.

    Hoy en día, al parecer por falta de recursos, solo se hace una medición intercensal que teóricamente comienza ahora en agosto. Sin ese estudio ahora, es probable que toque esperar hasta julio del próximo año para saber si de enero a acá han crecido los cultivos, ya que las mediciones intercensales no son públicas.

    Mapa del informeMonitoreo de cultivos de coca (2013) de la Unodc

     La coca se concentró en resguardos, consejos comunitarios, parques nacionales y fronteras

    Uno de los datos preocupantes del último censo es que pese a las reducciones en áreas claves como las montañas de Nariño y Cauca, el nudo de Paramillo o Guaviare, la coca está todavía muy concentrada en los territorios colectivos -en resguardos indígenas y sobre todo en los consejos comunitarios afro-, en las zonas aledañas a los parques nacionales y en las fronteras.

    En la última década los cultivos de coca han disminuido de 163 mil hectáreas a las 48 mil actuales, pero no han variado demasiado dentro de los resguardos indígenas ni dentro de los consejos comunitarios. En resguardos, se han mantenido entre las 6 y 8 mil hectáreas. Y en los consejos afro ha aumentado casi todos los años desde que se comenzaron los censos en 2001, con un aumento significativo -y reciente- en Chocó. En total, hoy el 20 por ciento de la coca crece en consejos afro y el 11 por ciento en zonas indígenas.

    Algo similar sucede en los parques nacionales -como La Macarena, Paramillo, La Paya y Nukak- que concentran el 7 por ciento de la coca. Eso sin contar las zonas aledañas a los parques, que no se suelen contar como áreas protegidas y que tampoco pueden ser asperjadas por considerarse zonas amortiguadoras. En total, 19 de los 57 parques nacionales de Colombia tienen coca sembrada.

    Tres de las zonas con mayor densidad de cultivos están situadas en las fronteras, donde tampoco se puede hacer aspersiones a 10 kilómetros del límite desde el incidente con Ecuador que llevó al Gobierno de Rafael Correa a demandar a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.

    A pesar de que es una de las regiones claves del Plan de Consolidación, en el Catatumbo y la zona fronteriza con Venezuela, los cultivos aumentaron en mil hectáreas, con lo que Norte de Santander llegó a 4.500 hectáreas de coca y se trepó al tercer lugar entre todos los departamentos.

    “Yo percibo que sí está creciendo y se ha ido desplazando hacia el norte de Convención, que en cinco años podría convertirse en lo que era La Gabarra en los noventa. En parte puede tener que ver con el auge de la Cuarentona y la Gringa, dos variedades que son resistentes a la aspersión”, le dijo a La Silla una persona que conoce bien la zona del Catatumbo y que prefirió omitir su nombre porque trabaja con las comunidades locales.

    Le ganan solamente Nariño y Putumayo, donde la coca también está fuertemente concentrada en la frontera con Ecuador. Solamente Tumaco tiene 5 mil hectáreas de cultivos, más del doble más que el segundo municipio más cocalero.

    “Mi percepción es que ha bajado, pero sobre todo porque muchos consejos comunitarios están tomando la decisión voluntaria de erradicar. Primero fue Rescate las Varas, donde 1200 familias lo decidieron, y cuatro o cinco le están siguiendo los pasos. Sin embargo, en las zonas donde hay fumigación o erradicación manual forzosa, siento que sí vuelven a resembrar”, le dijo a La Silla un tumaqueño y funcionario público que conoce bien los problemas de la región.

     Muchos cocaleros están migrando hacia la minería de oro

    En muchas regiones cocaleras, los bajos precios que se pagan por la hoja han generado una fuga de los campesinos cultivadores hacia la minería informal y la ilegal, sobre todo de oro.

    En parte, esto está ocurriendo en regiones donde la presencia del Estado sigue siendo muy reducida y las alternativas económicas muy escasas. Y en parte porque el precio del oro resulta mucho más atractivo que el de la coca.

    El censo de la ONU muestra que en muchas zonas donde se redujeron los cultivos, la minería fue convirtiéndose en un trabajo más y más común. Esto es especialmente cierto en la zona del nudo de Paramillo entre Antioquia y Córdoba, en el sur de Bolívar y en las costas de Nariño y Cauca, pero la falta de estadísticas fiables sobre minería ilegal e informal hacen muy difícil saber cuántos han hecho el cambio. Aún así, las imágenes satelitales muestran que muchos cultivos de coca envejecidos están justo al lado de entables de pequeños mineros.

     

    Haga clic en los botones para conocer los detalles de cada eslabón de la cadena del narcotráfico. El gráfico se realizó con la información sobre microeconomía de la droga del libro Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos, editado por Alejandro Gaviria y Daniel Mejía Londoño.  El gráfico fue elaborado con base en indicadores de 2011 de la Unodc y la Oficina Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos más investigación propia de los autores del libro.
     
     
     
     
     
     

     

    Sindicato de la Drummond, en paro y en la mira de los Rastrojos

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    Esta semana ha generado mucho revuelo la carta que enviaron los Rastrojos declarando“objetivo militar” a todos los miembros del Polo Democrático, Marcha Patriótica y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. También señala por su nombre a los congresistas Jorge Robledo, Iván Cepeda y Alexander López, así como a cualquier persona que se oponga a multinacionales mineras “como Glencore, Drummond, Pacific Rubiales, Anglo Gold Ashanti”.

    Lo que no había llamado la atención hasta el momento es que, si bien parte importante de la carta habla del Polo y del movimiento antiminería, el grueso de las amenazas están dirigidas directamente contra los sindicatos de la Drummond, en momentos en que están en huelga y que las negociaciones con la empresa están enredadas, pese a la mediación del viceministro de Trabajo José Noé Ríos. Y también contra los sindicatos nacionales, a diez días de que comience una nueva temporada de paros en todo el país.

    La carta de los Rastrojos señala, con nombre propio, a 25 líderes sindicales de la Drummond, incluyendo a los miembros de la junta directiva y del equipo negociador de Sintramienergética, a varios integrantes de su filial Funtraenergética y a algunos de Sintraima, el sindicato nacional de la industria metalúrgica.

    Más adelante, la carta ordena a las “sindiguerrilleras” en todo el país a levantar cualquier paro u “alteración del orden social”, o de lo contrario atenerse a que comience “la limpieza de escorias y sabandijas”, fijando la hora cero para el pasado siete de agosto. Esto en momentos en que un número importante de paros están en marcha -como los pequeños mineros y los empleados de la Drummond- o están ad portas de la hora cero, como es el caso de los cafeteros o los campesinos.

    No es la primera amenaza contra los sindicatos de la Drummond este año. Varios de sus integrantes ya habían sido amenazados en una anterior carta de los Rastrojos, que los acusaba en abril de tener un “discurso subversivoarcaico” en línea con el de las Farc y el Eln o de lo contrario estar sujeto a que “iremos más allá de las amenazas y regresaremos a las actuaciones de los 90 sin piedad ni temor alguno”.

    Y, como contó La Silla, Rubén Darío Morrón -líder del sindicato y empleado de la multinacional carbonífera- sufrió un atentado mientras viajaba en un taxi en Barranquilla, un día antes de que se instalara la mesa de negociación en Santa Marta entre Sintramienérgetica y la empresa estadounidense.

    Esta es la carta, que puede leer completa acá:

     

    El kínder del eme se reúne por primera vez

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    Mañana afuera de Bogotá se realizará la primera gran reunión de hijos del M-19 que se ha hecho desde que ese movimiento guerrillero entregó sus armas en 1990.

    Los organizadores le dijeron a La Silla que unos 120 hijos del eme han confirmado su asistencia (se invitaron a unos 300, sólo de Bogotá).

    Entre los invitados están los senadores Camilo Romero (hijo del ex concejal de Pasto Ricardo Romero) y Mauricio Ospina (hijo del fundador del eme Iván Marino Ospina), María José Pizarro (hija de Carlos Pizarro Leongómez) y Néstor Daniel García, el secretario del Partido Verde cuyo padre Néstor García es el secretario de Ambiente de Bogotá. Además, están convocados los hijos del alcalde Gustavo Petro, de Antonio Navarro Wolff, del concejal William Moreno y del ex secretario de Gobierno Guillermo Asprilla.

    La idea se le ocurrió a Mario Mariño, sociólogo de 22 años e hijo de Fabio Mariño (exdirigente del M-19 conocido como 'Comandante Hipólito Blanco'). Según él, será un reencuentro para reconocerse y conocer a las nuevas generaciones, fortalecer el "espíritu eme" y hacer "una cadena de afectos, como decía Jaime Bateman".

    Dicen que no van con un propósito político, entre otras cosas porque no todos están dedicados a la política y porque además los padres no están invitados. Pero, como le dijo uno de los organizadores a La Silla, lo más probable es que el proceso de paz o el Gobierno Petro terminen siendo temas centrales.

    Hace dos años se había promovido un encuentro similar de hijos, pero con apenas unos 25 asistentes entre los que estuvieron los hijos de Petro, José Miguel Sánchez y Carlos Pizarro Leongómez. 

    Estos son los supercontratistas de la seguridad

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    La semana pasada hubo un debate porque supuestamente el Ministerio de Defensa está interesado en comprar cazabombarderos F-16, y el intermediario sería Felipe Jaramillo, uno de los mejores amigos de Juan Manuel Santos. Aunque el gobierno finalmente descartó esta compra y la polémica no pasó a mayores, ese rumor muestra que la contratación en seguridad es una caja negra. La Silla Vacía revisó los datos del informe parcial de la Contraloría General y los comparó con los del Portal de Transparencia Económica (PTE) del Gobierno para ver quienes son los principales contratistas del sector. Esto fue lo que encontró.

    De los 60 contratistas que, según la Contraloría, concentron el 42 por ciento de la contratación de buena parte del Estado Colombiano, 21 son del sector Seguridad y Defensa. De ellos seis son entidades públicas o empresas del Estado colombiano (como Cotecmar, Indumil y la Agencia Logística de las Fuerzas militares) que tienen más de 200 contratos por 1,1 billones de pesos; las otras 15 empresas colombianas o extranjeras tienen, según la Contraloría, 53 contratos por más de 2,1 billones de pesos.

    La mayoría de los contratos están relacionados con aviones o helicóperos, que han sido claves para que el Estado haya recuperado la iniciativa militar contra las Farc, y algunos con buques de guerra, que son de lejos los equipos más costosos de las Fuerzas Armadas.

    Estos son los principales contratistas de defensa, ordenados por las cifras de contratos entre 2012 y el primer semestre de 2013, según la Contraloría:

    1

    Grupo Elbit ($267.344.119.258)

    Este conglomerado de empresas israelíes privadas, que incluye a Elisra y Sigint, tiene contratos a través de varias de ellas. Elbit produce equipos electrónicos de defensa, especialmente drones y equipos para aviones y helicópteros militares. El año pasado se ganó una licitación para vender una flotilla de drones a Colombia, y ese es el motivo para quedar en el primer puesto de este top. En el pasado había vendido cámaras térmicas para los grupos Gaula.

    Los drones son los Hermes 900 y Hermes 450, que también operan en Israel, México, Reino Unido y Brasil, entre otros países. Según El Tiempo, desde 2008 había una pelea interna entre la FAC, que prefería otro fabricante israelí, y el Ministerio de Defensa, pero luego se supo, segón la prensa israelí, que esas notas provenían de su competidor IAI.

    De acuerdo con el Portal de Transparencia Económica (PTE), diferentes compañías del grupo tienen 16 contratos que suman más de 89 mil millones. Dos son con el Ejército, uno con la Armada y los otros trece con la FAC. Tiene un contrato con el comando de la Fuerza Aérea por $64.485.749.772 para administrar drones y otro por $20.190.251.980 para la compra e implementación de un centro de entrenamiento táctico para los Kfir. Elisra tiene dos: uno por $39.452.069.600 para comprar sistemas de proteccion electrónica para los Kfir y otro por $22.377.801.099 para el sistema de defensa aérea nacional

    2

    Grupo Sikorsky ($259.791.681.800)

    Este grupo estadounidense es parte del conglomerado United Technologies Corporation que, aunque tiene otros negocios, se concentra en la venta de helicópteros, motores y misiles militares. Uno de sus productos más conocidos, que es el que más tiene Colombia (96), son los helicópteros Black Hawk UH60 L, además de otros cinco nuevos BlackHawk S-70i. Gracias a ellos quedó de segundo lugar en esta lista.

    Según el PTE, en 2013 tiene cinco contratos con la Jefatura de Aviaiación del Ejército. El 004/2012 es para la compra de los nuevos Black Hawk, capacitación, publicaciones técnicas, soporte en tierra y repuestos para la Dirección de Aviación, y tiene un valor total de $241.726.112.827. Otro por $30.584.389.911 es para hacerle mantenimiento a los Black Hawk antiguos; el 022 de 2012, por $9.214.882.793 es para su recuperación estructural. Hay dos más pequeños, que suman $2.640.202.759, para más mantenimiento. Una compañía vinculada, Sikorsky Material Services, tiene otros dos contratos con la misma jefatura, sumando casi 9 mil 700 millones, también para los helicópteros UH60L.

    3

    Northrop Grumman ($238.105.358.975)

    Esta compañía estadounidense es uno de los contratistas de defensa más grandes del mundo.Produce aviones como el superbombardero B2, drones, partes de aviones como los F18, satélites y radares, entre otras. En Colombia es famoso porque los tres contratistas que duraron cinco años secuestrados por las Farc hasta su liberación en la Operación Jaque trabajaban para esta compañía.

    Según el PTE tiene un contrato con el comando de la Fuerza Aérea por $33.341.191.229 para comprar radares transportables de largo alcance, otro por $1.214.848.407 para mantenimiento y, a través de Northrop Grumman Guidance and Electronics, y uno pequeño por $41.417.240. Pero el más importante es uno por más de 216 mil millones para la venta de los radares que, junto con un sistema de comunicaciones de la FAC llamado Andrómeda, formarán el Sistema Integral de Defensa Antiaérea.

    4

    Canadian Commercial Corporation ($206.365.710.000)

    El cuarto lugar de la lista no lo tiene una empresa sino una entidad pública canadiense que usan las empresas de esa nacionalidad como vehículo para sus contratos en el extreior. Específicamente, los contratos de empresas canadienses con el sector defensa no los firman éstas sino la Corporación, a través de acuerdos entre los dos Estados.

    De acuerdo con los datos del PTE, la Canadian Commercial Corporation tiene directamente dos contratos con la Armada y dos con el Ejército. Los del ejército son el 4823 para la compra de vehículos blindados de combate 8X8 por $50.336.722.173 y otro por $28.487.277.820 para el mismo fin. Con la Armada son uno por $51.669.637.680 para la compra de 3 helicópteros (a través del acuerdo interinstitucional 04 de 2012) y uno más por $4.799.400.000 que adiciona a otro acuerdo interinstitucional para comprar un helicóptero Bell 412EP

    5

    Korea Trade Investment Promotion Agency ($197.032.996.082)

    Como en el caso de Canadá, los contratos con Corea del Sur se hacen a través de acuerdos entre los dos gobiernos. Esta es la entidad encargada en Corea, mejor conocida como Kotra.

    La Silla solo pudo encontrar un cotnrato en el PTE. Lig Bext1 Co. Ltd tiene un contrato con la Armada por $49.586.809.282 para la compra e instalación de un sistema de lanzamiento de misiles en las fragatas.

    6

    Rafael Advanced Defense Systems ($185.405.407.125)

    Se trata de otra empresa israelí de seguridad y defensa, de propiedad estatal. Es productora de misiles, sistemas de comunicación, sistemas de armas para buques y aviones y, en general, multiples sistemas de seguridad y defensa.

    Al revisar el PTE, encontramos que a través de Rafael Armament Development Authority tiene un contrato por $22.142.189.635 para modernizar los sistemas de armas de 12 helicópteros AH-60 L Arpía y otro por $19.749.770.774 para adquirir armamento para los Kfir. De forma directa tiene dos contratos con la FAC: el 669 de 2012 por $954.529.900 para el mantenimiento de sistemas electrónicos de armamento aéreo y el 746 por $583.217.700 para repuestos a sistemas de entrega de armas de los UH60 L, Arpía y Kfir

    7

    ThyssenKrupp Marine Systems ($161.833.200.000)

    Esta empresa alemana forma parte del grupo ThyssenKrupp. Al igual que otras compañías de ese país, en Colombia tiene especialmente contratos con la Armada. Su representante legal en Colombia es Fernando Saavedra Clavijo, quien también es el representante en Colombia de Ferrostaal y Manferrostaal, otras dos empresas alemanas que, en ese país, estuvieron envueltas en un gran escándalo por pagar sobornos en varios países, aparentemente incluyendo Colombia.

    De acuerdo con el PTE, actualmente tiene el contrato 021 MDN ARC Jola 2012 con la Armada por $36.297.381.870 para la tropicalización de los dos submarinos y otro con la armada para asistencia técnica especialziada de los dos submarinos por $2.567.426.700

    8

    World Fuel Services ($112.223.749.266)

    Es una compañía multinacional con base en Miami, que está entre las 500 más grandes de Estados Unidos, según la revista Fortune. Su labor es vender combustibles, como efectivamamente hace en Colombia. Su representante legal en el país es el costaricences Juan Rafael Araya.

    Tiene tres contratos para suministrar combustible para la FAC por $21.041.821.945, $4.705.263.160 y $1.271.046.240, uno con la Armada por $1.219.123.296, uno con la jefatura de aviación del Ejército por $3.410.282.473 y dos con la dirección Antinarcóticos de la Polciía por $1.436.100.000 y $362.785.892

    9

    Rosoboronexport ($110.239.432.847)

    Es la entidad pública rusa a través de la cual  se pueden adquirir productos de la industria militar de ese país, que es una de las más grandes y completas del mundo.

    Según el PTE, tiene el contrato 003 de 2012 con la Jefatura de Aviación del Ejército para el mantenimiento y la reparación de motores de helicópteros MI-17, por $73.048.279.020 y el 01 de 2012 por $12.691.870.280 para vender una digitalización de consolas de trabajo, que es una forma de mantenimiento de los helicópteros. Por último, el 02 de 2012 por $1.285.022.560 es para adquirir componentes aeronáuticos y hacerle mantenimiento a los MI-17.

    10

    Atlas Electronik ($85.392.628.560)

    Esta empresa alemana es experta en sistemas de sonar y de torpedos para buques y submarinos, entre otros equipos para la defensa naval. Es de propiedad de ThyssenKrupp y EADS, la corporación europea dueña de Airbus.

    Según el PTE, Atlas tiene un contrato con la Armada por $8.863.800.000 para comprar un taller de torpedos.

    11

    Aviation Specialities Unlimited ($76.805.248.520)

    Esta compañía estadounidense es una de las más importantes en el mundo en la producción de equipos para visión nocturna, especialmente para pilotos de aviones.

    En el Portal de Transparencia Económica no encontramos contratos, pero según información oficial de Estados Unidos se ganó un proceso para vender 38 millones de dólares (unos 60 mil millones de pesos) en gafas de visión nocturna y otros productos relacionados.

    12

    Energizar ($75.165.959.427)

    La primera compañía colombiana en esta lista es una empresa especializada en la venta de combustible para aeronaves. Su gerente es Jairo Saúl Zárrate García y su subgerente es William Gómez Hoyos.

    De acuerdo con el PTE, tiene un contrato con la Jefatura de Aviación del Ejército po $16.167.783.915 para venderle combustible al Jet A-1, otro con la FAC por $12.711.286.873, dos con la dirección Antinarcóticos de la Policía que suman $1.761.325.000. por fuera del sector, tiene dos con el Servicio Geológico por $52.000.000. También tiene contratos con Satena.

    13

    Eads Casa ($71.353.660.000)

    Casa es una empresa española que, desde 1999, forma parte del grupo europeo EADS. A través de Airbus Military (una división de EADS que no es una empres autónoma) produce aviones militares. Colombia tiene seis aviones C-295, producidos por Eads-Casa y que operan como transportes militares, desde 2008.

    Según el PTE, la compañía actualmente tiene 13 contratos, dos con la Armada por $2.168.794.000 y los restantes con la FAC. Los más importantes son uno por $49.406.127.826 para comprar una aeronave, otro para modernizar aviones por $46.279.756.586 y uno más para hacerle mantenimiento a los aviones C-295 por $9.519.146.785

    14

    Meprolight ($71.231.849.600)

    Su apoderado en Colombia es Tecnología y Sistemas Avanzados S.A., cuyo gerente es el coronel retirado israelí Michael Cirulnik y que representa o ha representado otras compañías israelíes como Israel Weapons Industries.

    Tiene un contrato con el comando del Ejército por $32.618.480.000 para la compra de miras térmicas y designadores laséricos (puntero de láser).

    15

    Vertical de Aviación ($56.762.316.781)

    Originalmente se llamaba Helitaxi, pero cambió de nombre en 2002. Su flotilla está conformada por helicópteros rusos. Ha trabajado para el Ministerio de Defensa, las tres fuerzas militares, la Presidencia, Acción Social, diferentes entidades del Estado norteamericano y compañías como Petrobras, BP, Ecopetrol e ISA. Su presidente es Fernando José López, hijo de Bryon López y la política ya retirada 'Pum Pum', y el vicepresidente es el almirante retirado Mauricio Soto.

    Según un wikileak que publicó El Espectador, la compañía ha despertado dudas en Estados Unidos. La firma de aviación, que existe desde 1982 y tiene por lo menos 12 aeronaves, ha trabajado en Colombia y Afganistán. Es de propiedad del empresario pereirano Byron López Salazar, amigo de César Gaviria y exesposo de la exsenadora María Paulina 'Pum Pum' Espinosa.

    De acuerdo con el PTE, tiene tres contratos con la Jefatura de Aviación del Ejército, por $17.502.827.596, $14.940.926.535 y $9.999.931.685, para transportar personal y carga de las FFMM en aeronaves de carga fija, y otros dos con la Armada por $3.000.000.000y $1.981.000.000 para el uso de sus helicópteros.

     


    ¿Quién le teme a María Clara Name?

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    María Clara Name es la presidenta más joven que ha tenido el Concejo de Bogotá.

    Fotos: Juan Pablo Pino

    Hace seis meses, contra todos los pronósticos, María Clara Name fue elegida Presidenta del Concejo de Bogotá básicamente por ser inofensiva. En medio del tenso ambiente que vivía entonces (y aún vive) la corporación por cuenta del escándalo del cartel de la contratación que ha salpicado a varios concejales, y de las malas relaciones con la Administración, ella era la candidata del Partido Verde que menos resistencia generaba. La escogieron por unanimidad. Tuvo el visto bueno incluso del alcalde Gustavo Petro, que a través de su bancada le ayudó a ganar.

    Primípara, de 25 años, sin ruidos alrededor, fue vista como la aspirante más conveniente, la menos incómoda, de una bancada en la que José Juan Rodríguez (hoy en prisión preventiva y acusado por la Fiscalía de ser parte del cartel de contratos) se vislumbraba como el más fuerte candidato. Como les tocaba el cargo, ahí todos querían ser presidentes. Pero La Silla pudo averiguar que, al igual que Rodríguez, ninguno de los otros tres integrantes generaba consenso: Antonio Sanguino por ser visto en ese momento como un opositor férreo de la Administración, Edward Arias por ser visto como muy cercano a la misma y Hosman Martínez por no tener mayor calado en la plenaria.

    Hoy la Presidencia que emergió como una tercería y que prometía no causar mayores molestias tiene enredado el proyecto más importante para la Alcaldía en esta etapa: el cupo de endeudamiento del que depende buena parte del Plan de Desarrollo de Petro.

    Lo tiene enredado al punto en que hace una semana el concejal de la ASI Juan Carlos Flórez apeló al “recurso de súplica” para que Name agendara resolver una recusación que tiene suspendida la discusión. 

    Las decisiones de ella frente a esta recusación (que puso contra nueve de sus compañeros el concejal opositor de La U Javier Palacio) han terminado dilatando el debate y dividido las opiniones en los pasillos de la corporación: entre quienes dicen que es inexperiencia de la Presidenta y los que afirman que lo estaría haciendo porque la Administración no le habría cumplido con burocracia. 

    Los que dicen esto último recuerdan enseguida las suspicacias que se generaron desde el principio de la gestión de la Presidenta alrededor de su padre y la influencia que éste pudiera llegar a tener en el Concejo: se trata del senador del Partido Verde Iván Name: el senador con menos votación del Congreso, elegido con la modesta suma de 10.178 votos y jalonado por los más de 200 mil apoyos que logró su compañera de lista Gilma Jiménez, y quien ahora se quiere reelegir y necesita votos. 

    La Presidenta más joven que ha tenido el Concejo de Bogotá, además, pasa por una pequeña tormenta mediática por cuenta del receso de casi una semana que se acaba de tomar la plenaria, con el visto bueno de ella. Un festivo largo, de cinco días, en momentos en los que está estancado el cupo y los concejales acaban de llegar de su receso de mediados de año. 

    Sin contar los duros cuestionamientos que le hacen colegas como el concejal Flórez, quien ha criticado que en dos meses y medio no haya podido resolver lo del reemplazo del detenido José Juan Rodríguez, quien además de compañero de bancada es amigo de Name. 

    En medio de la pequeña crisis, la concejal se ha quedado un poco sola. Al menos, sin el apoyo de la mayor parte de su bancada: sin Rodríguez porque está preso, sin Sanguino porque se ha convertido en uno de sus más grandes críticos por el tema del cupo y sin Edward Arias, quien le dijo a La Silla que “a María Clara se le olvidó que representa a los verdes y decidió actuar por su cuenta con sus asesores”. 

    En el Concejo dicen que el asesor estrella de María Clara Name es un familiar suyo llamado Fahid Name quien, sin tener contrato por ser familiar, la acompaña siempre y en todas las plenarias se hace a un ladito de la mesa directiva. “Algunos lo llamamos en broma el Rasputín del Concejo”, nos dijo un concejal independiente. “Donde está María Clara, está él”, agregó por aparte un funcionario de la corporación.

    La quisimos llamar para preguntarle por los temas que hacen que llueva sobre su Presidencia, pero fue imposible contactarla. Así fue su giro.

    De la frustrada Unidad Distrital al cupo
    En la Alcaldía no están nada contentos con las decisiones de Name frente al cupo.

    A pesar del consenso que hubo alrededor de su aspiración de última hora, Name llegó a la Presidencia del Concejo bajo la incógnita de si su padre tendría o no influencia en sus movimientos y un episodio, que contó su momento La Silla, evidenció lo que podría pasar.

    El mismo día de su posesión recibió un regaño en público de su padre quien se encontraba en la sesión, pues ante una duda jurídica en la posesión del primer vicepresidente del Concejo la Presidenta resolvió levantar la sesión, un asunto que no le gustó al Senador quien le llamó la atención en el salón social de la corporación frente a unos cuantos testigos.

    Antes, cuando aún no se vislumbraba que ella podía llegar a ser Presidenta, el Senador Name había hablado con parte de la bancada verde en el Concejo sobre el voto de su hija. Dos fuentes enteradas confirmaron a La Silla que en al menos uno de los casos habría planteado que necesitaba apoyo para su próxima campaña al Senado. 

    Paradójicamente, al igual que su padre que entró “raspando” al Senado, Name no tuvo segura su curul sino hasta después de los escrutinios en los que apareció ganándole a la candidata Lucía Bastidas por 28 votos. Bastidas entraría como nueva concejal a la curul de José Juan Rodríguez si la plenaria del Concejo declara la vacancia de ese concejal y no le concede la licencia que pidió.

    Lo menos esperado en ese momento era que María Clara, quien entonces estaba terminando Derecho en la Universidad de La Sabana, se quedara con las riendas del Concejo a donde llegó advirtiendo que la suya sería una presidencia independiente en la que todos los sectores tendrían garantías. 

    Como parte de los acuerdos que hizo para ganar, le dio la Dirección Administrativa del Concejo a José Juan Rodríguez. La jefatura de Planeación es de Edward Arias, la Secretaría General de Antonio Sanguino y la Dirección Financiera de Hosman Martínez. Consintió a toda su bancada. Su jefe de prensa es Laura Rojas, hija del parlamentario andino liberal Héctor Helí Rojas, cercano al Senador Name, quien también es de origen liberal. 

    Hasta ahí todo marchaba bien, hasta que se filtró a los medios que, a espaldas del entonces presidente vocero del Partido Verde, parte de la bancada verde estaba hablando con la Alcaldía sobre participación burocrática en el Gobierno Distrital. Pedían la Secretaría de Ambiente. Puntualmente, en La Silla revelamos que los concejales Hosman Martínez y Edward Arias habían ido a varias reuniones en el Palacio de Liévano. 

    La concejal Name no fue a las reuniones nunca, pero uno de los asistentes a las mismas le dijo a La Silla que no lo hizo por discreción y que los acuerdos a los que se llegaran contaban con su apoyo. Un asunto que ella nunca ha confirmado y que La Silla tampoco pudo precisar.

    En cualquier caso, la Presidencia del Partido Verde se negó a entrar en la Unidad Distrital de Petro y la Secretaría de Ambiente quedó en manos de Néstor García, un progresista quien sin embargo es el papá del Secretario General del Partido Verde, Néstor Daniel García, lo que generó la expectativa en algunos concejales verdes de tener puestos en esa cartera. 

    “Algunos hablamos con Néstor (García, el Secretario de Ambiente) y no se comprometió a nada con nosotros, más bien nos dijo que las cosas estaban difíciles, y eso no deja de generar desilusión porque todo el mundo dice que esa Secretaría es de los verdes”, le dijo un concejal de esa bancada a La Silla. 

    Otro concejal, pero progresista, explicó la situación así: “Petro aceptó que los verdes participaran en el Gobierno, pero los verdes estaban divididos y finalmente no aceptaron. Se nombra a Néstor García, pero no como cuota de ellos y por eso algunos sienten que no les han cumplido”.

    Pasado este episodio es que sucede el enredo del cupo de endeudamiento.

    Un cupo en el aire
    Ahora que la plenaria aceptó el impedimento de Name respecto a la curul de José Juan Rodríguez, el vicepresidente José Arthur Bernal (Cambio Radical) tendrá que decidir si declara la vacancia o le da una licencia al procesado concejal.
    Name siempre ha dicho que sus decisiones será independientes de su padre, el Senador Name.

    Luego de varios tire y afloje con la mayoría opositora en el Concejo, a principios de junio el Alcalde logró que el cupo de endeudamiento fuera aprobado en comisión (Petro lo pasó por 4,3 billones de pesos y le aprobaron 3), pero luego no pudo ser votado en plenaria en las extras que citó el Alcalde especialmente para ello y hoy, 10 días después del comienzo de las sesiones ordinarias, sigue sin estar en la agenda esa votación.

    Por supuesto, y según lo han dicho funcionarios de la Administración como el Secretario de Hacienda, entre más se dilate la aprobación del cupo más se dilatan las obras previstas para hacer con esos recursos, como por ejemplo la troncal de Transmilenio por la avenida Boyacá. Sobre todo teniendo en cuenta que tener el cupo es el primer paso y que luego se deben gestionar unas disponibilidades presupuestales. 

    Una recusación en masa que el concejal opositor Javier Palacio (de La U) puso contra nueve de sus compañeros, por haber votado el cupo en primer debate sin aclarar si tenían algún tipo de interés en el proyecto, es la razón principal del estancamiento. Esa recusación fue presentada a mediados del mes pasado y aún no ha sido resuelta. Por eso el debate sobre la iniciativa está suspendido.

    María Clara Name decidió que no la resolvería la plenaria, sino que trasladó el asunto a la Procuraduría de una para que ahí conceptuaran quién debía resolver si los nueve concejales recusados podían seguir participando en el debate del cupo.

    El progresista Carlos Vicente de Roux, uno de los recusados, cree que ese paso pudo ser apresurado y que la Presidenta en ocasiones “es rehén” de los opositores Palacio (el recusador) y Darío Fernando Cepeda, de Cambio Radical y quien también quiere hundir el cupo de endeudamiento. Cepeda desmintió a La Silla que ahí exista algún tipo de alianza para hundir el proyecto.

    Por su parte, un funcionario del Concejo, conocedor de la corporación, explicó que la recusación no estuvo plenamente sustentada y que por eso ha podido dársele trámite “eficazmente” en la plenaria el mismo día en que fue presentada. Name ha dicho en medios que decidió pedirle concepto a la Procuraduría porque ya una vez, cuando ella se declaró impedida para decidir sobre la curul de su compañero José Juan, la plenaria había declarado que no era superior jerárquico para juzgar a los concejales. 

    En cualquier caso, el paso de la recusación y la posterior consulta al Ministerio Público congeló el debate del cupo al punto en que se acabaron las extras citadas para votarlo, el pasado 31 de julio. 

    No obstante, el 29 de julio había llegado a la plenaria del Concejo la respuesta de la Procuraduría Regional de Cundinamarca diciendo que esa plenaria, es decir, todos los concejales, eran superior jerárquico y por lo tanto podían votar la recusación de Palacio a sus compañeros.   

    ¿Por qué no se votó la recusación y se continuó con el trámite del proyecto? El 31 de julio, el día de la clausura de las extras, Name le dijo a la corporación en pleno que la Procuraduría les daba hasta 10 días hábiles para estudiar las respuestas de los recusados y votar las recusaciones. Sin embargo, tomarse los 10 días hábiles no era obligación. 

    Por eso cuando comenzaron las sesiones ordinarias fue que el concejal Flórez dijo en micrófono que apelaba al “recurso de súplica” para que el trámite que va a destrabar el cupo de endeudamiento fuera por fin agendado. Pero entonces vino el festivo largo que se tomó el Concejo la semana antepasada (la decisión la tomaron los voceros de las bancadas en reunión con la Presidenta), con el visto bueno de la Presidenta que tiene la potestad de convocar plenarias cuando lo considere, incluso en domingos y festivos. 

    La plenaria volvió el jueves pasado, pero ese día se tomó para votar el impedimento que Name presentó en mayo pasado para decidir sobre la curul de José Juan Rodríguez (el cual finalmente fue aprobado ayer sábado). Y el viernes hubo una sesión plenaria especial con la participación de los cabildantes estudiantiles.

    En total, se han realizado cuatro plenarias desde que la Procuraduría dijo que el Concejo era competente para decidir sobre las recusaciones y nada que se vota el asunto, que está programado para mañana lunes y promete descongelar el cupo de endeudamiento.

    Habrá que esperar a ver qué ocurre. En defensa de las actuaciones de Name, el opositor Cepeda -quien además viene de ser Presidente del Concejo- dice precisamente que “no es una Presidencia sencilla y veo que María Clara se está tratando de asesorar bien jurídicamente”. Incluso un progresista la ha defendido: el concejal Diego García quien en medio de una discusión por el tema de la recusación destacó el trabajo “arduo” de Name y agregó que “el cupo no es una angustia para el Alcalde Mayor”, aunque del cupo sí depende en buena parte el Plan de Desarrollo de Petro.

    El concejal Flórez, desde otra orilla, opina: “Ella ha dado lugar a la suspicacia en un Concejo que está en deuda ética con la ciudad”.

    La pelea es peleando: nueva estrategia de Santos

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    Desde hace unas semanas, el presidente Santos ha pasado abiertamente a la ofensiva contra la oposición, tanto de la derecha como de la izquierda. Primero, arremetió contra el senador Jorge Enrique Robledo, acusándolo -injustamente- de estar vinculado con la violencia de la guerrilla en la ola de paros de julio. Arremetió contra Pacho Santos, su primo y precandidato uribista con mejor calificación en las encuestas a quien caricaturizó de inepto y luego tildó de tener “sida en el alma” (para después solidarizarse con los enfermos de VIH). Para rematar, a raíz de los balances del 7 de agosto, solo en este mes ha echado 16 discursos además de sendas entrevistas en los medios tradicionales, en los que ha aprovechado para irse de frente contra su antecesor. Santos, ahora sí y de manera definitiva, decidió romper su mantra de “no pecu”. De aquí en adelante, la pelea es peleando no solo con Uribe sino con todos sus opositores.

    Así respondió en Montes de María burlándose de la supuesta inauguración de Uribe del acueducto este pueblo (que no fue muy diferente de la "inauguración" de las casas gratis. En todo caso, la Superservicios sacó un comunicado explicando la inversión hecha en el acueducto durante el gobierno anterior:

    Desmintió los logros fiscales de su antecesor:

    Retrató a Uribe como un instigador del miedo:

    E intentó golpearlo por el lado fuerte de Uribe, la seguridad:

    Aprovechando la mejora en indicadores de pobreza, le sacó en cara a su antiguo aliado las cifras de desigualdad:

    ¿Qué hay detrás?

    Hay varias teorías sobre qué hay detrás de este cambio lenguaje. La primera es una razón personal y es que Santos ya no aguanta más a Uribe. "Se mamó del expresidente", dijo una persona muy cercana a Santos. "Es que no hay derecho la cantidad de mentiras y de falacias que es capaz de decir para atacar al Gobierno". Pero todas las demás razones tienen que ver con las elecciones del 2014.  “Estamos en un punto similar al que estabamos en la campaña cuando Santos iba perdiendo contra la Ola Verde y decidió hacer un cambio de equipo y de estrategia”, dijo un aliado del Gobierno. “Por eso es que comenzamos a ver más al gordo Bautista, se vino Prieto y JJ Rendón comienza a aparecer en el escenario”.

    Este político que habló bajo condición de anonimato con La Silla se refiere a ese momento del 2010, seis semanas antes de la primera vuelta, cuando Juan Manuel Santos decidió traer al consultor venezolano JJ Rendón y darle un vuelco total a su campaña, desplazando incluso a sus asesores gringos y a Juan Mesa. El mismo Rendón explicó el cambio de estrategia en varias entrevistas después del triunfo de Santos:

    Varias personas dentro del Gobierno, consultadas por La Silla, consideran que Santos se encuentra ahora en un punto similar y que ha llegado a la conclusión de que la estrategia que ha venido usando para comunicarse y para relacionarse con sus opositores le ha dado más frutos a ellos que al gobierno.

    En la reunión de Hatogrande a principios de año con el asesor de comunicaciones Miguel Silva y liderada por el asesor gringo de Santos Jack Leslie, donde se decidió el nuevo slogan con las iniciales del Presidente, Justo, Moderno y Seguro, también se definió una estrategia para enfrentar a Uribe. Básicamente constaba de tres puntos: ridiculizarlo convirtiéndolo en una caricatura (Uribe divide, Santos une; Uribe es el pasado, Santos el futuro; Uribe es habla, Santos escucha); hacerlo ver como un "complaciente con los enemigos" al socavar el proceso de paz y dividir al país; y redefinir el tema de seguridad en el sentido de que las Farc hablan con el Gobierno porque Santos los derrotó.

    La estrategia del gobierno se centraría en iniciar la campaña electoral lo más rápido posible, desde la Fundación Buen Gobierno; en garantizar la fidelidad de la U; en generar relaciones más estrechas con los gobernadores y los alcaldes; en el paquete de estímulos económicos PIPE; en planear "eventos de seguridad" como la limpieza de las ollas; en programar más consejos de ministros donde Santos tirara más línea; en acelerar los proyectos de infraestructura y en hacer rondas por las regiones comunicando los logros.

    La mayoría de estas tareas se llevaron a cabo. Sin embargo, tanto la encuesta Ipsos como la Polimétrica, de Cifras y Conceptos, reflejan que aunque Santos frenó su caída no ha podido cambiar la tendencia de su favorabilidad.

    Aunque la mayoría de colombianos sigue creyendo que negociar con la guerrilla es mejor que la exclusiva ofensiva militar para lidiar con las Farc, en muchos temas es evidente que los trinos del expresidente Uribe han ido calando en la psiquis colectiva.

    Y lo que es peor para Santos: que si no cambia la tendencia de la opinión de aquí a noviembre le quedará difícil ganar una reelección.

    La estrategia electoral

    La nueva estrategia es electoral porque si no reversa pronto las tendencias de la opinión de aquí a noviembre puede traducirse en factores electorales concretos. Como la reelección en la práctica es un referendo sobre el gobierno, el balance del tercer año es fundamental para formar la opinión de quienes tendrán que votarlo.

    De esta manera, la nueva estrategia apunta, por un lado, a minimizar a sus opositores y por el otro, obligar a los seguidores del Presidente a definirse si están con Santos o están contra él. La ilusión de mantener a todo el mundo contento ya se desvaneció.

    “A Pachito tratan de cascarle para hacerlo crecer frente a las bases uribistas porque lo prefieren a él de contendor que a Ramos”, dijo un político santista. “Y lo que hicieron con Robledo seguramente buscaba que la gente creyera que era él quien había hecho la convocatoria de los paros y no la guerrilla. Era demasiado peligroso para el proceso que la gente creyera que las Farc eran tan poderosas como para convocar paros en todas partes”.

    Más allá de si esa fue la intención del Gobierno con Robledo, lo que si es un hecho evidente es que el Presidente ha intentado deliberadamente igualar al principal opositor de la izquierda con Uribe, algo que, según supo La Silla, tiene muy molesto al senador, quien también fue un feroz opositor del expresidente. No es fácil para él ‘desmarcarse’ de esa igualación porque frente a varios temas del Gobierno -paradójicamente- están del mismo lado, aunque por diferentes razones.

    Con Uribe la idea es ganarle cada una de las peleas que cace. En el consejo de Ministros el martes pasado en Neiva, Santos le dijo a su gabinete que “contestaran duro” los trinos del expresidente, según contó a La Silla uno de los presentes. Uno de los ministros que contestó al expresidente dijo a La Silla que él había contestado no porque hubiera recibido un instructivo en ese sentido (él no escuchó esa orden) sino porque simplemente no era verdad. De cualquier manera, la semana que terminó tuvo a todos los ministerios rebatiendo los trinos expresidenciales.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Hasta Pinzón

     

    El nuevo escenario

    Santos ha tenido que asumir directamente la vocería de la defensa de su gobierno frente a Uribe porque sus ministros de la política no lo han podido hacer con éxito. A él, en todo caso, le conviene hacerlo antes de que Vargas Lleras termine en ese rol como líder de la Fundación Buen Gobierno reforzando su perfil público (y su favorabilidad entre los no uribistas en las encuestas).

    Pero lo más importante es que al ser el mismo Presidente el que encara así las críticas obliga a la U, y sobre todo a los conservadores a definir si acompañan su aspiración reeleccionista o se van con el Centro Democrático.

    La U es un partido sin una ideología clara que está dividido por dentro entre los uribistas y los santistas, o por lo menos los que creen que les va mejor en la Unidad Nacional. Por fuera de la maquinaria política, según focus groups internos de algunos partidos, la U sigue siendo percibida como el "partido de Uribe", con lo cual el día que descubran que ya no lo es, el partido del Presidente podría perder aún más simpatías entre futuros votantes.

    La llegada de JJ Rendón como asesor electoral del partido, seguramente ayudará a Santos, quien elogió insistentemente al venezolano en la reunión del partido de la U en Paipa. En todo caso, con la ofensiva contra Uribe del Presidente, cada vez le resultará más costoso a los políticos de la U no tomar partido, como lo sufrió en carne propia la semana pasada Manuel Enríquez Rosero. Enríque Rosero, un uribista de la U, perdió por pocos votos la presidencia de la Comisión Primera del Senado cuando el Gobierno, a través de Simón Gaviria, intervino para que saliera elegido Juan Manuel Galán, a pesar de que es de un partido diferente al de Santos. El Gobierno no se podía dar el lujo de tener en la comisión que hará la ponencia de la reglamentación del Marco para la Paz a un uribista.

    El caso de los azules es aún más urgente para Santos.  "Ellos son el pivote para donde van los uribistas", dijo un miembro del gabinete de Santos a La Silla. Así son los datos: alrededor del 40 por ciento del directorio conservador está con Uribe. Y mientras el presidente de su directorio, Ómar Yepes, ha dicho que "ni santismo ni uribismo" y que deberían ir con candidato propio a la Presidencia y en segunda vuelta buscar coaliciones, un grupo de uribistas conservadores antioqueños le pidió que respondiera afirmativamente a la invitación del expresidente de hacer una alianza con miras al 2014.

    Por el lado del Centro Democrático, con sus 89 trinos recientes, Uribe logró que pasara sin que se notara la fecha que él mismo había fijado del 7 de agosto para anunciar su lista al Senado y principalmente si él la encabezaría. Además, el nuevo movimiento no ha comenzado a recoger firmas para participar en las próximas elecciones.  "La percepción es que la propuesta de Yepes de que los uribistas se vayan con los azules sigue viva y además, Ramos está muy fuerte", afirmó el mismo funcionario santista. La nueva actitud de Santos los obligará a decidirse rápido para él saber con quién cuenta realmente.

    Además, en la medida en que se polarice la campaña entre la Unidad Nacional y el uribismo, de paso Santos le cierra una opción real a una tercería. Pues si bien las encuestas muestran que Santos le ganaría a cualquiera de los actuales precandidatos, no es claro qué pasaría si surge un nombre nuevo cuando dos de cada tres colombianos dice que no quisiera cuatro años más del actual Presidente.

    Frente a todos estos escenarios, es fácil anticipar que el presidente Santos irá perdiendo su cordialidad cachaca y que irá mostrando una nueva cara, menos conciliadora con sus opositores.

    En defensa del Umbral

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    Me parece equivocado, poco serio e irresponsable proponer cambios a las reglas de juego a sólo 8 meses de las elecciones parlamentarias. Si los partidos minoritarios y los movimientos de ciudadanos no alcanzan los votos mínimos para mantener u obtener curules en el congreso y por esa vía la personería jurídica, la responsabilidad no está en las normas sino en sus propias acciones y decisiones.

    Los 450.000 votos, calculados, para alcanzar el umbral asumen 15 millones de votos y la verdad, un 3% no es mucho para un partido serio, con trabajo de largo aliento y que busque representar algo más que intereses específicos.

    La Izquierda puede alcanzar ese umbral fácilmente, si no está dividida y dispersa. Pero si el Polo va por un lado, los progresistas por otro, la marcha Patriótica, el Partido Comunista y el Moir, van divididos, entonces sí tendrán problemas. De nada de ello podemos culpar ni al umbral ni a las normas electorales.

    Si los Verdes, mantuvieran entre sus líderes activos a los tres ex alcaldes de Bogotá y al Gobernador Fajardo, no debería haber ningún problema para repetir su votación de hace cuatro año e incluso aumentarla. Pero están divididos, acusándose de prácticas inadecuadas y sin propuestas a la ciudadanía que hace cuatro años los acompañó. De eso no es responsable el umbral.

    Cambio Radical, tiene un volumen de parlamentarios, concejales, diputados y ediles bastante amplio y con presencia nacional que deberían asegurarle los 450 mil votos. Pero las pérdidas de investidura de algunos de sus miembros, las peleas internas  y el aislamiento de su líder natural los pone en riesgo. Eso tampoco es atribuible al umbral.

    Finalmente, no nos movemos a un bipartidismo, eso no es posible, en parte por las realidades políticas y también, aquí si, por las normas electorales. Como mínimo el próximo congreso tendrá parlamentarios del Liberalismo, La U, los conservadores y el Uribismo. Además, con buenas decisiones en la campaña, El Mira, El Polo Democrático y el PIN también estarán presentes.

    Los demás deberían concentrarse en hacer una buena campaña en vez de seguir echándole la culpa al umbral y las normas electorales.

    Me parece equivocado, poco serio e irresponsable proponer cambios a las reglas de juego a sólo 8 meses de las elecciones parlamentarias. Si los partidos minoritarios y los movimientos de ciudadanos no alcanzan los votos mínimos para mantener u obtener curules en el congreso y por esa vía la personería jurídica, la responsabilidad no está en las normas sino en sus propias acciones y decisiones.

    Los 450.000 votos, calculados, para alcanzar el umbral asumen 15 millones de votos y la verdad, un 3% no es mucho para un partido serio, con trabajo de largo aliento y que busque representar algo más que intereses específicos.

    La Izquierda puede alcanzar ese umbral fácilmente, si no está dividida y dispersa. Pero si el Polo va por un lado, los progresistas por otro, la marcha Patriótica, el Partido Comunista y el Moir, van divididos, entonces sí tendrán problemas. De nada de ello podemos culpar ni al umbral ni a las normas electorales.

    Si los Verdes, mantuvieran entre sus líderes activos a los tres ex alcaldes de Bogotá y al Gobernador Fajardo, no debería haber ningún problema para repetir su votación de hace cuatro año e incluso aumentarla. Pero están divididos, acusándose de prácticas inadecuadas y sin propuestas a la ciudadanía que hace cuatro años los acompañó. De eso no es responsable el umbral.

    Cambio Radical, tiene un volumen de parlamentarios, concejales, diputados y ediles bastante amplio y con presencia nacional que deberían asegurarle los 450 mil votos. Pero las pérdidas de investidura de algunos de sus miembros, las peleas internas  y el aislamiento de su líder natural los pone en riesgo. Eso tampoco es atribuible al umbral.

    Finalmente, no nos movemos a un bipartidismo, eso no es posible, en parte por las realidades políticas y también, aquí si, por las normas electorales. Como mínimo el próximo congreso tendrá parlamentarios del Liberalismo, La U, los conservadores y el Uribismo. Además, con buenas decisiones en la campaña, El Mira, El Polo Democrático y el PIN también estarán presentes.

    Los demás deberían concentrarse en hacer una buena campaña en vez de seguir echándole la culpa al umbral y las normas electorales.

    En el dilema de los baldíos, La Habana 1 - cacaos 0

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    Aunque la columna de Daniel Coronell ayer en Semana calentó de nuevo el debate sobre los baldíos, según la información que tiene La Silla Vacía, el debate dentro del Gobierno sobre el decreto que él menciona ya fue superado y aparentemente ya hay una decisión tomada, y no es favorable a los empresarios. La prueba más grande es que el sábado de la semana pasada, miembros del Gobierno tranquilizaron a las Farc en La Habana explicándoles que el proyecto de ley y lo acordado sobre el campo en la mesa de negociación irán en la misma vía.

    Las Farc hace dos semanas habían advertido que la “supuesta solución salomónica” de la que había hablado la revista Semana tiene como fin “que los forajidos enmascarados (…) no vayan a perder su inversión”.

    Como contó La Silla, hace una semana se reunieron funcionarios del Ministerio de Agricultura y la Secretaría Jurídica de Presidencia para discutir el tema. Al final de esa reunión llegaron a la conclusión de que no existe una fórmula viable que pueda solucionarle el problema a las empresas como Cargill, Riopaila Castilla, Mónica Semillas y Poligrow, que compraron tierras en el Vichada y en el Meta en los últimos años acumulando antiguos baldíos y saltándose los topes que fija la ley 160 de 1994.

    La conclusión fue que, más bien, el Gobierno debería aprovechar el proyecto para sacar adelante las condiciones para desarrollar las 4 millones de hectáreas de la Altillanura sin poner en riesgo el discurso que ha vendido -tanto en La Habana como al resto de colombianos- de que Santos está comprometido con una reforma agraria que beneficie a los campesinos. Pero que, para hacerlo, no podrían salvar a los 'cacaos' que compraron las tierras cuestionadas.

    Es decir, Santos sigue teniendo un dilema entre los ‘cacaos’ y el discurso agrario, pero, a juzgar por el mensaje de tranquilidad del Gobierno a las Farc, todo parece indicar que ya tiene claro cuál es la prioridad.

    No hay cuentas claras en las elecciones en Caldas

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    A menos de dos semanas de las elecciones atípicas para la Gobernación de Caldas, dos de los tres candidatos no han reportado sus ingresos en las campañas. Y el tercero que sí lo ha hecho, solo ha informado del ingreso de 12 millones de pesos.

    Según la información del portal Cuentas Claras, que es el espacio oficial del CNE y Transparencia por Colombia para conocer esa información, el único que ha reportado es Augusto León Restrepo, el candidato de la coalición yepobarquista. Restrepo informó de $12.333.000 de recursos propios que ya inyectó a su campaña. De acuerdo con su reporte, ya se los gastó todos: ocho millones y medio en publicidad, uno y medio en gastos de administración y el resto en actos públicos.

    En cambio Julián Gutiérrez Botero, (avalado por La U pero también apoyado por el senador conservador Luis Emilio Sierra y por Cambio Radical, entre otros grupos); y Eugenio Marulanda Gómez (avalado por la ASI) no han reportado nada.

    Los reportes se deberían hacer todas las semanas, lo que facilitaría hacer un seguimiento al desarrollo de la financiación y de los gastos de las campañas. Pero con los formularios hasta hoy en blanco, esa posibilidad es muy remota.

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